Base de datos del servicio de inmigración revela que la crisis continúa con 9.2 millones de casos acumulados

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La falta de fondos por parte del Congreso para la contratación de personal de manera urgente en todas las áreas mantiene el atasco en la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). Nada apunta por ahora a que la situación vaya a mejorar.

Univisión.- Cuando en febrero el servicio de inmigración reportó que durante el año fiscal 2023 había atendido una cifra récord de solicitudes de 10.9 millones de casos, muchos pensaron que la agencia federal se encaminaba a revertir una crisis de acumulación de formularios debido a varios factores, entre ellos escasez de presupuesto, falta de personal, la pandemia del covid-19 y la política de ‘tolerancia cero’ durante el gobierno de Donald Trump entre 2017 y 2021.

Trump redujo significativamente la capacidad de servicio de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y reasignó funciones a sus agentes en apoyo a labores de aplicación de la ley de inmigración.

También limitó el asilo aumentando sus requisitos, impuso severas restricciones a beneficios legales disponibles, publicó una nueva regla de carga pública, eliminó programas humanitarios como el TPS (Estatus de Protección Temporal) y dedicó tiempo y recursos para revisar más de 350,000 casos de ciudadanía por naturalización en busca de fraude.

Tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en enero de 2021, la agencia inició un difícil proceso de restablecer el área de servicios. Pero se ha topado con escasez de presupuesto y de personal y un aumento considerable de solicitudes de todo tipo de beneficios.

Entre esas solicitudes figuran los pedidos de ‘asilos afirmativos’, autorizaciones de empleo para asilados, programas humanitarios de libertad condicional y un elevado número de entrevistas de ‘miedo creíble’ en la frontera con México para casos de ‘asilos defensivos’, procesos que deben ser conducidos por un insuficiente número de agentes de asilo de USCIS.

En el informe de febrero, la directora de USCIS, Ur M. Jaddou, dijo que la dependencia, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), había “completado un número récord de casos” y respondido “a crisis emergentes en todo el mundo con ayuda humanitaria esencial”.

Pero, a pesar de haber completado más de 10 millones de casos que estaban pendientes, “USCIS recibió 10.9 millones de casos nuevos”, manteniendo casi intacto el número de solicitudes en espera.

Miles están bajo la amenaza de una deportación

La actualización de la base de datos de casos acumulados de USCIS al 30 de junio (final del tercer trimestre del año fiscal 2024) revela que la agencia tiene 9.248,571 solicitudes de beneficios.

Y el número de peticiones o formularios recibidos hasta esa fecha era de 9.592,636 solicitudes con la adjudicación de 8.269,670 peticiones. El reporte agrega que 928,739 solicitudes fueron denegadas.

“USCIS ha tratado de buena fe modernizarse, pero no lo ha logrado con los recursos que el Congreso le otorga y las políticas que los gobiernos de turno han implementado en las últimas dos décadas”, dijo Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.

“Ahora esperamos que el nuevo presidente o presidenta que resulte electo el 5 de noviembre entienda el problema y ayude a acelerar la solución del problema”, consideró.

Barrón advirtió que el atasco “tiene repercusiones graves” a todo nivel. “Principalmente asuntos relacionados con la Corte de Inmigración (EOIR)”, donde a diario se ven casos “de personas luchando para no ser deportadas viviendo una agonía durante años” debido a las demoras. “Estas personas que luchan por sus derechos de permanencia viven aterrorizadas”, indicó.

Otro grupo severamente afectado son aquellos cónyuges indocumentados de ciudadanos que no tienen una admisión legal y tienen aprobada una solicitud de ajuste I-130 para salir del país, hacer el trámite consular y obtener una visa de inmigrante para que les den la residencia permanente.

“Deben primero pedir un perdón I-601ª, que antes demoraba entre tres y cinco meses. Ahora tarda 43 meses en promedio y, durante la espera, la persona no sabe si será detenida y deportada”, explicó.

Al no tener una admisión legal a Estados Unidos, al poner un pie fuera del país, al cónyuge le aplica la Ley del Castigo, que sanciona con tres años fuera si la presencia indocumentada supera los 180 días y con 10 años si la acumulación de tiempo ilegal pasa de los 365 días.

La lista de afectados también incluye miles de asilos afirmativos. “Tengo casos de cinco años de espera para un ‘asilo afirmativo’”, dijo el abogado Alex Gálvez, quien ejerce en Los Ángeles, California. “Para obtener la entrevista (de miedo creíble), que antes demoraba entre tres y seis meses, ahora puede tardar hasta cinco años” debido al alto número de casos acumulados en USCIS.

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Estas demoras “socavan” el estado de derecho

Para la abogada de inmigración Rebeca Sánchez-Roig, una exfiscal de inmigración que ejerce en Miami, Florida, tanto en USCIS como en el DHS “un expediente representa a una persona, una vida”.

Y el atasco “ha sido un problema muy serio durante muchos años, problema que aumentó durante el covid cuando el gobierno (en 2020) dijo que no iban a ampliar su fuerza laboral. Es más, pensaban mandar a muchos empleados a sus casas vía el proceso de ‘furlough’, un despido temporal de los empleados por necesidades especiales de una empresa o empleador.

En cuanto a cuáles son las principales afectaciones causadas por el atasco de formularioe en USCIS, Sánchez Roig mencionó:

  1. Socavan el estado de derecho y alientan la inmigración indocumentada
  2. Fomentan el empleo sin autorización y manejar sin licencia
  3. Crea vulnerabilidades e interrupciones en la agencia
  4. Relentiza muchas vías de la inmigración legal (fomenta el cruce ilegal en la frontera)
  5. Perjudican a las empresas que patrocinan empleados
  6. Imponen gastos económicos a los proveedores de servicios sin fines de lucro y a los gobiernos estatales/locales
  7. Indica que USCIS no está cumpliendo con sus obligaciones legales
  8. Impacta negativamente a los casos ante la Corte de Inmigración y el Departamento de Estado (DOS)
  9. Castiga a aquellos inmigrantes que tienen pendientes sus casos de ciudadanía
  10. Aumenta los costos del inmigrante que en muchísimas ocasiones tiene que volver a hacerse ciertos exámenes, como el médico para la residencia

Los casos más afectados por las demoras

De acuerdo con la base de datos de USCIS, al 30 de junio de 2024 había:

  • 9.248,571 casos pendientes de aprobación
  • 1.940,814 peticiones familiares de ajuste I-130
  • 1.260,915 formularios I-589, peticiones de ‘asilo afirmativo’
  • 1.032,289 formularios I-485, peticiones de registro de ajuste para residencia permanente
  • 763,229 formularios I-765, autorizaciones de empleo
  • 470,561 formularios N-400, solicitudes de ciudadanía por naturalización
  • 417,413 formularios I-131, autorizaciones de viaje
  • 381,677 formularios I-918, peticiones de visa U
  • 346,111 formularios I.90, peticiones de reemplazo de ‘green card’
  • 344,263 formularios I-821, estatus de protección temporal TPS
  • 285,819 formularios I-765, peticiones de permiso de trabajo para asilados
  • 218,513 formularios I-765, peticiones de permiso de trabajo por ajuste de estatus
  • 236,111 formularios I-130, peticiones para renovar condiciones de residencia
  • 146,669 formularios I-765, peticiones de permiso de trabajo bajo DACA
  • 139,653 formularios I.821D, dreamers protegidos por DACA
  • 120,902 peticiones de perdón I-601ª
  • 94,241 formularios I-140, peticiones de trabajador por parte de un empleador

En el caso de las visas U, el Congreso autorizó una cuota anual de 10,000 visas. Debido al alto número de solicitudes presentadas a USCIS, existe una espera promedio de 31 años.
USCIS reitera que “continuamos solicitando al Congreso que apruebe la solicitud de fondos suplementarios de la administración, incluidos recursos adicionales para que cubra los déficits proyectados y contrate personal adicional”.

En octubre del año pasado, la Casa Blanca de Biden pidió al Congreso una partida presupuestaria de emergencia de $14,000 millones para aumentar la seguridad en la frontera sur. Entre otros destinos, el dinero se iba a utilizar en la contratación de 4,300 agentes de asilo y la creación de 100 nuevos tribunales de inmigración como parte de un plan para descongestionar USCIS y la Corte de Inmigración.

El pedido de la administración fue rechazado en febrero y luego en mayo por parte de los republicanos, a pesar de existir un acuerdo bipartidista previo. El gobierno de Biden acusó al expresidente Trump de boicotear el acuerdo para mantener la situación de crisis en el sistema y con ello justificar el discurso de campaña del exmandatario.

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