Sujetos no identificados irrumpieron en un centro de investigación para la sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en el Estado de México, y atacaron al ambientalista Álvaro Arvizu, quien murió derivado de las heridas.
Wired.- En México, defender el medio ambiente puede resultar fatal. Las últimas cifras globales han llevado al país norteamericano a la cabeza de los homicidios de ambientalistas con un número que no ha parado de escalar. Tan solo en 2021, murieron asesinados 54 ambientalistas, según un informe de la organización internacional Global Witness. El penúltimo ataque ocurrió la noche del 13 de junio, en Tlalmanalco, Estado de Mexico, donde personas no identificadas irrumpieron en el Centro Centli, un espacio de investigación para la sustentabilidad afiliado a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Ese día atacaron a golpes a Álvaro Arvizu Aguiñiga y lo amenazaron. También amagaron a su esposa y compañera de trabajo, y a otro de sus colaboradores, según un comunicado de la unidad de la UAM, unidad Azcapotzalco. El activista fue trasladado con vida a un hospital, pero murió este 19 de junio derivado de las heridas.
“Durante su vida, Alvaro Arvizu Aguiñiga se dedicó a defender el agua y el medio ambiente, colaborando con múltiples activistas y organizaciones. Su trabajo es de enorme valor tanto para la sociedad en su conjunto, como para nuestra comunidad universitaria”, dice el comunicado dirigido a la opinión pública y las autoridades correspondientes. ”Desde nuestra Casa de Estudios lamentamos el asesinato de Álvaro Arvizu y exigimos justicia”, clama la carta.
El objetivo principal del centro de la UAM, donde ocurrió el suceso, es demostrar diversas técnicas de manejo sustentable, con la suficiente infraestructura para poder apoyar la investigación y educar, teniendo como base la generación de convenios de colaboración con instituciones de enseñanza, organizaciones civiles y organismos gubernamentales. También se ofrecen talleres teórico-prácticos que involucran a la comunidad bajo la instrucción de investigadores del Proyecto de Investigación para la Sustentabilidad (PISUS/PISN) de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Se trata de la segunda muerte de un ambientalista en la región. La noche anterior al ataque a Arvizu, el 12 de junio, el investigador en agroecología y apicultura de la Universidad de Puebla, Cuauhtémoc Márquez Fernández, sufrió un atentado mortal en su casa en la Cañada del Agua, también ubicada en Tlalmanalco. Cuauhtémoc Márquez Fernández murió después en el Hospital Zentlalpan en el municipio de Amecameca, Estado de México.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero aseguró a través de un comunicado que la muerte del activista deja en evidencia el “grave riesgo que corren las personas defensoras de derechos humanos en el país y particularmente en el Estado de México, el cual se consolida como una de las entidades más peligrosas para dicha labor”.
“Por lo anteriormente narrado, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero condena el asesinato al defensor del agua y agroecología y hace el más enérgico llamado a las autoridades mexicanas en todos los niveles, especialmente al Gobierno del Estado de México, para que, con fundamento en los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se investigue y sancione a los responsables, así como que se garanticen la vida, integridad personal y reparación del daño para las familias de los defensores”, se lee en el comunicado del centro defensor Zeferino Ladrillero.
América Latina ha sido durante años la región más peligrosa para el activismo medioambiental, la organización internacional Global Witness documentó el asesinato de 1.733 activistas durante la última década y el 68% tuvieron lugar en el continente. Según Global Witness, los territorios indígenas son altamente vulnerables ante la prolífica cantidad de proyectos extractivos a gran escala promovidos por empresas nacionales y extranjeras y respaldados por el Gobierno mexicano. La organización admite que a la difícil situación que viven los activistas en esa zona, como en otras tantas de México, se le suma la actividad del crimen organizado, principalmente de los cárteles de la droga.
