Un hombre público, dos verdades irrefutables y el sistema de justicia, manco
Blakely Morales Cruz
En esta liga puedes consultar un repositorio documental de la presea al mérito Plan de San Luis desde 1983. Al comparar las semblanzas de los personajes que la han recibido, podemos notar que además de ser el más joven, existe grandes diferencias entre Alejandro N. y por ejemplo, el intelectual Jesús Silva Herzog, el comandante Adolfo Benavente Duque, o el poeta Félix Dauajare: los méritos del hoy imputado por posible violación sexual, son RISIBLES.
Los diputados de la sexagésima legislatura que decidieron otorgar a Alejandro N. la presea fueron, entre otros, Ruth Nohemí Tiscareño (PRI, hoy dirigente estatal del tricolor en Guanajuato), Rubén Guajardo Barrera (PAN, aún legislador); Alejandro Lozano (PAN), Miguel Maza (PAN) y Crisógono Sánchez Lara (Nueva Alianza, actual titular del SEER).
¿Cómo estos diputados probaron los méritos de Alejandro N. para recibir el reconocimiento?
No lo hicieron. Únicamente realizaron una visita al IPACIDEVI, el instituto para ciegos fundado por él en 1997, “constataron” las “excelentes condiciones”, y se creyeron el cuento ese de que “desde los siete años, él y su hermana acudían a los asilos de ancianos a llevar regalos de Navidad; y a los 13, se unió como voluntario al H. cuerpo de Bomberos”.
En el 2012 con motivo del reconocimiento, el entonces diputado panista Alejandro “Boris” Lozano lo describió como un potosino “fuera de serie”; Boris apareció en un video, en el que enumeró las supuestas cualidades del ex funcionario, realizado por el medio digital Plano Informativo.
Sin duda, la labor de Alejandro N. en pro de la comunidad con ceguera fue notable durante sus años como altruista, pero ¿A costa de qué?
Sobre toda categoría social está el interés superior del adolescente víctima de Alejandro N. de iniciales BAGL, por lo que no podemos soslayar dos hechos irrefutables, uno general, el otro particular.
El primero es que México ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE, en cantidad de casos de violación sexual infantil. Se estima que cada año 5,4 millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas de violación, pero solo 100 de cada 1 mil casos son denunciados; de esos, únicamente el 10 por ciento llega ante un juez, y solo uno recibe sentencia condenatoria.
El adolescente BAGL está bajo la tutela del Gobierno de San Luis Potosí desde los 5 años (2009); ante la incapacidad del personal de los albergues estatales para atender sus necesidades, el único que pudo solverntarlas fue Alejandro N. por lo que el niño comenzó a percibirlo como su principal figura de cuidado.
Estudios revelan que en el 60 por ciento de los abusos, el agresor es un familiar o pertenece al círculo cercano, por lo que los violadores de las infancias son principalmente tíos, primos, amigos, padres, hermanos, vecinos, personas que se supone, deberían estar cuidando y protegiendo de su integridad.
En realidad todos y todas deberíamos estar preocupados por la integridad de niños, niñas y adolescentes.
El segundo hecho irrefutable tiene que ver con que Alejandro N. era cercano al círculo político y social del ex gobernador Juan Manuel Carreras López; fue funcionario del DIF estatal desde el inicio de esa administración en el 2015.
En ese contexto, su defensa social se ha encargado de divulgar “teorías” para influir y disminuir el escándalo mediático que supone su posible culpabilidad en el delito de violación sexual con agravantes.
Pero aunque el chisme se vista de teoría, chisme se queda; esas hipótesis divulgadas, entre otras personas, por el subdirector de Pulso Diario de San Luis, Luis Fernando Fernández Montiel, hermano del acusado; poco o nada tienen que ver con los hechos denunciados, y más parecen historias de melodrama para justificar una atrocidad.
- Una de las “teorías” afirma que dardos cargados contra Alejandro N. intentan perjudicarlo pues supuestamente, sostenía una relación extramarital con la esposa del ex gobernador Juan Manuel Carreras.
- La otra, afirma que el adolescente BAGL consensuó una relación con el ex funcionario, pues guardaba hacia él, sentimientos romántico-amorosos, lo cual parece lógico pues el niño estaba en el desamparo, pero no deshace que en todo caso, esa relación estuvo determinada por una asimetría de poder.
Ninguna de esas “teorías” deshace la implicación de Alejandro N. en hechos que rayan la ilegalidad: sustraer a un menor de albergues estatales y conseguir permisos para sacarlo de San Luis Potosí con la complicidad de altos funcionarios; y siendo servidor público, haber sostenido con el niño una relación de índole sexual en una oficina gubernamental.
Esto último parece irrefutable por la existencia de una colchoneta blanca que contenía material genético que podría haber terminado de demostrar su culpabilidad.
Sin embargo la justicia potosina no tiene brazos, está manca; a casi tres años de estar en prisión preventiva, ningún juez ha sido capaz de obligar a Alejandro N. a ser sometido a tomas de muestras para la realización de análisis de ADN que corroboren o descarten que los filamentos y fluidos hallados en esa colchoneta, le pertenecían o no.
Alejandro N. se ha negado en todo momento a brindar su consentimiento para ese tipo de procedimientos, y a la aplicación de exámenes psicológicos que den cuenta de su personalidad, sin la intermediación de sus abogados.
Pero además de estar manca, la justicia potosina padece ineptitud. Pues la colchoneta fue declarada ilegal por el juez Jaime Linares Ramírez, quien decidió resolver en favor de la defensa, a través de un amparo, que la obtención de ese objeto estuvo viciada de origen.
En un acto vil, el propio Alejandro N., al ser prevenido de que su oficina sería visitada por agentes de la PDI para el levantamiento de pruebas dos días antes de su detención, el lunes 21 de octubre del 2019, muy temprano ordenó a quien entonces era su chofer personal, que recogiera la caja de cartón donde almacenaba la colchoneta y la trasladara de su lugar en un clóset de su oficina personal en la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores (PDPAM), al DIF estatal.
Al no haber sido recolectada en las instalaciones de la PDPAM (Nicolás Fernando Torres 800), sino en el edificio del DIF Estatal (Nicolás Fernando Torres 500), el juez segundo de distrito determinó calificar su obtención como ilegal, por lo que toda información ahí contenida quedó contaminada siguiendo la doctrina de “los frutos del árbol envenenado”.
Los abogados defensores, Marco Polo Mendez Alonso y Rafael Aguilar Hernández, que conocen perfectamente las deficiencias de la Fiscalía General del Estado, usaron ese detalle para atacar y desestimar el objeto como un elemento probatorio. Y lo consiguieron.
Alejandro N. ha tenido desde el minuto uno de su detención, a todo un aparato operando a su favor. Más irregularidades han surgido en las recientes jornadas, mientras en esta hora, al tiempo que ustedes leen estas líneas, se siguen moviendo los hilos en las altas esferas mediáticas, jurídicas y gubernamentales para dejarlo en libertad.
No lo permitamos.
Este martes 23 estaba programada la doceava audiencia del juico oral contra Alejandro N., pero un muy oportuno caso positivo a Codiv-19 en uno de los jueces que integran el tribunal colegiado, ha provocado que la jornada sea diferida y programada para el próximo jueves 1 de septiembre.
Toda información que comparto en este y otros textos, la he conocido de primera mano en las once audiencias que han transcurrido entre los meses de julio y agosto; la he contrastado además, con fuentes cercanas al caso.
Todo este contenido, lo he comentado además en MG Noticias con Jesús Aguilar en el 96.1 fm y en Arriba San Luis en el 99.3. Lo seguiré haciendo pues estoy convencido de que el juicio sentará un precedente, ya no son los tiempos de Bocard, ni del Cayeyo.
