En tan sólo dos años de existencia, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado por decreto presidencial en enero de 2019, acumuló extravíos de dinero público por más de 9 mil millones de pesos, de acuerdo con las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Derivado de dos auditorías practicadas por la ASF, de los años 2019 y 2020, Segalmex tiene cuentas pendientes por 9 mil 36 millones de pesos, entre solicitudes de aclaración y señalamientos por presuntos desfalcos al erario.
Durante esos dos años, dicho organismo sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que conjuntó a Diconsa y Liconsa, estuvo encabezado por Ignacio Ovalle Fernández, un viejo político priista que en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari se desempeñó como titular de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, mejor conocida como Conasupo.
Los 9 mil millones de pesos que a la fecha están extraviados y de los que la ASF no tiene rastro equivalen el presupuesto federal que Segalmex ejerció en 2019, su primer año de existencia, cuando gastó 9 mil 463 millones de pesos que le fueron asignados extemporáneamente, pues no se le consideró durante la elaboración del presupuesto 2019.
Su creación, ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo como objetivo favorecer la productividad agroalimentaria y su distribución en beneficio de la población más rezagada del país.
Segalmex opera el programa “Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos”, cuyo objeto es incrementar el ingreso de los pequeños productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche para contribuir a mejorar su nivel de vida.
Pero más allá de lograr su objetivo, Segalmex se ha dado a conocer por las irregularidades que le han señalado diferentes autoridades. En su breve existencia, el organismo ya enfrenta al menos una denuncia penal por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que la acusó en enero de 2022, por “posibles irregularidades cometidas por servidores públicos” en el uso de recursos para los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, lo que derivó en la destitución de tres funcionarios.
En julio del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzó una investigación al interior del organismo por compras simuladas, desvío de subsidios, asignaciones directas a empresas fantasmas y faltantes en inventarios que ascienden a millones de pesos. En marzo de este año, la auditora Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Claudia María Bazúa Witte, adelantó que presentaría denuncias en su contra.
