Animal Político.- Desde hace 20 años, Álvaro Octavio García trabaja en el Museo Baluarte de Santiago, en Veracruz. Es asistente de asesor educativo histórico-cultural y cuenta que en los últimos años, resultado de la política de austeridad del gobierno federal y los recortes a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), su trabajo se ha precarizado a tal grado que él y algunos compañeros tienen que pagar con sus recursos arreglos y materiales indispensables, como productos de limpieza, gasolina para las podadoras y hasta focos para mantener iluminada la entrada del recinto.
Durante la pandemia y al no presentar problemas de salud, Álvaro fue uno de los trabajadores que permanecieron en el museo y que tuvieron que asumir labores para custodiar el patrimonio, específicamente, la colección de piezas de oro conocidas como “Las joyas del pescador”. En 2017, el museo fue sometido a mantenimiento mayor y la empresa que custodiaba las piezas fue despedida. Aunque los trabajos concluyeron a finales de 2018, nunca se contrató a personal de seguridad.
En entrevista, explica que durante 2020 y buena parte de 2021 no recibieron apoyo del INAH, por lo que ellos tuvieron que asumir los gastos para mantener en las mejores condiciones al museo. A pesar de que cerró sus puertas, no faltaron personas que querían entrar.
“Llegaban las personas preguntando, investigando y, como veían abandonado, pues hacían actos inmorales como sus necesidades fisiológicas en la entrada, en la rampa principal y, entonces, decíamos ‘Bueno, de qué nos sirve que estemos vigilando, si al otro día tenemos que llegar a limpiar todo’; empezamos a montar guardias para proteger… montamos más iluminación, focos, arreglamos todo, pero en ese tiempo el centro INAH no nos disponía absolutamente de nada”, reprocha.
La salinidad de la zona es muy peculiar y la cercanía del museo con el mar hace que los materiales de metal o madera sufran un deterioro de forma permanente, así que, por ejemplo, la adquisición de candados y los duplicados de llaves han corrido a cargo de los trabajadores, lo mismo que la compra de gasolina para las podadoras para retirar la maleza de los jardines.
La situación de Álvaro no es única, pues en los últimos tres años el trabajo cotidiano, la atención y el mantenimiento al patrimonio del país se han visto afectados en todos los niveles: desde que no haya copias o scanner para enviar oportunamente fichas de asistencia al trabajo y que las computadoras estén obsoletas hasta falta de gasolina y vehículos para que los 192 arquitectos del INAH se puedan desplazar a las zonas arqueológicas y patrimoniales.
“Pasemos del discurso a los hechos. Es muy bonito presentarse y hablar de la importancia del patrimonio de México, pero desafortunadamente ese discurso muchas veces no se ve reflejado en acciones concretas y en un diseño específico hacia un recurso que pueda llegar a donde estamos aquellos que hacemos las tareas sustantivas del instituto”, sostuvo Luis Ojeda, secretario general del Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura.
“Si nosotros no atendemos de manera correcta los monumentos históricos y las zonas de monumentos históricos que tiene México, estaríamos facilitando las herramientas y las acciones para desplazar la memoria histórica, el patrimonio cultural y los elementos de identidad”.
Menos proyectos de investigación, mantenimiento, becas…
Los recortes y la política de austeridad impulsada por el gobierno de López Obrador sofocan a la Secretaría de Cultura, creada apenas en 2015.
Animal Político analizó el presupuesto público que ha ejercido la dependencia entre 2017 y 2022 y detectó que, en términos reales y sin contar el dinero correspondiente al pago de la nómina (Capítulo 1000), en los últimos cinco años el monto ejercido por la dependencia ha disminuido en 50%.
Pero no solo eso, pues desde 2020 una parte significativa de los pocos recursos de la secretaría ha sido transferida a una sola intervención: el proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, en la CDMX.
Contar cada vez con menos recursos ha impactado a todas las áreas, pero el INAH ha sido de los espacios más afectados.
De acuerdo con el Informe de Austeridad Republicana 2019 —firmado por el director del instituto, Diego Prieto—, el INAH arrastra un déficit presupuestario de al menos 601 millones de pesos, lo que ha complicado su funcionamiento.
“El instituto ha sufrido limitaciones desde hace varios años, como que en los últimos 21 años el INAH no solamente no creció, sino que su estructura disminuyó en más de 950 plazas base, entre administrativos, técnicos, manuales e investigadores, y no ha existido una regularización de plazas, mientras que el trabajo creció, ejemplo de ello es el incremento en el número de zonas arqueológicas y museos abiertos al pueblo al pasar de 132 zonas arqueológicas abiertas a la visita pública a 194 zonas arqueológicas abiertas en 2021 y de 110 museos a 162 en 2021”, detalla el Informe de Austeridad Republicana 2021.
La falta de personal es un problema recurrente. Por ejemplo, actualmente solo hay 192 arquitectos responsables de procurar la conservación de 60 zonas de monumentos históricos y 106 mil monumentos históricos y sus colindancias en todo el país.
Para poder brindar una atención eficiente y hacer frente a la carga de trabajo, explicó Luis Ojeda, secretario general del Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, se necesitan al menos 100 arquitectos más. En semanas pasadas, recién se concluyó el proceso de contratación de 12 nuevos arquitectos, quienes ocuparán las plazas —vacantes desde 2019— de compañeros que murieron o se jubilaron.
En el Informe de Austeridad Republicana 2021, el INAH reconoce que, a pesar de la falta de personal, se cancelaron 58 plazas a fin de atender las disposiciones del gobierno federal.
A la falta de personal se suma la falta de insumos básicos. “Con los recortes se afectó un rubro fundamental: la gasolina y las unidades de transporte para acudir a las comunidades, lo que ha propiciado que en más de una ocasión seamos los arquitectos quienes tengamos que poner nuestros vehículos para ir a atender estos requerimientos”, dijo Ojeda.
Jose Enrique Vidal Dzul, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, contó que trabajadores le han informado que han llegado a invertir hasta el 30% de su salario en la compra de combustibles para atender las áreas verdes de las zonas arqueológicas donde laboran.
“Es comprar 10, 20 litros de combustible, que con los precios que tiene ahorita son 400 pesos… Imagínese, si su salario es de 5 mil pesos, pues es un monto considerable”, sostuvo. “En Filobobos, en Veracruz, tenemos un compañero, Cristóforo, que tiene problemas de salud y yo lo veo como un héroe anónimo porque la gente no sabe que tuvo que invertir de su salario para mantener, durante la pandemia, esta zona arqueológica de manera incólume en términos de mantenimiento con el césped”.
En la revisión de los Informes de Austeridad Republicana del INAH de 2019, 2020 y 2021, así como los de la Secretaría de Cultura de 2019 y 2020, se pudo conocer en qué servicios y materiales se ha reducido el presupuesto y cómo esto ha impactado a la preservación del patrimonio y a la atención de la ciudadanía.
Por ejemplo, en 2018, la secretaría contaba con 186 vehículos arrendados y, al cierre del ejercicio 2019, ya solo eran 122.
En 2019, las medidas de austeridad hicieron que el INAH tuviera que recortar recursos por 17 millones 314 mil pesos, siendo la compra de los combustibles una de las reducciones más importantes con 3 millones 586 mil pesos. En el caso de los viáticos nacionales para funcionarios, la reducción fue de 1 millón 742 mil pesos.
“Para garantizar el desempeño y resultados sustantivos que el INAH ha dado en sus casi 82 años de existencia (…) es indispensable contar con los recursos suficientes”, dice el Informe de Austeridad Republicana 2019.
Al analizar los resultados obtenidos en 2019 respecto de 2021, destaca que, aunque el país comenzaba a recuperarse tras la emergencia sanitaria por COVID-19, se dio menos mantenimiento a las zonas arqueológicas, se otorgaron menos becas para los estudiantes y se apoyó menos a la investigación.
En 2019, se autorizaron 864 proyectos de investigación mientras que en 2021 fueron 574. En el caso de la solicitud de asesorías, peritajes, denuncias, dictámenes y supervisiones técnicas para la conservación, protección, restauración y recuperación del patrimonio cultural, se pasó de atender 16 mil 809 en 2019 a 12 mil 528 en 2021.
En el área de educación, en 2019 la matrícula total en las tres escuelas del instituto fue de 2 mil 828 estudiantes, mientras que en 2021 se dio clases a 2 mil 596. Las becas también se han reducido, al pasar de mil 038 en 2019 a 639 en 2021.
Subsidios y reconstrucción: el destino de los ahorros
¿Qué ha pasado con los recursos obtenidos en la Secretaría de Cultura como resultado de la política de austeridad? Se han direccionado a distintas dependencias para pagar programas y servicios, así como a subsidios.
En 2019, los ahorros se destinaron principalmente a la Secretaría del Bienestar y a la Sedatu para apoyar al Programa Nacional de Reconstrucción, de acuerdo con el Informe de Austeridad Republicana 2019, así como información pública contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia.
En 2020, las economías se transfirieron tanto a la Sedatu como a la SEP para el Programa Nacional de Reconstrucción, así como a la Secretaría de la Función Pública para pagar servicios personales.
Proyecto Chapultepec consume recursos
Entre 2016 y 2022, el apoyo que la Secretaría de Cultura entregó a las 32 instituciones estatales de Cultura del país ha disminuido, en términos reales, en un 98%. Y aunque el recorte ha sido generalizado, solo en 2022 a la CDMX se le transfirieron 3 mil 217 millones de pesos, 39% de todos los recursos disponibles de la Secretaría de Cultura sin contar los servicios personales, para continuar con los trabajos del Proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura.
Animal Político solicitó vía transparencia conocer los apoyos que el gobierno federal ha entregado a los estados para actividades culturales. La Secretaría de Cultura respondió con los montos totales, por año y entidad, que ha entregado a través del programa Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC), que tiene como objetivo garantizar los derechos culturales de la población mediante mayor acceso y ampliación de la oferta cultural a través de proyectos coordinados por las instituciones estatales.
Mientras que en 2016 se dispuso de una bolsa de mil 093 millones de pesos —por lo que a cada estado le entregó 34 millones 179 mil pesos—, en 2022 el apoyo fue de 34 millones 456 mil pesos para todo el país, es decir, poco más de 1 millón a cada entidad.
Este recorte, sostuvo Carlos Reyes Sahagún, exdirector del Instituto de Cultura de Aguascalientes, mantiene en “un hilo” las actividades que se ofrecen a la población.
“Hemos dejado de hacer muchas cosas que se hacían en el pasado inmediato; por ejemplo, había un festival de teatro escolar y tenemos un festival de música de cámara que antes era federal y que ahora lo hacemos nosotros por nuestra cuenta, igual que la Feria del Libro, que también era una actividad que nos apoyaba la Federación que ahora no lo está haciendo”, informó en entrevista el 8 de septiembre pasado, tres semanas antes del cambio de la administración en Aguascalientes.
Aunque el instituto que estaba a su cargo no ha tenido que cerrar casas de cultura o prescindir de trabajadores, el mantenimiento de la infraestructura cultural del estado no se ha realizado por falta de recursos.
“El instituto cuenta, en términos patrimoniales, con la mayor cantidad de edificios históricos en manos del gobierno del estado y, ciertamente, hay una necesidad de mantenimiento importante; sin embargo, ha habido proyectos que no se han instrumentado porque no ha habido recurso”, confirmó el exfuncionario, quien detalló que el instituto cuenta con alrededor de 120 espacios, entre museos, escuelas, galerías y oficinas, con necesidades de mantenimiento específicas.
Entrevistada por separado, Lourdes Ariadna González, secretaria de Cultura de Jalisco, también se pronunció sobre el recorte presupuestal en los estados. Dijo que ha afectado principalmente a las actividades culturales que se desarrollaban con enfoque municipal.
Uno de estos proyectos era el denominado Ecos, que tiene por objeto llevar orquestas a los municipios y, aunque no desapareció, sí se quedó sin apoyo federal, por lo que la secretaría estatal tuvo que adecuar sus gastos para lograr financiarlo.
“No es que se haya afectado un programa en específico, sino que te afecta el ejercicio de la secretaría y para llenar un hueco destapas otros varios”, dijo la funcionaria.
Una prioridad, subrayó, es la descentralización y el apoyo a la cultura comunitaria, por lo que con los recursos que les envían no es posible atender las necesidades particulares de cada uno de los 125 municipios del estado.
“Hay un montón de proyectos que hacen los municipios en el respeto de sus tradiciones, preservación de la danza, fotografía, recetas y tradiciones orales, y ahí es donde lamentablemente se ha visto más afectado”, dijo.
Además, consideró importante conocer las variables consideradas por la administración federal para priorizar el proyecto de Chapultepec.
“Ojalá que hubiera (recursos) para Chapultepec y para los estados y que no se le quitara a unos para darle a otros, porque entonces estamos hablando de justicia o injusticia cultural”, dijo.
En los últimos tres años, la Secretaría de Cultura federal ha transferido un total de 5 mil 952 millones de pesos a las secretarías de Obras y de Medio Ambiente de la CDMX para que trabajen en el Proyecto Chapultepec que, de acuerdo con el presidente López Obrador, “va a ser el espacio artístico-cultural más grande y, desde luego, más importante del mundo”.
Las transferencias anuales para este proyecto han ido al alza y al menos durante 2022, cuando las autoridades capitalinas solicitaron 400 millones adicionales —apenas dos meses después de que firmaron el convenio de transferencia por 2 mil 817 millones—, se firmó un nuevo convenio para dar mayores recursos de los que se tenían contemplados.
Para el maestro en economía y analista del sector cultural Antonio Mier Hudges, los recortes presupuestales y la inyección masiva de recursos al proyecto Chapultepec son resultado del desinterés en la cultura, así como del afán de dejar como legado obras muy llamativas.
“Todo esto es reflejo de la falta de interés de todo el sector cultural, que se ha concentrado en una noción equivocada o muy particular que tiene el presidente respecto a la cultura, porque él señaló en tres ocasiones que nunca se había apoyado tanto a la cultura, pero pues se ha referido a la cultura de los pueblos originarios a través de sus programas sociales y algunas otras acciones, que no es lo mismo”, dijo el académico.
“Este proyecto está obligando a desatender al resto del país (…) Es parte ignorancia y parte necedad y afán de concentrar todas las actividades en un par de obras muy llamativas y mal planeadas”.
Para 2023, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados, se contempla transferir 3 mil 630 millones de la Secretaría de Cultura federal a la CDMX, para con ello continuar con las labores del proyecto Chapultepec. Esta intervención estaría sumando 9 mil 582 millones de pesos de presupuesto público.
