La Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades judiciales de la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Jalisco preparan un golpe por 276 millones de pesos a las finanzas del crimen organizado.
En un informe al Senado de la República, la FGR y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia detallan que entre agosto de 2019 —cuando entraron en vigor las nuevas reglas de extinción de dominio— y julio de 2020 se iniciaron 45 juicios en materia de extinción de dominio para quitarle a los grupos delincuenciales bienes producto de actividades ilícitas como narcotráfico, corrupción, huachicol, extorsión, secuestro de personas y lavado de dinero. Sin embargo, en dos casos no se presentó un interés económico para el Estado, por lo que sólo procedieron 43.
El documento detalla que los juicios en proceso implican 76 millones 402 mil 883.64 pesos y nueve millones 385 mil 556 dólares. De acuerdo con la conversión hecha por este diario con el tipo de cambio peso-dólar de 21.27 pesos del 1 de noviembre, los nueve millones 385 mil 556 dólares se traducen en 199 millones 630 mil 776.12 pesos.
La Fiscalía debe entregar dicho informe cada año, como parte de las acciones para combatir la delincuencia organizada mediante el ataque a su estructura financiera.
Arrebatarán 276 mdp al crimen organizado
La FGR notificó al Senado los recursos que procedieron en el último año en contra de la delincuencia.
La Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades judiciales de la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Jalisco están en proceso de arrebatarle 276 millones de pesos al crimen organizado en los primeros 43 juicios de extinción de dominio que procedieron en el último año.
Así lo informaron al Senado de la República la propia FGR y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ).
En el primer Informe Anual en Materia de Extinción de Dominio, correspondiente al periodo que va de agosto de 2019 a julio de 2020, que la semana pasada entregó la Fiscalía General de la República a la Cámara alta, precisa que se trata de 76 millones 402 mil 883.64 pesos y nueve millones 385 mil 556 dólares.
La conversión hecha por este diario, con el tipo de cambio peso-dólar de 21.27 pesos del domingo 1 de noviembre, implica que los nueve millones 385 mil 556 dólares se traducen en 199 millones 630 mil 776.12 pesos, lo que hace un total de 276 millones 33 mil 659.76 pesos.
El documento de la Fiscalía detalla a los senadores que, en total, se iniciaron 45 juicios en materia de extinción de dominio, sin embargo, en dos hubo desistimiento porque “el bien no representó un interés económico para el Estado, susceptible de la administración”.
Así, en total, hay 43 juicios en proceso de desahogo en juzgados, de los cuales tres los interpuso la Fiscalía General de la República.
Dichos juicios fueron por un monto de cuatro millones 654 mil 820 pesos y los nueve millones 385 mil 556 dólares.
Según el reporte entregado a la Cámara alta, las autoridades de la Ciudad de México iniciaron 16 juicios de extinción de dominio, pero se desistieron de dos; por lo tanto, tienen 14 juicios en proceso, que implican un monto total por 33 millones 14 mil 867.19 pesos.
Por su parte, las autoridades del Estado de México tienen abiertos 14 juicios por extinción de dominio, que, establecen las autoridades, involucran recursos por 31 millones 154 mil 71.90 pesos.
A su vez, el estado de Guanajuato tiene 10 juicios abiertos por casos de extinción de dominio por un monto de cinco millones 854 mil 266.50 pesos.
Y el estado de Jalisco también tiene dos juicios en proceso, por un monto de un millón 724 mil 858.05 pesos.
El informe de la Fiscalía General de la República y de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se integra de cinco hojas, hace la aclaración:
“No se ha actualizado el supuesto de sentencias emitidas en materia de extinción de dominio y, por tanto, tampoco de ingresos obtenidos en los juicios ni de destino de estos, en el ejercicio de las facultades otorgadas en la Ley Nacional de Extinción de Dominio a las procuradurías y fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República”, puntualiza el documento.
Las nuevas reglas de extinción de dominio, que entraron en vigor desde agosto de 2019, obligan a la Fiscalía General de la República a entregar este informe anual, a fin de conocer la realidad del uso que se le da a esta figura jurídica, la cual fue diseñada para quitarle los bienes que son producto de las ganancias por actividades ilícitas, como el narcotráfico, corrupción, huachicol, extorsión, secuestro de personas y lavado de dinero, entre otros ilícitos.
El reporte que fue entregado al Senado de la República también precisa que todavía 11 entidades federativas no cuentan con la unidad o fiscalía dedicada a la extinción de dominio.
Las entidades que aún tienen pendiente la creación de dichas instancias son Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
Excelsior
