¿Trump puede ser candidato a la presidencia si es condenado?
Las leyes estadounidenses y la Constitución brindan respuestas claras solo para algunas dudas que surgen. Otras podrían lanzar al país a territorio desconocido.
The New York Times.- Desde que Eugene Debs hizo campaña desde una celda de prisión hace más de un siglo, en Estados Unidos no se había visto lo que podría ocurrir ahora: un candidato importante condenado por un delito grave que contiende a la presidencia. Y nunca antes ese candidato había sido alguien con posibilidades reales de ganar.
El expresidente Donald Trump no enfrenta restricciones de campaña. Aunque ha sido acusado de decenas de delitos graves en tres casos, dos federales y uno en Nueva York, aún falta mucho para que haya veredictos. Y existen muchas incertidumbres, entre ellas si los procedimientos van a obstaculizar la campaña de Trump a nivel práctico o si comenzarán a perjudicarlo en las encuestas de una manera que no lo han hecho hasta ahora.
Pero si es condenado por alguno de los delitos graves, las cosas se complican y la Constitución y la legislación estadounidense solo tienen respuestas claras para algunas pocas de las cuestiones que surgirían.
Otras llevarían al país por un territorio totalmente desconocido y las decisiones más importantes quedarían en manos de jueces federales.
Esto es lo que sabemos y lo que no.
¿Trump puede contender a la presidencia si es condenado?
Esta es la pregunta más sencilla de todas. La respuesta es sí.
La Constitución establece muy pocos requisitos de elegibilidad para los presidentes. Deben tener al menos 35 años, ser ciudadanos naturales “de nacimiento” y haber vivido en Estados Unidos al menos 14 años.
No hay limitaciones basadas en la reputación o los antecedentes penales (aunque algunos estados prohíben a los delincuentes contender a cargos estatales y locales, estas leyes no se aplican a los cargos federales).
¿Su campaña se vería limitada?
Para decirlo de forma obvia, sería logísticamente difícil hacer campaña para la presidencia desde la cárcel. Ningún candidato de un partido mayoritario lo ha hecho nunca. Debs se presentó por el Partido Socialista en 1920 y recibió alrededor del 3 por ciento de los votos.
Pero el equipo de campaña de Trump podría encargarse de la recaudación de fondos y otras actividades de la campaña en su ausencia y es muy poco probable que Trump pudiera ser inhabilitado para aparecer en las boletas electorales.
El Partido Republicano y el Partido Demócrata tienen espacios garantizados en las boletas de las elecciones generales en todos los estados y los partidos indican a las autoridades electorales qué nombre poner en su lugar. Los estados podrían, en teoría, tratar de mantener a Trump fuera de las papeletas aprobando leyes que exijan no tener antecedentes penales, pero esto sería sobre un terreno jurídicamente inestable.
“Dejamos que los estados decidan la hora, el sitio y la forma” de las elecciones, dijo Jessica Levinson, profesora de la Escuela de Derecho Loyola especializada en derecho electoral, “pero creo que la mejor lectura de nuestra Constitución es que no se permite que el estado añada nuevos requisitos sustantivos”.
Si bien esa perspectiva no es universal entre los juristas, sí ganó en un tribunal en 2019, cuando California intentó exigir que los candidatos difundieran sus declaraciones de impuestos a fin de aparecer en las papeletas de las primeras. Un juez federal de distrito bloqueó el fallo, al indicar que lo más probable es que fuera inconstitucional. La Corte Suprema de California también la bloqueó de manera unánime como violación de la constitución estatal, y el caso nunca llegó a la Corte Suprema de EE. UU.
¿Podría votar?
Probablemente no.
Trump está empadronado para votar en Florida y, en caso de ser condenado por un delito grave, sería privado del derecho al voto allí.
La mayoría de los delincuentes en Florida recuperan su derecho a votar al terminar de cumplir su condena, incluida la libertad condicional, y el pago de todas las multas y cuotas. Pero es muy poco probable que Trump, en caso de ser condenado, tenga tiempo de cumplir su condena antes del día de las elecciones.
Como Trump también tiene residencia en Nueva York, podría cambiar su registro de votante a ese estado para aprovechar que es más permisivo: en Nueva York, los delincuentes pueden votar cuando se encuentran en libertad condicional. Pero, en Florida y en casi todos los demás estados, siguen privados del derecho de voto mientras están en prisión.
Así que si Trump fuera enviado a prisión, se encontrará en la extraordinaria situación de ser considerado apto para ser votado, pero no apto para votar.
¿Qué sucede si resulta electo desde prisión?
Nadie sabe.
“Estamos muy lejos de cualquier cosa que haya ocurrido”, dijo Erwin Chemerinsky, experto en derecho constitucional de la Universidad de California en Berkeley. “Son solo conjeturas”.
Desde el punto de vista jurídico, Trump seguiría siendo elegible para ser presidente incluso si fuera a prisión. La Constitución no dice nada en contra. “No creo que los constituyentes pensaran en ningún momento que íbamos a estar en esta situación”, dijo Levinson.
En la práctica, la elección de un presidente preso crearía una crisis jurídica que casi con toda seguridad tendrían que resolver los tribunales.
En teoría, Trump podría ser despojado de su autoridad en virtud de la Vigésima Quinta Enmienda, que establece un proceso para transferir la autoridad al vicepresidente si el presidente es “incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo”. Pero eso requeriría que el vicepresidente y una mayoría del Gabinete declararan a Trump incapaz de cumplir con sus obligaciones, una perspectiva remota dado que se trataría de leales designados por el propio Trump.
Lo más probable es que Trump pudiera presentar una demanda para ser liberado con el argumento de que su encarcelamiento le impide cumplir sus obligaciones constitucionales como presidente. Un caso así podría centrarse en la separación de poderes y los abogados de Trump argumentarían que mantener en prisión a un presidente debidamente elegido equivaldría a una infracción del poder judicial en perjuicio de las operaciones del poder ejecutivo.
También podría intentar indultarse a sí mismo, o conmutar su sentencia, dejando su condena en vigor pero poniendo fin a su encarcelamiento. Cualquiera de las dos acciones constituiría una afirmación extraordinaria del poder presidencial, y la Corte Suprema sería el árbitro final en cuanto a la constitucionalidad de un “autoperdón”.
O, antes de dejar el cargo, el presidente Joe Biden podría indultar a Trump con base en que “el pueblo se ha manifestado y necesito perdonarlo para que pueda gobernar”, dijo Chemerinsky.
¿Y qué pasa si resulta electo y una de las causas penales sigue en proceso?
De nuevo, nadie sabe. Pero un resultado probable sería que un fiscal general nombrado por Trump retirara los cargos y diera por terminado los casos federales.
El Departamento de Justicia no acusa a presidentes en funciones, conforme a una política esbozada en un memorando de 1973, durante la era de Richard Nixon. Nunca había sido necesario desarrollar una política sobre qué hacer con un presidente entrante que ya ha sido acusado. Pero el razonamiento para no acusar a los presidentes en funciones —algo que interferiría con la capacidad de fungir como tal— aplica del mismo modo en este escenario hipotético.
“Las razones por las que no querríamos acusar a un presidente en funciones son las razones por las que no querríamos procesar a un presidente en funciones”, ha dicho Chemerinsky, que ha estado en desacuerdo con el razonamiento del departamento. “Mi conjetura es que, si el proceso continuara y Trump resultara electo, el Departamento de Justicia— que sería el Departamento de Justicia de Trump— diría: ‘Nos apegamos al memorando de 1973’”.
Esto, como muchas otras cosas aquí planteadas, sería algo sin precedente legal, y es imposible saber qué haría la Corte Suprema si se le presentara la cuestión.
En su fallo del caso Clinton contra Jones en 1997, el tribunal permitió que procediera una demanda contra el presidente Bill Clinton. Pero se trataba de un caso civil, no penal, y lo había presentado un ciudadano privado, no el mismo gobierno.
