La senadora Ruth González Silva viajó este martes a Washington D.C., junto con una comitiva plural del Senado mexicano, con el objetivo de expresar ante congresistas estadounidenses la postura de México frente a la propuesta de gravar con un impuesto del 5% los envíos de remesas.
Dicho impuesto, actualmente en discusión en la Cámara de Representantes de EE.UU., afectaría gravemente a la comunidad mexicana en el exterior y a millones de familias de México que dependen de esos recursos.
González Silva, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, señaló que “la defensa de las remesas es la defensa de nuestras familias. Este tipo de medidas castigan a quienes, con esfuerzo y sacrificio, continúan sosteniendo a sus comunidades desde el extranjero. No se trata solo de números: se trata de niñas y niños que estudian, de adultos mayores que sobreviven con dignidad y de familias enteras que no pueden ser ignoradas en la discusión política”.
México es el segundo mayor receptor de remesas en el mundo, solo después de la India. En 2024, ingresaron al país 62,529 millones de dólares provenientes en un 96.6% de Estados Unidos, lo que representó el 3.5% del PIB nacional.
De las personas que reciben estos recursos, el 62% son mujeres y más de un tercio vive en localidades con menos de 2,500 habitantes, por lo que el gravamen tendría un impacto desproporcionado en los sectores más vulnerables.
La senadora advirtió que aplicar este impuesto, además de representar una doble tributación, podría incentivar el uso de canales informales para el envío de remesas, lo que dificultaría su trazabilidad y pondría en riesgo los avances alcanzados en materia de inclusión financiera entre la comunidad migrante.
“Desde el Senado de la República venimos con ánimo propositivo, pero con firmeza. Proponemos trabajar juntos para construir un ecosistema de remesas más seguro, más barato y más eficiente para ambas economías”, subrayó González Silva.
Durante su estancia en la capital estadounidense, la senadora sostendrá reuniones con congresistas, funcionarios del Departamento de Estado y empresas de envío de remesas, con el fin de dejar clara la postura del Senado mexicano ante una posible medida que calificó como inaceptable.
La legisladora potosina reafirmó que su participación responde al compromiso de representar con dignidad a los migrantes y velar por los intereses de sus familias: “No merecen castigo. Merecen respeto, reconocimiento y políticas que fortalezcan su papel en el desarrollo de nuestra región”, concluyó.
