Apapacharán a la industria reduciendo el “impuesto verde”
Blakely Morales
Además del cobro por el servicio del Control Vehicular y la renovación de la tarjeta de circulación, vale la pena retomar y repasar el resto de las medidas aplicadas por el gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, en materia recaudatoria este 2025.
Por resumir, el Ejecutivo Estatal creó dos nuevos impuestos:el Impuesto a la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico y el Impuesto Cedular sobre la Enajenación de Inmuebles.
También actualizó la tasa del Impuesto Sobre Hospedaje, y parece que ahora sí, después de un año de jaloneos y cabildeos, la Secretaría de Finanzas estará aplicando el famoso “impuesto verde”.
Recordemos que en diciembre del 2023, el Congreso aprobó la reforma que incluyó en la Ley de Hacienda para el Estado, el nuevo impuesto por la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera.
Este impuesto castiga la expulsión directa de Bióxido de carbono, Metano, Óxido nitroso, Carbono negro, y otros contaminantes que afectan la calidad del aire y constituyen gases de efecto invernadero que impactan en el deterioro ambiental y en la crisis climática.
A pesar de que estuvo incluido en el paquete fiscal 2024, gracias a la presión, el Poder Legislativo acordó en marzo un primer aplazamiento para su entrada en vigor; finalmente, los diputados y diputadas de la legislatura pasada, postergaron el impuesto verde hasta este 2025.
Pero en el camino, también accedieron a incluir fracciones al artículo 36 de la Ley de Hacienda, para “podrá otorgar estímulos fiscales en forma general a sectores de contribuyentes, con el objetivo de prevenir y remediar el deterioro ambiental”, según dice ahora el artículo 36 Septies.
En la reforma original, la base gravable eran 3 UMA por tonelada de contaminante emitido a la atmósfera por los sujetos obligados o empresas.
Sin embargo, el 31 de diciembre del 2024, mediante un acuerdo y en sintonía con la reforma que retrasó al “impuesto verde”, el Poder Legislativo, le dió a la Secretaría de Finanzas, la facultad para otorgar incentivos fiscales en materia de impuesto por contaminación a la atmósfera, con la capacidad de reducir hasta en 0.25 y 0.10 UMA, las obligaciones tributarias de los sujetos responsables.
El acuerdo especifica aunque de manera ambigua, una lista de cuatro supuestos de sujetos susceptibles de recibir el “estímulos”: las empresas de nueva creación, las empresas con bajas cargas contaminantes, para incentivar “la competitividad estatal” y a las empresas que demuestren contar con certificados de Industria Limpia y Socialmente Responsable.
Por ese concepto, de acuerdo a la Ley de Ingresos 2025, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, planea recaudar alrededor de 40 millones de pesos.
