La CDMX y Jalisco son las entidades donde se despliega este programa de búsqueda en vida, en el que se cruza información de diferentes bases de datos y que podría extenderse a otros estados.
Animal Político.- En los primeros meses del año, un programa especial para la búsqueda en vida de personas desaparecidas, que partirá del cruce de todas las bases de datos del gobierno federal para encontrar coincidencias con personas que fueron reportadas como desaparecidas y han mostrado algún indicio de actividad, estará en proceso de pilotaje en la Ciudad de México y Jalisco.
Mediante las primeras pruebas en esos estados y otras entidades que se incorporarán próximamente, ya existen resultados positivos importantes, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. La información que se cotejará con los reportes de desaparición provendría de los datos recabados en trámites de salud, civiles o financieros.
“Desde quienes fueron a vacunarse contra COVID por lo menos dos veces, que están reportadas como personas desaparecidas, quienes tramitan algún registro en el ámbito civil en materia de nacimiento, matrimonio o defunción, quienes han realizado distintas actividades comerciales o bancarias, distintas bases de datos”, adelantó el funcionario.
El pilotaje y los resultados preliminares del programa serán discutidos primero con las familias y con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), pues, admitió Encinas, la otra cara de la moneda es la falta de participación y de información por parte de las fiscalías para conocer los casos de personas que han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas y que podrían mantenerse con vida.
Admitió también que es necesario trabajar de manera más estrecha con las fiscalías, así como estas entre sí. “Hay que asumir que el derecho a ser buscado es un derecho humano que debe cumplirse; esperemos que las fiscalías asuman esa responsabilidad”, dijo. Según Encinas, el celo institucional está superándose y las autoridades esperan dejarlo atrás mediante acercamientos con la Fiscalía General de la República (FGR), en particular, el área de derechos humanos.
Animal Político publicó que la FGR impugnó la resolución de un juez que determinó su omisión en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses y le ordenó crearlo en 40 días, como establece la Ley General en materia de desaparición de personas. La institución argumentó que no tiene competencia para ello, pese a que el artículo 119 así lo indica y que el plazo para crearlo vencía en enero de 2019.
Entre otros pendientes de aplicación de la Ley General, para Encinas aún sigue siendo necesario resolver también el tema de la espera de 72 horas que las autoridades pretextan para iniciar búsquedas. “Eso está resuelto en la ley, no tiene por qué estarse negando la búsqueda inmediata y por supuesto que en el caso de distintas fiscalías es necesario hacer un esfuerzo de información y de compromisos para que se entienda que, en toda desaparición de personas que sea denunciada, debe buscarse de inmediato”, dijo.
Sobre el programa para la búsqueda en vida, adelantó que se dará a conocer de manera detallada cuando existan resultados certificados por la fiscalía de la CDMX, pues es necesario hacer una evaluación de todo lo relacionado con procedimientos de levantamiento de información respecto del momento en que las personas dan indicios de vida y no quedan acreditados.
“Estamos afinando los detalles, terminando algunas alcaldías. Ya está en proceso y espero que demos resultados muy importantes, porque esto va a replantear de fondo las labores de búsqueda en vida de la Comisión Nacional… Esperamos que sea en marzo la presentación del programa”, añadió.
Centro Pro habilita plataforma para familiares que buscan
Ante la falta de respuesta y empatía, omisiones y obstáculos de las autoridades, la plataforma No somos expedientes, habilitada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), busca orientar a las familias de personas desaparecidas sobre los procesos, las exigencias y el seguimiento que pueden hacer en esos casos, tomando en cuenta el hecho de que muchas tienen dificultades para tener asesoría legal de calidad, situación que puede hacer la diferencia.
Ante lo que se suma al dolor de buscar a sus familiares desaparecidos, que es interactuar con autoridades negligentes y faltas de empatía, el Centro Pro transformó en un sitio interactivo y navegable una guía práctica previamente desarrollada.
“Quizá nosotras con los años, el camino, hemos ido aprendiendo a poder enfrentar a las autoridades y a conocer nuestros derechos como víctimas indirectas, algo a lo que la vida nos obligó por la desaparición de nuestros familiares. Ahora para mí es muy importante esta herramienta para los nuevos casos, las familias que apenas comienzan a vivir esto, que comienzan en esta carrera de resistencia”, destacó Maricel Torres, del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica, Veracruz, quien busca a su hijo Iván Eduardo Castillo Torres desde el 25 de mayo de 2011.
Durante la presentación de la plataforma, Maricel compartió su regocijo porque lo que alguna vez ella desconoció las familias ahora lo pueden conocer de manera más pronta, empezando por tener copia de su expediente en casa y conocer sus derechos. “Esto los va a fortalecer; no les va a quitar el sufrimiento, pero les va a hacer más fácil el camino… Ha sido muy duro porque tuvimos la necesidad de conformarnos y unirnos como familias buscando una verdad, una verdad que hasta la fecha no hemos encontrado”, lamentó.
Deseó que con la herramienta se logre ayudar a las familias, porque cada día se unen más y los colectivos hacen la tarea de acompañarles para iniciar una denuncia o reporte en la CNB, pero se siguen enfrentando a graves omisiones porque los expedientes siguen sin avances. En ese contexto, el sitio será útil para poder exigir más, y facilitar el acceso a expedientes, búsquedas y diligencias, consideró.
Karla Martínez, del colectivo Hasta Encontrarte de Irapuato, quien busca a su hermano Juan Valentín, desaparecido en febrero de 2020, aplaudió la plataforma y la guía que le dio origen: “Para mí, fue en el inicio de este camino como una biblia, algo que detonó mi manera de exigir ante las autoridades; me di cuenta que no son nada más ideas que yo tenía, sino que tengo el derecho… nos damos cuenta que tenemos la forma de exigir y el derecho, tanto nosotros de buscarlos como ellos de ser buscados”.
Describió que como víctimas, después de la forma como llegan a ser tratadas, la información de la plataforma es importante para enfrentarse a las fiscalías y señalarles que no les hacen peticiones, sino exigencias derivadas de derechos. Lo último que llega a decir un Ministerio Público, acusó, es si las víctimas quieren copia de la carpeta o si saben que tienen derecho a conocer los avances.
María Luisa Aguilar, del Centro Pro, detalló que fueron los familiares y colectivos quienes les impulsaron a hacer cambios al manual, actualizarlo, retroalimentarlo y pensar cómo la guía podía llegar a más personas mediante un espacio digital.
“Sabemos muy bien que uno de los grandes problemas en los temas de violaciones a derechos humanos, pero en particular de desapariciones en México, es la impunidad, la falta de investigaciones, y por eso pensamos que estas herramientas eran necesarias; se fueron alimentando y esperamos que puedan llegar a muchas personas que lo necesitan”, subrayó.
La plataforma contiene información para exigir acciones de búsqueda e investigación, como presentar reportes y dar seguimiento a denuncias; para sistematizar la información que deben tener las carpetas de investigación, así como la que se requiere para reportar; para conocer las acciones inmediatas que debería llevar a cabo un Ministerio Público y el tipo de diligencias que se pueden solicitar, así como los formatos necesarios para presentar quejas, amparos, procesos de identificación e incluso acciones internacionales. Además, puede ser consultada de forma cronológica.
“Tenemos muy claro que ninguna herramienta puede dar una respuesta final a las necesidades de las personas que están buscando a sus seres queridos; nos queda claro que ninguna sustituye el derecho de los familiares a tener una asesoría legal de calidad; también tenemos muy claro que son las acciones colectivas las que generalmente terminan impulsando que haya verdaderos avances en las investigaciones… pero pensamos que esta herramienta, como muchas otras que se han impulsado desde la sociedad civil, puede ayudar a dar alguna seguridad de que las solicitudes que se están haciendo a las autoridades están completas”, apuntó Aguilar.
Al mismo tiempo, aclaró que aunque se pongan estas herramientas a disposición, persisten los grandes retos de dar seguimiento, así como de acompañar en otras acciones de búsqueda en campo, denuncia y toma de espacios públicos, de tal forma que sea imposible dejar de dar respuesta o dejar de ver a los familiares de personas desaparecidas.
Aunque en No somos expedientes no queda registrada información personal, con su uso también podría conocerse cuánta gente permanece sin asesoría legal frente a las instituciones; la herramienta está pensada para contextos donde ya se ha denunciado, pero también para quienes presentan nuevas denuncias y reportes.
“Las desapariciones para nada son cosa del pasado, para nada son cosas que ya no suceden; por el contrario, de las 110 mil personas que se tienen registradas como desaparecidas, más del 30% son eventos que han ocurrido los últimos cuatro años. Las desapariciones continúan, y ojalá esta herramienta nos ayude a demostrar también cómo es necesario que las instituciones de atención a víctimas puedan darle también una respuesta a las familias”, añadió Aguilar.
Maricel Torres concluyó que es una plataforma pensada para las víctimas, para la que se tomó el tiempo y la dedicación de pensar en ellas, lo cual agradecen porque es muy difícil enfrentar los caminos recorridos desde el desconocimiento: “(Tras) haber sido víctimas de tantas atrocidades y abusos, tanto de autoridades como de la delincuencia, nuestra vida cambia totalmente”.
