La activista denunció que el funcionario habría actuado en favor de Juan Antonio Vera Carrizal al otorgarle la medida de prisión domiciliaria.
Infobae.- María Elena Ríos Ortiz, saxofonista que fue víctima de un intento de feminicidio en 2019, solicitó una audiencia para recusar al juez Teódulo Pacheco Pacheco y apartarlo del caso.
El argumento de la también activista para la solicitud fueron los beneficios que el juzgador le habría otorgado a Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido perpetrado contra María Elena.
Cabe recordar que en enero de 2023 Teódulo Pacheco fue quien dirigió la prolongada audiencia en la que se aceptó cambiar la medida cautelar de Vera Carrizal a prisión domiciliaria bajo el criterio de que, supuestamente, estaría enfermo. Es decir, el impartidor de justicia avaló que el presunto agresor siguiera su proceso en libertad.
Hoy en Audiencia Constitucional, exijo se evite que el Juez #TeoduloPacheco siga resolviendo parcialmente, violentando mis derechos y humillándome. No obstante, el impecable trabajo de mis abogadas, el @tsjoaxaca sigue manchando de corrupción y maldad por proteger a #VeraCarrizal pic.twitter.com/kfUENfab5t
— •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) February 28, 2023
La activista calificó dicho proceso como “una audiencia maquillada y un acuerdo pactado”. Las jornadas se extendieron por cinco días y, en ese período, Ríos Ortiz denunció que el juez Pacheco hizo reiteradas pausas para prolongar las comparecencias, además de haber aceptado “todos los medios de prueba falsificados y sin metodología” usados por la defensa del acusado para argumentar su supuesta enfermedad.
Entre las irregularidades anunciadas por María Elena durante las audiencias también se especificó que Pacheco habría reiterado que ni su defensa legal, Diana Cristal, ni la ministerio Público, Luz Gabriela Herrera, podían intervenir en su resolución. Además, utilizó palabras que ninguna de las tres había mencionado.
Por tal motivo, hizo la solicitud de que Teódulo Pacheco no tuviera más conocimiento de su caso, la cual fue aprobada por las autoridades judiciales de Oaxaca.
“Los magistrados que resolvieron la audiencia del día de hoy [9 de marzo de 2023] actuaron con legalidad, actuaron con perspectiva y conforme derecho que tengo como víctima y quiero comentarles y hacerles saber que Teódulo Pacheco ya no va a conocer de mi causa penal”, declaró Ríos en un video publicado en sus redes sociales.
Sumado a ello, la activista indicó que desde el momento que se le otorgó el arraigo domiciliario a Vera Carrizal, ella y su defensa impugnaron la determinación, pero hasta la fecha en que fue compartido el video, el Tribunal Superior de Justicia del estado no había emitido ninguna resolución al respecto.
Asimismo, calificó como “lamentable” que el equipo legal del presunto autor intelectual del intento de feminicidio tratara de censurarla, pues “sugirió que yo ya no diga nada en redes sociales”. Al respecto, defendió su derecho a la libre expresión, debido a que en las múltiples denuncias y pronunciamientos que ha hecho sobre su caso no ha revelado datos sensibles de la causa penal.
En la fecha en que se resolvió apartar al juez Pacheco de la causa penal se cumplieron tres años y seis meses del ataque con ácido que Malena, como la llama su familia, sufrió en su casa de Huajuapan de León, en Oaxaca.
Desde aquel 9 de septiembre de 2019 y hasta febrero de 2020 la joven estuvo hospitalizada y, durante ese tiempo, también resultó afectada por actos de negligencia médica y las poco favorables condiciones en las unidades sanitarias para tratar su caso.
Al final del video, Ríos Ortiz celebró la aprobación unánime en la Cámara de Diputados de un dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Víctimas.
Dichas modificaciones, nombradas en su conjunto como Ley Malena, definen la violencia ácida como los ataques con ácido o cualquier sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable. Además, dichos actos serán considerados ya no como lesiones, sino como tentativas de feminicidio, por lo que los agresores podrían enfrentar una pena de entre 26 y 40 años de prisión.
“Compañeras, esto significa que vale la pena luchar, vale la pena ser fuertes y vale la pena no desistir, por favor denuncien, por favor no me dejen sola, porque yo tampoco las voy a dejar”, aseguró la activista.
