Al recibir placas gratuitas, las y los beneficiarios cubren el cambio de propietario, alta, canje anual y asistencia social, con lo que el vehículo quede a su nombre.
El programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera, impulsa la legalidad, propiedad y seguridad a favor de la ciudadanía, por lo que quienes hagan uso de este programa, adquieren los derechos y obligaciones fiscales en materia de control vehicular dio a conocer Salvador González Martínez titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
El titular de la dependencia precisó que el primer paso es obtener una cita en la página http://www.regularizaauto.sspc.gob.mx, para que se asigne la revisión del vehículo en el Repuve, a través de los módulos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y posteriormente, se acude a la Sefin para dar de alta el vehículo en el padrón estatal.
Dijo que la dependencia instaló dos módulos especiales en las instalaciones del parque Tangamanga II y en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, con el objetivo de facilitar el trámite a quienes acuden a los módulos del Repuve y precisó que el trámite ante la Sefin se puede realizar en todas las oficinas recaudadoras del Estado.
De acuerdo con el decreto para la regularización de vehículos extranjeros generado por el Gobierno Federal, la cuota que deberán pagar ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) es de dos mil 500 pesos.
Así mismo el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, indicó que, al dar de alta un vehículo en la entidad potosina, y al comprobarse la residencia en el Estado, los ciudadanos son beneficiarios del programa de placas gratuitas.
Al ser legalizado un vehículo, la o el dueño, deberá asumir los derechos y obligaciones fiscales por lo que al tiempo de recibir las placas gratis deberá cubrir el pago de cambio de propietario, alta, canje anual, asistencia social, para que el vehículo quede registrado debidamente a su nombre.
La Secretaría de Finanzas reiteró el llamado a la población, para que no se deje engañar por gestores ni por funcionarios que hagan mal uso de sus funciones, a quienes hay que denunciar para acabar con la corrupción.
