Altán ha dejado de pagar el espectro de 700 MHz, adeudando desde marzo de este año 500 millones de pesos a Promtel, esto como parte de sus obligaciones contractuales con el gobierno.
Expansión.- La injerencia del Estado en Altán Redes ha despertado cuestionamientos al interior de la industria de las telecomunicaciones sobre un posible trato diferenciado para que la empresa obtenga espectro radioeléctrico respecto a los demás operadores; sin embargo, esta sospecha se estaría materializando paulatinamente.
Altán Redes ha dejado de pagar la contraprestación del arrendamiento del espectro radioeléctrico de 700 MHz, adeudando desde marzo de este año alrededor de 500 millones de pesos al Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), con cuya dependencia mantiene un contrato de Asociación Público-Privada desde 2016 para diseñar, instalar, operar y darle mantenimiento a la infraestructura de la Red Compartida, con la que se pretende conectar la mayor parte del territorio del país.
El espectro radioeléctrico es un insumo del Estado y uno de los más importantes para habilitar servicios de conectividad. En el caso de la banda de 700 MHz es relevante por su capacidad de propagación y de cobertura a zonas de menos de 5,000 habitantes, de acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), este espectro es una base para poder ofrecer 5G.
La empresa presidida por Carlos Lerma tenía como obligación pagar el uso y aprovechamiento del espectro 700 MHz en marzo de este año, pero la compañía, por motivos que hasta ahora no son públicos, solicitó una prórroga para saldar la deuda.
“La empresa obtuvo una prórroga antes de finalizar marzo (de este año) para que pudieran pagar el espectro en julio de este año, pero no han pagado por completo y sólo adelantaron una pequeña parte del adeudo como del 5%”, aseguró una fuente con conocimiento del tema que pidió no ser identificada porque el tema no es público.
Altán deberá pagar el uso del espectro de 700 MHz a más tardar a mediados de diciembre que implicaría los 500 millones de pesos sumados a los intereses acumulados por el retraso de saldo, “pero es probable que no lo haga porque están saldando otras deudas”, dijo la fuente.
La compañía encargada de la Red Compartida ha enfrentado problemas de liquidez desde 2021, derivados de la pandemia y del propio modelo de negocio, obligando a la empresa a omitir obligaciones como fue el pago del espectro radioeléctrico y entrar a concurso mercantil; sin embargo desde 2022 con su reestructura financiera, que significó la entrada del Estado a su operación, la compañía retomó su equilibrio llevando al propio director general, Carlos Lerma, a asegurar que este año Altán será rentable, pero esto no sería suficiente para hacer frente a sus obligaciones.
Altán Redes ha reportado ingresos al segundo trimestre de este año por un orden de 2,086 millones de pesos, un incremento de 43.8%, respecto a los 1,450 millones de pesos ingresados en el mismo periodo del año pasado, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Pero aunque las ventas incrementaron gran parte del dinero se tendría que ir al pago de espectro, mantenimiento de red y a sus obligaciones concursales.
“El plan de negocios aunque ha crecido y con ello su cartera de clientes, los costos de operación y mantenimiento de la empresa son muy altos y todavía no es suficiente el ingreso para poder pagar lo que se debe del concurso financiero y sus obligaciones contractuales como es el espectro”, dijo Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones y líder del despacho Expanzione.
Para el especialista la situación de impagos de Altán también pueden generar suspicacia al interior de la industria, debido a que el gobierno ha mostrado una clara inclinación por apoyar a esta empresa y a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos para lograr su objetivo de cierre de brecha digital.
El impago de Altán se da en un momento en donde el Estado toma mayor fuerza dentro de la empresa al adquirir participación mayoritaria e incluso apropiarse de su deuda que asciende a 30,000 millones de pesos.
“Creo que el gobierno debería transparentar un poco las políticas y estrategias que tienen con empresas como Altán, porque hay otros operadores que han devuelto espectro o que deben recursos por el pago de bandas al Estado y el tratamiento no es el mismo. Creo que la transparencia es el camino idóneo para que Altán siga operando de una manera eficiente y evite distorsiones en el mercado”, advirtió Moreno Loza.
