Los diputados de la sexagésima tercera legislatura desconocen el trabajo que realiza la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado y la Auditora Superior del Estado, ASE, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, los está engañando al pedirles que trabajen conjuntamente, pues lo que quiere es convertirlos en cómplices de las irregularidades que comete, consideró Juan José Frías Aguilera, miembro de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí Postulantes Especializados en Oralidad, A.C.
La prueba está en los diputados Marité Hernández Correa, José Antonio Zapata Meráz y María del Rosario Sánchez Olivares, que no tuvieron voluntad para meter en cintura al órgano fiscalizador, y conociendo la serie de anomalías de la ASE no hicieron nada más que pedir espacios para colocar aviadores en la Auditoria.
“Esta funcionaria tiene la obligación de hacer su trabajo y rendirle cuentas al Congreso del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, en concordancia con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, emanadas de la Constitución Política”.
Llamó a los legisladores a no dejarse engañar por la ASE y acabar con los actos de corrupción que ahí se gestan “existe un rezago de miles de expedientes que no han podido explicar, a pesar del exagerado presupuesto y plantilla laboral con más de 380 empleados, quienes solo han realizado una carpeta de investigación ante la Fiscalía Anticorrupción desde el 2015. No cuentan con manuales de organización, lineamientos de buen desempeño y su portal de Transparencia no sirve”.
Además se cayó en un conflicto de intereses al nombrar a Fernando Díaz Jiménez como Coordinador de Auditorias Especiales porque después de seis meses en que había renunciado a su anterior cargo en la Dirección de Control y Auditoría de la Contraloría General del Estado, y directo responsable de auditar a la Secretaría de Salud, estaba impedido para ocupar otro encargo hasta después de un año, quedando demostrado que solo busca encubrir las corruptelas que hizo Mónica Rangel. También protege las irregularidades cometidas por José de Jesús Martínez Loredo, ex auditor del estado que desvió 110 millones de pesos.
Al igual tienen complicidad con Rosalba Salazar Miranda, Contralora Interna de la ASE y por eso fue nombrada de manera ilegal para promover el oscurantismo en la dependencia.
“Es recomendable que el nuevo gobierno ordene una auditoría a todas y cada una de las Secretarías de la administración estatal, a fin de detectar el descarado, y exagerado desvío de recursos públicos cometidos por las personalidades mencionadas”.
