El Consejo General resolvió terminar el juicio ante la poca cooperación por parte de la FGR.
Infobae.- El Consejo General de Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió cerrar el caso relativo al supuesto financiamiento ilegal proveniente de la empresa Odebrecht para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, entre 2011 y 2012, debido a la falta de pruebas proporcionadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
El pleno aprobó por unanimidad que, en virtud de la carencia de información para continuar con las indagaciones —la cual sólo puede ser proporcionada por la fiscalía federal— el caso quedaría cerrado.
Dicha investigación también apuntaba que la campaña de Alfredo del Mazo a la gubernatura del Estado de México en 2017 fue beneficiada por recursos de procedencia ilícita. Ese mismo año comenzaron las diligencias por parte de las autoridades electorales. No obstante, se acusó que la FGR no cooperó con la documentación solicitada, por lo que el juicio fue sobreseído.
La justificación fue que el tiempo de las investigaciones está por vencer, además de que le es imposible al instituto seguir las pesquisas sin la información a la que únicamente la FGR tiene acceso, pese que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha emitido diversas órdenes para que sea expuesta.
El aún consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova Vianello —quien dejará el cargo el próximo lunes— indicó que uno de los objetivos de la supresión del caso es que los partidos políticos procedan a impugnar para que, de nueva cuenta, comiencen las indagatorias; ahora con una orden definitiva para que los archivos de la FGR sean revelados.
“La invitación está hecha, señores representantes de los partidos políticos, ayuden a esta autoridad a fortalecer sus facultades de fiscalización. Hoy cerramos como en el pasado se hizo para que ustedes ayuden a restablecer el orden constitucional en el sentido en que ya se han pronunciado los tribunales”, expresó Córdova.
Asimismo, señaló que ahora se cierra el caso por falta de tiempo; no obstante, exhortó a los representantes partidarios a contribuir con las atribuciones del INE. “Nada más necesitan hacer algo —lo que suelo ocurrir cuando no están conformen con las decisiones del INE— impugnar para que el INE pueda contar con la información que hasta ahora se le ha negado”, señaló el académico, quien lleva al frente del Instituto Nacional Electoral nueve años.
En respuesta, el diputado Arturo Prida, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el INE, expuso que sí impugnarán, pues “el silencio” de la fiscalía es muestra del “pacto de impunidad” firmado entre la actual administración de Andrés Manuel López Obrador y el anterior presidente, Enrique Peña Nieto.
En tanto, Córdova Vianello aseveró que la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero es la única que puede acceder a los archivos del presunto caso de corrupción en el que participó el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, desde la campaña de Peña, así como durante su sexenio.
Además, agregó que la FGR es la única facultada —a través de sus convenios— para solicitar información a otras autoridades en el extranjero, tales como al gobierno de Brasil, el cual indagó el entramado de corrupción que abrazó a la empresa constructora, la cual se vio involucrada con más de una decena de países latinoamericanos.
“El problema es que esa Fiscalía no ha colaborado con el instituto y, no solo no ha colaborado, ha interpuesto recursos jurídicos ante la Suprema Corte para no entregar la información a esta institución”, acusó el consejero presidente.
“La orden de entregar la investigación fue negada, no sé si porque no se ha investigado nada y se quiso ocultar le nivel de diligencia en sus investigaciones; no quiero especular, pero el argumento fue simple y sencillamente el secreto ministerial”, apuntó.
