La relación entre el presidente López Obrador con los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se ha ido deteriorando por la falta de resultados en torno a la que fue una promesa de justicia.
Expansión.- La inconformidad y enojo de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se están convirtiendo en una ‘bomba de tiempo’ para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual amenaza con explotar y desestabilizar la recta final de su gobierno, y de paso, afectar a la candidata de su partido a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, consideran analistas.
“Iguala va a ser el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático”, fue la promesa de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia de la República en uno de los mítines que realizó en Guerrero en 2018, en su tercera campaña presidencial. Sin embargo, a seis años de esa promesa, la relación entre el presidente López Obrador y los padres de Ayotzinapa y normalistas atraviesa por uno de los peores momentos.
“Ayotzinapa es una bomba de tiempo que tienen ahí en la mano”, afirma Mauricio Macotela Byron, docente en Derecho de la Universdad Intercontinental (UIC).
Cansados y decepcionados de no ser atendidos por quien encabeza las investigaciones para conocer el paradero de sus hijos y castigar a los responsables, estudiantes y algunos familiares de los 43 normalistas intentaron ingresar a Palacio Nacional. Para ello tomaron una camioneta con rótulos de la Comisión Federal de Electricidad y con empujones lograron derribar la puerta por la que ingresan los periodistas que cubren la conferencia matutina en la calle de Moneda.
Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 jóvenes desaparecidos, asegura en entrevista con Expansión que están decepcionados del actual gobierno.
“Teníamos esperanzas con él. Pensamos: ‘él va a dar con el paradero de los normalistas’. Por eso vamos a ser necios, vamos a ser tercos. Es lo que le gusta a él, que uno proteste; vamos a seguir protestando”, afirma.
Esas protestas, incluso, incluyen presentarse en eventos de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum señaló Vidulfo Rosales, abogado que acompaña a los padres de los normalistas.
“Si no hay un diálogo con el presidente, si él sigue desdeñando al movimiento, si él sigue siendo indiferente a la petición de padres y madres de avanzar ante temas esenciales, la protesta va a continuar. Nos vamos a retirar en los días de Semana Santa y aquí vamos a estar durante toda la campaña y nos vamos a aparecer en todos los actos de campaña que haga Claudia Sheinbaum”, advirtió Rosales.
En el mitin de arranque de campañas presidenciales, el 1 de marzo, el plantón de los padres de Ayotzinapa se mantuvo y de la candidata presidencial, no hubo ninguna referencia hacia los padres.
“Ahorita el presidente está muy preocupado de que nosotros podamos irrumpir en las campaña de la candidata”, agrega Clemente Rodríguez.
El caso Ayotzinapa va a afectar a la campaña, indudablemente, y los partidos de oposición, también lo van a utilizar como un instrumento a su favor, eso está claro” – Mauricio Macotela, catedrático de la UIC.
Para José Perdomo, experto en Derecho de la Universidad La Salle, el caso Ayotzinapa, además de ser un asunto de acceso a la justicia y reparación del daño, siempre ha sido un asunto político, pero antes fue aprovechado por el presidente, para prometer que él sí daría a los padres el paradero de los jóvenes, pero ahora se le está revirtiendo.
“El caso Ayotzinapa es muestra de que se está politizando la impartición de justicia, es decir, estamos politizando los problemas que son de índole estrictamente judiciales”, comenta.
Un caso que se desmorona
El enojo de los padres tomó fuerza hace unos meses cuando las investigaciones y los pequeños avances del caso Ayotzinapa comenzaron a desmoronarse: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejó la investigación, Omar Gómez Trejo salió de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso, también, las autoridades liberaron a ocho militares y Alejandro Encinas dejó la titularidad de la Comisión para la Verdad Ayotzinapa.
Se sumó otro elemento: la resistencia de las Fuerzas Armadas a entregar información clave en la investigación. Ese es uno de los elementos que más tiene molestos a los padres.
“Hay pruebas palpables, las pruebas que presentaron los expertos independientes, los abogados, son testimonios, de los registros que han sacado los expertos independientes de que hubo una manipulación por parte del Ejército. O sea, hay pruebas donde nosotros sabemos que el Ejército participó”, agrega Clemente Rodríguez.
Para el académico de la UIC, es justo la protección al Ejército lo que genera la insatisfacción de los padres de los normalistas.
“Los padres no se van a quedar satisfechos con esa verdad histórica, que al final es la misma que en el gobierno de Peña, ellos saben que hay altos mandos del Ejército involucrados, y si no entregan las cabezas de los altos mandos del Ejército, es un asunto que lo van resolver”, considera.
El presidente, lejos de evitar confrontarse con los familiares, los ha acusado; por ejemplo, en la mañanera de este 12 de enero mostró resorteras y balines con los que dijo se quiso atacar Palacio Nacional, expuso esos objetos para argumentar que no querían dialogar.
Desde el gobierno se ha intentado dividir a los padres de los 43. El presidente López Obrador ha señalado a los abogados y organizaciones que les acompañan de quererlos manipular y de haber defendido, en su momento, a presunto implicados en la desaparición de los jóvenes.
“El presidente está totalmente equivocado, nadie nos manipula. Nosotros decimos que ellos son los que han fallado porque no ha cumplido con su su decreto, con lo que él se comprometió con nosotros”, dice Rodríguez.
En su conferencia, el presidente López Obrador dijo la semana pasada que los abogados y asesores de los padres de Ayotzinapa “manipulan políticamente indagatorias”.
“Quiero tener más pruebas porque quiero hablar con ellos y pruebas de cómo se manipuló la investigación para proteger a ciertas gentes. La responsabilidad que tienen abogados de ellos y los supuestos defensores de derechos humanos (…) y de otras organizaciones y cómo están vinculados con (Emilio) Álvarez Icaza y con la OEA y lo que quieren no es que lleguemos a conocer la verdad y que se haga justicia, sino que ya lo tienen como una bandera en contra de nosotros”, dijo el mandatario el pasado 6 de marzo.
Riesgo de desestabilización
El caso Ayotzinapa ha ido subiendo de tono. En las últimas semanas, no solo se interrumpió el diálogo y se realizaron protestas, también un estudiante de la Normal fue asesinado en Guerrero este 7 de marzo y aunque el presidente prometió que no habrá impunidad en ese nuevo expediente, el policía señalado de haber disparado al joven se dio a la fuga.
“El hecho de haber matado a un estudiante por el hecho de no pararse en un retén, cuando los padres dijeron que nada más traían piedras y les armaron, obviamente les pusieron armas de fuego, les pusieron droga precisamente para tratar de justificar, entonces creo que es un asunto que ya está escalando a nivel internacional y lo que pasó en el Palacio Nacional no es algo que se va a tomar a la ligera, es una llamada de atención súper y riesgo de desestabilización del gobierno”, alerta el catedrático de la UIC.
En la recta final de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador está lejos de cumplir con lo que anunció en su mitin de Guerrero: “Yo voy a cumplirles y el tiempo lo dirá”.
Para los expertos, este caso se perfila como una herencia que recibirá Claudia Sheinbaum, en caso de convertirse en la primera mujer en gobernar México, la cual también tendrá que enfrentar durante la campaña.
“El presidente se dio disparo en el pie al haber asegurado que este asunto lo iba a arreglar… Se va a ir el presidente López Obrador sin resolver este problema, lo va a dejar a quien en este caso llegue a la presidencia de la República el próximo sexenio”, afirma.
