El Economista.- Pablo Amílcar Sandoval, diputado de Morena, explicó que la reforma fortalecerá el marco jurídico de las unidades de administración y finanzas, el diseño de operación de los Órganos Internos de Control y la política de Contrataciones y Compra. Además de transferir, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la SFP, la facultad de contratación de bienes y servicios del sector público.
La Comisión de Gobernación y Población, de la Cámara de Diputados, aprobó la reforma que faculta a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para contratar bienes y servicios, y reduce los órganos internos de control.
El dictamen, que fue aprobado con 20 votos a favor y 18 en contra, según los legisladores de la oposición podría subir al pleno este mismo martes
En la reunión, Pablo Amílcar Sandoval, diputado de Morena, explicó que la Reforma Orgánica de la Administración Pública Federal fortalecerá el marco jurídico orgánico de las unidades de administración y finanzas, el diseño de operación de los Órganos Internos de Control y la política de Contrataciones y Compra. Además de transferir, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la SFP, la facultad de contratación de bienes y servicios del sector público.
Juan Ramiro Romero, de Morena, afirmó que “poco le corresponde a la Secretaría de la recaudación y del gasto público ocuparse de las compras, de las adquisiciones, de las licitaciones y de ese procedimiento inevitable para que se provea insumos al Gobierno para que pueda funcionar”.
Miembros de la bancada del Partido Acción Nacional criticaron que la Función Pública no puede tener funciones de juez y parte, porque su objetivo principal es vigilar el correcto uso de los recursos; además, de que están “preocupados” en que podrían existir compras opacas en el futuro.
Maria Elena Pérez-Jaén, mencionó que la reforma tendría implicaciones como: darle a la Secretaría de la Función Pública completo control, conducción, operación y organización de las unidades de administración y finanzas de las entidades paraestatales y órganos desconcentrados; los titulares – de primer y segundo nivel jerárquicos inmediatos inferiores – en dichas unidades serán de designación directa.
Lo anterior, dijo, implica que la SFP sea quien controle el ejercicio de los recursos en las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados, al tiempo que se convertiría en juez y parte, en cuanto al ejercicio de los recursos.
Dijo que el hecho de que la SFP tenga ambas funciones, no conlleva una mejor ejecución de los recursos. Por otro lado, mencionó que el reducir los órganos internos de control “resulta contraproducente con las actividades y funciones que se pretenden traspasar a la Secretaría de la Función, como son: fungir como área consolidadora en los procedimientos de contratación de bienes y servicios de toda la administración pública federal”.
“La reforma propuesta tiene carencias que restan certeza jurídica a los procedimientos de adquisición, ya que la consolidación de ciertos bienes y servicios requiere de conocimientos técnicos de alta especialización. Por lo que la Secretaría de la Función Pública deberá contar con el personal que cuente con esos conocimientos”, denunció la diputada.
