Proceso.- Después de tres años presa y ser condenada por un parto fortuito, el 20 de diciembre fue liberada la joven indígena guerrerense, Aurelia García Cruceño.
Ella es la primera mujer en obtener su libertad, gracias a la despenalización del aborto en el estado, aprobada en 2021.
En 2019, Aurelia sufrió una violación sexual, cometida por un hombre de 50 años, que era autoridad comunitaria de su natal Xochicalco, municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Quedó embarazada y meses después tuvo un aborto involuntario en el que perdió mucha sangre y casi pierde la vida.
Decidió huir de su pueblo después de la violación y se refugió en casa de su tía, en Iguala. No supo que estaba embarazada hasta que abortó, de manera involuntaria, sobre la cama donde dormía. Su tía vio el feto y la sangre y llamó a la ambulancia, donde la atendieron a punto de tener un “choque hipovolémico”.
Cuando se despertó, estaba esposada a la cama y acusada del delito de homicidio debido a parentesco. Desde ese momento, fue detenida, condenada, sentenciada y apresada en el centro penitenciario de Iguala. Tenía 19 años y no hablaba español.
Los abogados que debían defenderla, la engañaron diciéndole que aceptara pasar 13 años en la cárcel, porque si no le serían 50 años. Se lo dijeron en español, por lo que no entendió y no le proporcionaron a un traductor a su lengua materna, el náhuatl, por lo que nunca comprendió cabalmente lo que estaba admitiendo.
“Todavía ella no estaba recuperada, no se sabía de los hechos ni del producto y ella ya estaba siendo procesada, detenida, esposada en la cama del hospital. Ya estaba siendo oficialmente detenida por el delito de homicidio”, contó Garzón Bonetti, quien es integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Para definir este caso se realizaron cinco audiencias, en las que quedó absuelta del delito de homicidio debido a parentesco. La jueza Mariela Alfaro Zapata falló por su liberación. Salió acompañada de su madre Agustina y de su padre Alberto, así como de sus abogadas defensoras Verónica Garzón Bonetti y Ximena Ugarte Trangay.
“¡Hoy es libre! La sentencia fue absolutoria, sin embargo aún quedan muchos pendientes por resolver, para ella y para las mujeres que se encuentran recluidas por algún delito relacionado con el aborto”, señalaron la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, el Observatorio de Violencias contra las Mujeres, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, así como organizaciones y defensoras de Guerrero.
En un comunicado, rememoraron que Aurelia, con 19 años, fue obligada a aceptar una sentencia de 13 años por un delito que nunca cometió, pero ahora que es libre, le corresponde a las autoridades que la condenaron, reparar el daño causado a su vida, su salud mental, emocional y física.
Señalaron que, desde hace varios meses, han visibilizado la criminalización para las mujeres, en un estado alertado desde hace varios años por la violencia feminicida y con un contexto de violencia sexual grave.
“En Guerrero, se ha criminalizado a las mujeres con mayor vulnerabilidad, negándoles un aborto legal y seguro y, sobre todo, negando derecho a mujeres indígenas como Aurelia, quien el día de ayer obtuvo su libertad. Hoy, Aurelia puede ver y abrazar a su padre y a su madre, quienes tuvieron que viajar kilómetros para verla por cortos momentos, estando recluida en el penal de Iguala”, indicaron.
Recordaron que hace más de tres años, solicitaron una Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para Guerrero, la cual fue decretada en junio de 2020, por lo que están en revisión los casos como el de Aurelia, pero el Tribunal Superior de Justicia no ha revisado ninguno.
Reveló que dicho tribunal tuvo conocimiento de dos casos, el de Aurelia y el de Maira Onofre Gómez, recluida en el mismo penal con la misma acusación: “homicidio debido a parentesco”.
Destacaron que faltan 13 medidas por cumplir, relacionadas con la capacitación y profesionalización de los y las servidoras públicas en perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, para que den un trato digno a las víctimas y sus defensoras, algo que carecen y lo pudieron demostrar en la defensa de Aurelia.
“Es urgente que comiencen a juzgar desde estas perspectivas y abandonen comportamientos misóginos que criminalizan a las mujeres, es urgente que dejen de lado sus prejuicios personales y omitir comentarios dolosos que interfieren en la obtención de justicia para mujeres víctimas de graves violaciones a sus derechos”, añadieron.
Consideraron que debe quedar claro a estos funcionarios que la perspectiva de género y de derechos humanos no es un adorno ni un moño que lucir un día naranja, sino que es una obligación en su quehacer institucional, porque las violencias ejercidas contra las mujeres en Guerrero son graves y más cuando son acentuadas por el Estado.
“Recalcamos que la violencia contra las mujeres es un problema estructural, que nace de un pacto patriarcal institucional e ideas misóginas, por lo que se debe dejar de estigmatizar a los pueblos originarios, afroamericanos e indígenas por los usos y costumbres”.
Ahora que es libre, Aurelia, con 23 años, dijo que quiere ser maestra. “Voy a estudiar mucho y ojalá pueda lograr mi sueño de ser maestra”, comentó en español, idioma que aprendió a hablar en la cárcel, donde conoció a mujeres en su misma situación y a las que, aseguró, apoyará hasta que sean liberadas.
En entrevista televisiva, señaló que quiere ser maestra bilingüe, para dar clases a niños indígenas que hablen náhuatl.
