Una semana después, también les retiraron su nacionalidad a 94 disidentes que ya estaban en el exilio, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) advirtió que la legislación nicaragüense que permite privar de ciudadanía viola el derecho internacional.
El presidente Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados, enfrenta una ola de condenas de la comunidad internacional debido a su deriva autoritaria.
El reporte recalca que los abusos “no son un fenómeno aislado”, sino el fruto de un “desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático”.
Desde diciembre de 2018, al menos 3.144 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas y prácticamente todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior, detalla el comunicado.
El experto independiente acusó al gobierno nicaragüense de “instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para […] implementar un marco legal tendiente a reprimir” las libertades fundamentales y “eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”.
Según el grupo de expertos, Ortega junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, cometieron estos crímenes y continúan haciéndolo.
En su informe, el grupo insta a la comunidad internacional a emprender acciones legales contra los responsables de esas violaciones y a incrementar las sanciones.
Simon destacó que el Estado y los individuos responsables de las violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas, ya sea bajo el derecho internacional penal, la legislación nicaragüense o de terceros países.
El informe apunta que la policía nacional y grupos armados progubernamentales, de forma coordinada, incurrieron en un patrón de ejecuciones extrajudiciales durante las protestas de 2018, se prolongaron por casi cinco meses.
Unas muertes cuya investigación obstruyó el gobierno de Ortega, según los expertos.
Además, acusa a agentes de la policía, funcionarios penitenciarios y a miembros de grupos armados progobierno de cometer actos de tortura, incluida la violencia sexual, durante los interrogatorios y la detención de opositores.
“Las autoridades han buscado la persecución, criminalización y eliminación de cualquier voz opositora”, señaló la experta Ángela María Buitrago, citada en el comunicado.
“Miles de defensores de derechos humanos, trabajadores de ONG, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, religiosos y artistas” y líderes opositores “se vieron obligados a abandonar el país”, insistió.
En el documento, los expertos instan al gobierno a terminar con “las violaciones, abusos y delitos, en particular la persecución por motivos políticos” y a abrir investigaciones independientes de los abusos denunciados.
