El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, informó que han recibido denuncias en contra de diversos funcionarios federales que participaron en una ‘asamblea informativa’ para promover la participación ciudadana en la revocación de mandato durante un acto convocado por Morena.
Debido a que el artículo 134 constitucional obliga a los funcionarios públicos a mantener neutralidad durante un proceso electoral, esto les impide promover la consulta del próximo 10 de abril, lo que -de demostrarse que fueron responsables- podrían ser merecedores de una sanción de tipo administrativo.
Sin embargo, de comprobarse que servidores públicos, incluido el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el comandante de la Guardia Nacional (GN), el general Luis Rodríguez Bucio, en compañía del subsecretario de Seguridad con licencia, Ricardo Mejía Berdeja, utilizaron un avión de la GN para trasladarse al evento, esto podría considerarse un uso de recursos públicos con fines proselitistas, explicó el consejero electoral en entrevista para Aristegui en Vivo.
“De constatarse, implicaría violaciones a la Constitución y a la Ley (Electoral), pero más allá de delitos electorales, también posibles delitos porque sería utilización de recursos públicos con fines prohibidos”, sostuvo Córdova.
Luego de que también se presentaran denuncias ante el INE por esta presunta ilegalidad, se han abierto investigaciones para deslindar responsabilidades.
Como parte del proceso, los funcionarios del Instituto podrán solicitar las bitácoras de vuelo del avión, para determinar quiénes fueron los pasajeros que viajaron y quién autorizó los vuelos. Los mismos funcionarios podrían ser llamados a comparecer ante la autoridad electoral.
Se existe la presunción de que se cometieron delitos, se dará vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) “para que decida si hay o no estás conductas, y si se llevan o no ante jueces penales que podrían imponer penas, no solo pecuniarias, sino eventualmente de cárcel”.
Córdova recordó que la actual legislatura llevó a la Constitución que todos los delitos electorales sean considerados como graves, y por consecuencia conllevan una prisión preventiva. “Ojalá no estemos ante ese escenario porque sería muy delicado”, sostuvo el consejero.
Más allá de posibles conductas ilegales de servidores públicos, para Córdova es motivo de preocupación lo que considera un “desacato sistemático, intencional y reiterado a las reglas del juego por parte de quienes las pusieron”, en el sentido de que legisladores militantes de Morena, así como gobernadores del mismo partido e, incluso, el presidente de la República, han continuado violando la veda electoral de manera “sistemática y descarada”.
“Es verdaderamente preocupante por lo que estamos viendo en la Comisión de Quejas y Denuncias, que desde el 4 de febrero pasado ha emitido más de 20 medidas cautelares”, explicó el funcionario electoral.
Con información de Aristegui Noticias
