La SHCP, los bancos, la SFP, el Conacyt y demás instituciones claves fueron trastocadas en las últimas 24 horas.
Infobae.- Después de una sesión ordinaria que duró más de 24 horas en la Cámara de Diputados, la mayoría de Morena se impuso ante la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), por lo que aprobaron múltiples iniciativas que estaban pendientes en el Congreso de la Unión. Al respecto, la oposición amagó con acudir ante la SCJN para “tirarlas”.
Durante una breve declaración a medios de comunicación realizada este miércoles 26 de abril, Santiago Creel adelantó que coincide con su líder partidario y el del sol azteca con que existe una gran probabilidad de que que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dé reversa a las iniciativas recientemente aprobadas.
De acuerdo con la narrativa del legislador, la urgencia con la que se aprobaron las diferentes iniciativas, que trastocaron a muchas dependencias federales e incluso los bancos, puede ser tirado por la Corte por el método de aprobación.
Y es que, de acuerdo con algunos criterios de la Corte, cuando en San Lázaro se aprueban iniciativas de manera desaseada, la metodología de aprobación puede ser un criterio para que se promueva una suspensión a las modificaciones legales. Para argumentar esto, destacó que la SCJN suspendió de manera definitiva la primera parte del Plan B.
“Si ustedes revisan esa suspensión, tiene que ver con el procedimiento parlamentario. No han entrado aún al fondo, es procedimiento parlamentario y no veo por qué no puedan aplicar los mismos criterios”
Por lo que el amago de Marko Corté, presidente del PAN, y Jesús Zambrano, presidente del PRD, por acudir a la SCJN para suspender las iniciativas recién aprobadas, podría ser una realidad en un futuro no muy lejano. Al respecto, cabe destacar que algunas de estas reformas deben de ser validadas en el Senado de la República. Además, la suspensión aplica hasta que se resuelva de fondo las iniciativas.
¿Qué reformas aprobaron?
Con 450 votos a favor y 22 abstenciones, las y los diputados federales aprobaron modificar los artículos 111 Bis y 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, esto para prohibir a las instituciones de crédito solicitar acceso a la información privada (como contactos, fotografías y videos contenidos en medios digitales) de sus clientes y usuarios.
La idea de esta iniciativa es que las y los usuarios tengan protegidos sus datos personales e íntimos para poder evitar ser víctimas de extorsión y robo por parte de alguna entidad financiera. Esta actividad cobró fama en México recientemente y se le conoció como los “montadeudas”, quienes operaban impunemente y chantajeaba a sus clientes para cobrarles intereses elevadísimos.
Con 256 votos en pro y 216 en contra, San Lázaro avaló modificar la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo (LGT). En la reforma se avaló que el 80% de la recaudación del derecho “Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas” se destinará para la planeación, estudios, proyectos e inversión en infraestructura a cargo de la entidad paraestatal de la Administración Pública Federal.
La finalidad de esta iniciativa es la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos, culturales, entre otros de diversa índole. Asimismo, aplica para los programas que permitan la ejecución, operación, administración, contratación de bienes y servicios, adquisición de bienes, construcción, mantenimiento, modernización y aprovechamiento de los proyectos, y de la infraestructura a cargo de dicha entidad.
Con 260 votos a favor, 215 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó transferir de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la política de contrataciones públicas. Esto tras modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).
Con esta modificación, la SFP concentrará la coordinación y conducción de las Unidades de Administración y Finanzas (UAF) y rediseñar el funcionamiento de los Órganos Internos de Control (OIC). Al respecto, se destacó que gracias a estas modificaciones, las dependencias y las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal contarán con una Unidad de Administración y Finanzas o su equivalente.
