Para evitar que la Corte eche atrás la reforma judicial, los diputados la discuten hoy
El proyecto del ministro Juan José González Alcántara para invalidar una parte de la reforma judicial enfrentó a los diputados federales durante el debate que derivó en la aprobación del dictamen que impediría a los tribunales impugnar los cambios legislativos a la Constitución.
Consecuentemente, no procederá ningún control por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra reformas constitucionales.
Según la oposición, dicha medida que incluso sería retroactiva, echa por tierra la progresividad y la garantía de los derechos humanos.
Morena acusó al PAN, PRI y PRD de ser “el partido del Poder Judicial” y recurrir a prácticas dilatorias para darle tiempo a la Corte a invalidar la elección en las urnas de los jueces y magistrados.
La oposición acusó a la coalición oficialista de violentar la legalidad de los procedimientos, estableciendo un carácter de urgencia en la modificación de los artículos 105 y 107 que no se justifica y que sólo pretende ganarle a la Corte en la resolución correspondiente.
Con 30 votos a favor, los representantes de Morena, PT y PVEM sacaron adelante el decreto enviado por los senadores, a fin de someterlo al pleno de los diputados en las próximas horas, perfilándose la posibilidad de que ocurra hoy martes y acelerar así el aval posterior de los congresos estatales.
De esa manera la imposibilidad de impugnar podría entrar en vigor el jueves próximo, día en que los 11 ministros de la SCJN se pronunciarían en torno a la propuesta del ministro González Alcántara.
EL DEBATE
El diputado de Morena Hugo Eric Flores justificó la llamada reforma de la supremacía constitucional y descalificó el proyecto que analizarán los ministros.
Vámonos al debate de lo que venimos y ya no estén defendiendo a los ministros de la Suprema Corte ¡Que se defiendan ellos solitos! Parece que ustedes son ya un partido político que se llama el Poder Judicial. ¿No están viendo en el dictamen del señor (ministro) que quiere anular la reforma constitucional para que no haya elecciones de magistrados y de jueces de Distrito? Está claro: quieren conservar a la misma clase política, porque surgió de ellos, para que sigan teniendo pues una justicia a medias”.
En el inicio la discusión se centró en el reclamo opositor de que la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales a cargo de Leonel Godoy (Morena) había llamado a una sesión extraordinaria sin respetar los cinco días de análisis que los dictámenes constitucionales ameritan.
El coordinador de la diputación del PRI, Rubén Moreira, cuestionó a la mayoría legislativa en qué radicaba la urgencia. “Para nosotros no hay una razón extraordinaria para estar en esto o ¿cuál es? ¿ganarle a la Corte el paso? ¿eso es lo extraordinario? Extraordinario es otro tipo de cosas, que tengamos una emergencia nacional, que tengamos un desastre natural”, expuso el priista.
La diputada Ruth Marisela Silva (PVEM) alegó en respuesta: “Para nosotros sí es una urgencia porque están también ustedes, a través de la Corte, mañana, apresurando lo que todavía debería llevarles tiempo. Y nosotros estamos atendiendo el mandato del pueblo por el cual más de 36 millones de personas nos convocaron a defender ese derecho”.
EL DATO: La discusión se acaloró cuando el diputado Rubén Moreira le gritó a Fabio Castellanos que parecía Victoriano Huerta, después de que les lanzó la advertencia a los legisladores de oposición que al frenar la reforma judicial estaban cometiendo un delito y se le podría fincar responsabilidades.
DEJAN FUERA A TRES INTERINAS
Como efecto de un error técnico de la tómbola, tres juzgadores solicitaron formalmente al Senado que las considere como titulares en plazas disponibles, pues al no ser titulares de las plazas, sus nombres no aparecen ni en la elección del 2025 ni en la elección del 2027, porque ocupan la plaza de forma interina.
En un escrito entregado a la presidencia del Senado, las juzgadoras Beatriz Eugenia Álvarez, Jacqueline Betancourt Silva y Miriam Núñez Corona informan que “nos encontramos en un supuesto de desigualdad y vulnerabilidad en relación con todas las demás personas magistradas y juezas que entraron a la tómbola, a través de plazs en las que ostentan la titularidad
Durante la sesión del pasado 12 de octubre, las plazas a las que estamos actualmente asignadas entraron por default a votación para 2025, dado que, como estamos adscritas a ellas de forma interina, se consideraron plazas sin titularidad y, por lo tanto, disponibles, pues en las listas que el Consejo de la Judicatura Federal tuvo a bien remitirles, esas plazas se encontraban marcadas con la leyenda de vacante, no obstante que en la casilla de observaciones se había mención de nuestro interinato en las mismas.
Sin que tengamos titularidad en ninguna plaza, nuestros nombres no aparecen de forma directa en las listas de cargos que participarán en el proceso electoral 2024-2025, así como tampoco tenemos permanencia hasta 2027, porque no contamos con titularidad en alguna plaza con número par; es decir, no estamos para 2025, pero tampoco con permanencia hasta 2027, lo que nos invisibiliza y nos deja en estado de indefensión”, relatan las juzgadoras.
-Leticia Robles De La Rosa
ADVIERTEN DE UNA CRISIS CONSTITUCIONAL
Para Arturo Espinosa, director de Strategia Electoral, que los Poderes Ejecutivo o Legislativo no acataran la resolución que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la reforma judicial representaría una crisis constitucional.
Habría una crisis constitucional, yo creo que muy grave, porque la sentencia de la Suprema Corte no va dirigida a alguien en particular, simplemente es una declaración de invalidez de ciertas partes de la reforma.
Entonces, más bien lo que se tiene que hacer es desconocer esa parte de la ley, es decir, es como si no existiera, y aquí lo que tendrían que hacer es reajustar el proceso de elección judicial… si por algo no siguen así, pues sí, habría una crisis constitucional, porque se estaría desacatando una determinación de uno de los Poderes y esto sería como desconocer la determinación de este Poder”, indicó el abogado constitucionalista.
Explicó que si el Congreso no respetara la posible invalidación por parte de la Corte —como ya amagó el diputado morenista Ricardo Monreal—, se trataría de un escenario “incierto e inexplorado”.
No sé si, directamente, la Corte pueda imponer alguna medida de apremio al Legislativo o al Ejecutivo”, dijo.
-Olimpia Ávila
