La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje determinó que no se podía hacer el remate por lotes de los bienes de la aerolínea, pese a que ya había un postor.
Expansión.- El sindicato de trabajadores de Interjet advirtió que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje decidió que no se puede realizar el remate de bienes de la aerolínea por lotes, sino por el total de los bienes, lo que “atenta directamente” contra el derecho de cobro de los trabajadores.
“Es altamente improbable que exista un solo postor que quiera todos los bienes de la empresa”, dijo Francisco Joaquín del Olmo, director de la Sección 15, en un comunicado interno al que Expansión tuvo acceso. “Lo correcto sería que el remate se hiciera por lotes o bienes, tal y como se rindió el avalúo por parte del perito nombrado por la Junta”.
El sindicato presentará un recurso de revisión contra actos de ejecución previo a la siguiente audiencia de remate de bienes, que será el próximo 31 de mayo.
La Sección 15 del CTM –que representaba a alrededor de 5,000 trabajadores de Interjet antes del cese de operaciones– informó del inicio del proceso de los bienes embargados a la aerolínea, que arrancó con una primera audiencia el pasado 13 de abril. A ella acudieron representantes de la aerolínea, el conciliador del concurso mercantil y algunos postores de los bienes, así como el propio sindicato.
La Sección 15 advierte que la empresa intentó suspender el remate bajo el argumento de que se encontraba pendiente de resolución una demanda de amparo que busca combatir el avalúo de bienes realizado por un perito designado por la Junta. La autoridad laboral determinó que era improcedente suspender el remate principalmente porque no había ninguna determinación judicial que suspendiera el procedimiento.
Respecto a la intención de directivos de Interjet de continuar con la supuesta reestructura de la empresa y pagar la totalidad del laudo que obtuvieron los trabajadores en meses pasados, el sindicato advirtió que la oferta es cambiar acciones de Interjet por el laudo, las cuales “no tienen valor alguno”.
“De tomar esta propuesta, los trabajadores no sólo perderían sus derechos de cobro, sino que se convertirían en deudores de otros acreedores, dando paso a que otras personas sí cobraran sus deudas, lo que no resulta conveniente para los intereses de los trabajadores”, concluye el documento.
