El juicio de un niño invisible, contra un potosino “fuera de serie”

Blakely Morales Cruz

El caso de Alejandro N. ha conseguido polemizar a un sector de la sociedad potosina; el juicio seguido en su contra por violación sexual agravada, pinta para sentar un precedente y convertirse en referente en las cátedras de Derecho. Pero el silencio en torno a la acusación contra quien fue titular de la PDPAM (Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social) del DIF Estatal, resulta macabro.

Las cifras de la violencia sexual contra menores en nuestro país, evidencian la crisis que afecta a niñas, niños y adolescentes: De los 34 países que integran la OCDE, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil.

Se estima que cada año 5,4 millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas de violación en nuestro país. De acuerdo con la organización para la infancia Aldeas Infantiles, seis de cada 10 violaciones contra menores se producen en casa y en el 60% de los casos el agresor es un familiar o pertenece al círculo cercano.

Es decir, los violadores de niños, niñas y adolescentes, son principalmente sus tíos, primos, amigos, padres, hermanos, vecinos, personas que se supone, deberían estar cuidando y protegiéndoles. 

La cifra negra es aún más espeluznante, pues se calcula que de cada 1.000 casos de abuso sexual cometidos, solo 100 se denuncian y de esos, únicamente el 10 por ciento llega ante un juez, y solo el 1 por ciento recibe una sentencia condenatoria.

Esta historia es sobre uno de esos niños víctimas de violencia sexual en nuestro país, que se atrevió a denunciar. Esta historia es sobre Brayan, un niño que podría ser como cualquier otro, pero con la diferencia de que a sus nueve años, él había vivido y sobrevivido lo indecible.

El pecado de un hijo pródigo

Según datos expuesto en el proceso oral en su contra, fue a partir de 2015 cuando Alejandro Fernández Montiel, Alejandro N., se convirtió en el cuidador primario del menor que lo acusa y de sus hermanos, integrantes de una familia disfuncional, desamparados desde el 2009, cuando sus padres fueron encarcelados por el homicidio imprudencial de la hermana más pequeña.

Durante las audiencias del juicio oral contra Alejandro N., la historia personal de B., ha sido gravemente atacada por la defensa jurídica del ex funcionario. Para los abogados del acusado, el contexto vulnerable y violento en el que nació y se desarrolló, lo convierten de facto en culpable de su propio devenir. 

Una tía, el único familiar directo del adolescente que se ha presentado en el juicio, narró que de niño, a B. y a sus hermanos, sus papás les hacían inhalar solventes, pues preferían mantenerlos inconscientes, antes que darles de comer; además de que en reiteradas ocasiones, señalaron por abuso sexual a su propio padre, pero ninguna autoridad los tomó en cuenta. Al parecer, B. y sus hermanos, eran invisibles.

Los abogados utilizaron el trauma que provocó al menor, el haber presenciado la muerte de su hermana menor, aunado a las drogas y la violencia sexual al interior de su familia, para minimizar su denuncia contra Alejandro N. 

Pero la pregunta que hoy los integrantes del tribunal colegiado, los medios y la ciudadanía potosina debemos hacernos es: ¿ha sido todo esto culpa de B.? 

Con ese ataque, más una serie de señuelos colocados estratégicamente, los abogados de Alejandro N., pretenden implantar en los jueces Francisco Pablo Alvarado Silva, Carlos Alberto Ávalos Hernández, y Javier Pérez Contreras, la idea de que el adolescente entonces de 15 años, consintió durante el 2019, una supuesta relación sexual con Alejandro, hoy de 42, para entonces buscar reclasificar el delito del que se le acusa, de violación sexual agravada, a estupro.

De acuerdo al artículo 179 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, comete el delito de estupro “quien tiene cópula con persona mayor de catorce y menor de dieciocho años, obteniendo su consentimiento por medio de la seducción o del engaño”.

Este delito se castiga con una pena de uno a cinco años de prisión. Mientras que por la acusación de violación sexual agravada, la Fiscalía General del Estado, está solicitando una pena de 25 años de prisión más la reparación del daño, contra Alejandro N.

Pero la defensa del ex funcionario, pretende utilizar la confianza y cercanía que B. encontró en él desde que era un niño, para entonces afirmar que había entre ellos una relación, más allá del respeto y la estima que el mismo adolescente expresaba. Estima que por lo demás, era esperable y predecible, puesto que B. no tenía a nadie.

Aún protegido por un sector de la aristocracia potosina, Alejandro N., ha colocado a ese mismo estrato social, en un dilema, pues un hecho irrefutable es que usó su poder para sostener relaciones sexuales con un infante, en su propia oficina.

Un trabajador del DIF estatal a quien llamaremos Manuel, convocado por la Fiscalía General del Estado, reveló ante el tribunal que sigue el juicio, que el lunes 21 de octubre del 2019, dos días antes de su aprehensión, muy temprano, antes de las ocho de la mañana, recibió una llamada de quien entonces era su jefe directo, Alejandro N. 

Manuel era uno de sus colaboradores de mayor confianza pues fungía como su chofer. En esa calidad, Alejandro le ordenó recoger de un clóset en el pasillo del baño de su oficina, una caja de cartón que contenía PET, material recolectado para una campaña de reciclaje, y que la llevara a un repositorio en las oficinas centrales del DIF estatal, ubicadas sobre la misma calle donde entonces se encontraba la dirección de la PDPAM, en Nicolás Fernando Torres.

Entre el plástico iba una colchoneta blanca, que B. describió en su testimonio, como el objeto utilizado por el ex funcionario, para abusar de él en el piso de su oficina, todos los lunes entre julio y octubre del 2019.

Por la tarde de ese 21 de octubre, acompañados del entonces titular de la Procuraduría de Protección a Niños Niñas y Adolescentes, Miguel Cardosa Mora, y de un permiso para ingresar y recabar evidencia sobre los hechos con apariencia de delito sexuales, llegaron los elementos de la Policía de Investigación a las oficinas de la PDPAM. Al tratar de dar con la caja que contenía la colchoneta, dieron con que Manuel, el chofer de Alejandro, la había movido de su lugar original. 

Presumiblemente, la colchoneta blanca contenía información genética perteneciente a Alejandro N.

Sin embargo, en los casi tres años que lleva en prisión preventiva, el exfuncionario ha negado su consentimiento para ser objeto de pruebas de laboratorio que lo descarten o así lo corroboren, se ha resistido a la entrega de muestras para análisis y ningún juez ha sido capaz de obligarlo.

Aunque los elementos de la Fiscalía obtuvieron la colchoneta blanca la misma tarde del 21 de octubre, cualquier información contenida en ella tornó irrelevante, luego de que un juzgado de distrito la descartó como prueba. 

A través de dos amparos, la defensa de Alejandro N., atacó los métodos de la Fiscalía General del Estado para la recolección de evidencias; consiguió que el juez segundo de distrito Jaime Linares Ramírez, considerara ilegal la obtención de la colchoneta, justamente por no haber sido sustraída del lugar identificado por el adolescente como la escena del crimen.

Un potosino “fuera de serie”

Pero las familias y los apellidos que integran la élite potosina y han defendido a Alejandro N., no han sido capaces siquiera de preguntarse ¿Cómo pudieron permitir que algo así pasara? Que uno de sus hijos, no cualquiera, sino el más prodigioso, bondadoso y altruista, aprovechara su posición para saciar sus más oscuros e ilegales deseos.

En un video publicado en noviembre del 2012, el entonces diputado local, Alejandro Lozano González, mejor identificado por su sobrenombre “Boris”, describió a Alejandro N. como “Un potosino fuera de serie”. 

Boris Lozano habló en ese video, en el contexto de la entrega de la Presea al Mérito Plan de San Luis, que ese año se otorgó a Alejandro N., a quien haber llevado regalos a los asilos desde los siete años, o hacer servicio social con los bomberos desde los 13, le valió recibir el máximo reconocimiento que otorga el Poder Legislativo de SLP, colocándolo a la altura de personajes como los exgobernadores Antonio Rocha Cordero, Carlos Jonguitud Barrios, o el ex rector de la UASLP, Alfonso Lastras Ramírez. 

La aristocracia potosina, espera que Alejandro N. sea absuelto para que después, el resto de la sociedad olvidemos el tema; y nos olvidemos también de que se ha tejido una red para tratar de protegerlo a toda costa; y que existe un bufete de abogados, sin el más mínimo sentido de la empatía, tratando de desvirtuar a toda costa, la historia de un niño que no tenía a nadie, un niño invisible.

Esperan que Alejandro salga absuelto del proceso, abandone la cárcel, y llegue el final de este trago amargo de su vida, provocado por un adolescente que en lugar de agradecer la caridad que le brindó la alta sociedad, decidió denunciarla; un niño cuyo único pecado ha sido ser  invisible, cuya única culpa ha sido existir y necesitar la ayuda al Estado.