Blakely Morales
Recientemente el Poder Legislativo del estado, dio a conocer veinticuatro declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de esa cantidad de representantes populares, en formatos simples y de fácil acceso.
Se trata de las versiones públicas de documentos en los que podemos conocer la situación de cada diputado y diputada, en cuanto a los bienes y propiedades que ostentan, así como sus vínculos con empresas, al momento de asumir la curul.
Provenientes de diversas extracciones, orígenes y hasta con diferencias generacionales, eso no ha impedido que incluso los diputados más jóvenes como los morenistas Lidya Nayelli Vargas y el ahora diputado con licencia Cuauhtli Badillo Moreno, hayan facturado salarios anuales por encima del millón de pesos, igual que otros con mayor experiencia y con negocios fuera de la política como el priista Alejandro Leal Tovías,
El diputado Leal Tovías, quien proviene de la administración anterior del Gobierno del estado, está reportando como el total de ingresos netos percibidos como servidor público durante 2021, la cantidad de 1 millón 600 mil pesos.
El salario anual promedio de la clase trabajadora de México, ronda entre los 200 y los 400 mil pesos anuales.
Durante su anterior encargo, a la mitad de la administración de Juan Manuel Carreras, en noviembre del 2018, el ex secretario general de Gobierno, pagó de contado un departamento con un valor de 3 millones 650 mil pesos.
Además, de acuerdo a la versión pública de su situación patrimonial, Leal Tovías ha colocado parte de sus ingresos en fondos de inversión en Estados Unidos a través de la banca estadounidense Wells Fargo.
Otros diputados menos acaudalados aún así han tenido oportunidad de erogar fuertes cantidades de dinero de contado; por ejemplo, la priista Bernarda Reyes, siglada por el PAN, reportó ingresos por 314 mil pesos anuales, durante su último año como agente fiscal litigador en la delegación Tancanhuitz de la Fiscalía General del Estado; no obstante, esto no le fue impedimento para adquirir de contado un terreno con 250 metros cuadrados de superficie, con valor de un millón de pesos.
Otro que también ha disfrutado de la bonanza de los cargos públicos, es el ex presidente municipal de Rioverde, José Ramón Torres García, quien reportó ingresos anuales del orden de 924 mil pesos, quien además compró varias propiedades, al menos tres más, durante el tiempo que duró en el cargo en aquel municipio de la Zona Media.
A quien también las bondades de la función pública han ayudado a cruzar la línea del millón de pesos es al petista René Oyarvide, quien antes de ser diputado, hasta marzo del 2021, fungió como secretario general en el Ayuntamiento de Ciudad Valles, donde recibió una remuneración neta de 405 mil pesos, que sumados a sus honorarios por servicios profesionales como Licenciado en Ciencias Jurídicas, le dieron ingresos por 1 millón 18 mil pesos.
Llama la atención que en esta ocasión las y los diputados, están incluyendo los bienes muebles (consolas, equipos electrónicos, computadoras, que también son activos en sus cuentas), por ejemplo, el mismo René Oyarvide reporta poseer 200 mil pesos en televisores, computadoras, refrigerador y microondas.
Esto es parte del historial también de nuestros diputados que al sumergirse en la esfera de lo público, también están obligados a rendir cuentas.
Otras curiosidades que pudimos encontrar en estas declaraciones patrimoniales son por ejemplo, algunos antecedentes poco conocidos, como los de la diputada Nadia Esmeralda Ochoa Limón, hija del ex diputado Cándido Ochoa Rojas, quien saltó a esta diputación plurinominal tras haber sido community manager y ayudante general en la Secretaría de Cultura.
Solo hicieron falta conocer las declaraciones actualizadas de los diputados reelectos: el panista Rubén Guajardo y el ahora emecista, Mauricio Ramírez Konishi, además de la del diputado del Verde Roberto Ulises Mendoza Padrón.
