Desde 2019 hasta la fecha, el Centro Nacional de Inteligencia ha incumplido la orden presidencial para entregar al Archivo General de la Nación toda la información que posee sobre violaciones a derechos humanos, advierte un informe del Mecanismo para la Verdad. Hasta ahora, solo ha entregado el expediente sobre Manuel Buendía.
Animal Político.- El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), ha incumplido la orden que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió desde 2019 para que todas las instituciones del gobierno federal entreguen al Archivo General de la Nación (AGN) la información que tengan sobre violaciones a derechos humanos.
Así lo advierte el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), instancia que forma parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEHJ), y que este martes publica un informe sobre los incumplimientos del CNI.
La denuncia del MEH se da a menos de un mes de que otra instancia, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), lanzara un reclamo similar dirigido al Ejército y a la Marina, dependencias a las que acusó de obstaculizar sus investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa al no entregar toda la información que tienen en su poder.
Ahora, el documento del mecanismo señala que conocer la información en cuestión es indispensable para entender qué ocurrió durante el periodo 1965-1990. También resalta que el CNI no solo tiene en sus manos los registros de las actividades del CISEN —su antecesor inmediato—, sino también de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN).
“La DFS, DGIPS, DGISEN y el CISEN estuvieron a cargo del monitoreo, investigación, vigilancia y combate de las actividades de individuos y colectividades señaladas como enemigos y opositores del Estado: líderes políticos, campesinos, sindicalistas, estudiantes, personas de ciudadanía extranjera, organizaciones religiosas, movimientos fascistas y de derecha, agrupaciones comunistas y anarquistas, asociaciones de las clases medias, movimientos armados y un largo etcétera”, dice el informe.
“La importancia de los documentos de estas dependencias, también denominados ‘archivos de la represión’, consiste en que permiten conocer las lógicas de la violencia y las estrategias represivas empleadas por el Estado contra sus enemigos y opositores”, agrega.
El documento señala que el equipo del MEH detectó diversas irregularidades en la actuación del CNI en esta materia, como afirmar que ya había cumplido con la entrega de información sin tener las actas que lo comprueben.
Hasta ahora, de acuerdo con el informe, el CNI solo ha entregado al AGN el expediente del asesinato del periodista Manuel Buendía, ocurrido el 30 de mayo 1984. Dicho expediente está integrado por una caja con 10 legajos, en los que hay 816 fojas, 315 negativos y seis fotografías, pero ha sido lo único brindado a lo largo de cuatro años.
El documento señala que personal del MEH también revisó los catálogos y depósitos del AGN, en los cuales encontró discrepancias o elementos faltantes. Para el mecanismo, esto lleva a la hipótesis de que hubo información relacionada con violaciones a derechos humanos que simplemente nunca se entregó al AGN o que incluso se sustrajo de ahí.
Como ejemplo, el informe advierte que hay fichas que se refieren a documentos que no están almacenados, o bien, a expedientes incompletos. Tan solo un caso es el de expedientes de narcotraficantes que fueron elaborados pero no están archivados.
“Hay tarjetas catalográficas que evidencian la existencia de expedientes creados por la institución de inteligencia, pero que no aparecen en los catálogos y que, por lo tanto, no están disponibles para consulta en el acervo documental del AGN. La información ubicada perteneció tanto a la DFS, DGIPS, DGISEN y CISEN, y se trata de los casos específicos de Ernesto Fonseca Carrillo (Imagen 16), Miguel Ángel Félix Gallardo (Imagen 17), y Enrique Camarena Salazar (Imagen 18)”, detalla el documento.
“El CNI no ha mostrado voluntad”
Para el mecanismo, todas estas situaciones impiden que tanto su propio personal como la CoVEHJ —creada el 10 de junio de 2021— avancen en su labor de esclarecer los hechos relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas en la segunda mitad del siglo XX.
“A 22 meses de la creación de la CoVEHJ y faltando 13 meses para la entrega de su informe, al MEH no se le ha dado acceso a dicha documentación ni se ha hecho de su conocimiento dónde y bajo qué jurisdicción se encuentra esta”, señala el informe.
“En suma, el CNI no ha mostrado voluntad de estar acatando el acuerdo presidencial que lo obliga a abrir estos archivos para los usos que el decreto de creación otorga a la CoVEHJ”.
Desde el inicio del sexenio, cuando el CISEN se convirtió en CNI, su titularidad la asumió el general Audomaro Martínez Zapata, un militar en retiro cercano al presidente López Obrador.
En diversas ocasiones, el mandatario ha defendido el trabajo del CNI bajo el argumento de que este ya no espía a opositores políticos como antes lo hacía el CISEN, aunque el informe del Mecanismo para la Verdad resalta que el organismo actual no colabora con el esclarecimiento de hechos del pasado.
“El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico hace un llamado al Centro Nacional de Inteligencia a acatar la orden del presidente de la República en el sentido de que corresponde a su gobierno y al Estado mexicano ‘permitir que se tenga acceso a todos los archivos de todas las dependencias, sin ningún límite, y también el que no haya obstáculos y que no haya impunidad para nadie’ como lo declaró en el acto inaugural de los trabajos de la Comisión de la Verdad del periodo 1965-1990”, subraya.
