Debe investigarse a fondo, el presunto uso de la red WiFi de los camiones urbanos para responder una encuesta sobre las corcholatas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De comprobarse esta situación, representa un grave delito electoral.
En las últimas horas, han destacado que los usuarios de los camiones urbanos que circulan por San Luis, que quieren entrar a la red gratuita de internet, tienen que acceder a un cuestionario que denominan “Rumbo a la Grande 2024”, en donde mediante preguntas cuestionan, quién será el próximo candidato del Partido Movimiento de Regeneración Nacional a la presidencia, MORENA, así también demandan saber quién es el candidato favorito del presidente y finalmente a quién se considera la mejor opción para el 2024.
Lo anterior, es una franca y evidente violación electoral que debe ser investigada por las autoridades, solicitó el diputado local por el segundo distrito del Partido Acción Nacional, PAN, Rubén Guajardo Barrera.
“Todo esto, es constitutivo de una ilegalidad, se está utilizando al servicio de transporte público para una utilidad meramente política y electoral. Esto sin duda amerita una investigación a fondo y llegar hasta sus últimas consecuencias”.
El legislador del albiazul, añadió que el Estado potosino debe ordenar una averiguación a fondo, porque se están utilizando recursos públicos para patrocinar el servicio de internet que se les ofrece a los potosinos en las unidades que circulan en el Estado y por eso se debe insistir en hacer valer los principios de imparcialidad y neutralidad como parte del blindaje electoral al que todas las instituciones están sujetas.
“Es un delito electoral utilizar recursos públicos para fines políticos, Morena se está promocionando en los camiones urbanos, por eso deben iniciarse las indagatorias correspondientes, pido a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, -que actualmente está acéfala y en donde también solicito que se envíe una terna para que quede cubierto ese espacio-, que comience una averiguación completa y que sea iniciada una carpeta de investigación para dar con los responsables”.
El propio gobierno de la República Mexicana, es quien está lesionando y poniendo en peligro el adecuado funcionamiento electoral; se le debe recordar a las instituciones que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, FEPADE, dice en la Ley General en Materia de Delitos Electorales que usar recursos públicos con fines electorales, es un delito.
