Habitantes de la capital de Guerrero intentan recuperarse del homicidio de su alcalde, Alejandro Arcos, mientras su territorio es vigilado por cientos de militares y dos facciones criminales.
Expansión.- Alejandro Arcos Catalán abrazó durante su campaña la bandera de la paz para la capital de Guerrero, disputada por “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, dos organizaciones criminales locales dedicadas al narcotráfico y a la extorsión. “¡Juntos tendremos la oportunidad de salvar a Chilpancingo!”, gritó en las calles y plazas públicas. Abanderado por la alianza PAN-PRI-PRD, derrotó a Morena en las urnas por menos de dos mil votos, pero apenas seis días después de asumir el cargo de alcalde, lo mataron, lo decapitaron y lo exhibieron.
La muerte de Arcos Catalán no sólo cimbró a Chilpancingo, lo hizo en todo el país. Su caso llegó a las portadas de los diarios nacionales e internacionales y también tuvo un impacto en la estrategia de seguridad implementada por la nueva administración de Claudia Sheinbaum.
Al menos 250 militares fueron desplegados en sus calles, las cuales ya estaban plagadas de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tras las inundaciones provocadas por el huracán “John” y por la propia inseguridad que caracteriza a la región.
Ahora los habitantes de la capital de Guerrero trabajan, estudian, comen y beben chilate rodeados de elementos castrenses. En los mercados, en las calles, afuera de las plazas, en la periferia de los cajeros, en la central de autobuses y en los bulevares, agentes federales y estatales vigilan a bordo de vehículos oficiales o a pie. Lo hacen con mayor énfasis en el primer cuadro del municipio, en el zócalo, donde despachó Catalán durante menos de una semana y ahora miembros de su equipo reúnen llaves para levantarle un monumento metálico al que, dicen, “siempre será su presidente”.
“El licenciado Arcos dedicó su vida a servir al pueblo de Chilpancingo, empezó muy chiquito con ese sueño: él decía que quería ser presidente. Se burlaban de él, pero empezó ayudando a su pueblo. Él tuvo un cargo antes, donó su salario a las obras de Chilpancingo. No hay ningún salario que pueda ayudar mucho como él lo quería, pero él lo donó para obras publicas, para alumbrado publico, a la Sierra iba y ayudaba con maquinarias”, cuenta Claudia Hernández, quien lo acompañó durante su campaña electoral.
Arcos, oriundo de Chilpancingo o Chilpo, como le dicen sus habitantes, tenía 43 años cuando ganó la alcaldía de la capital de Guerrero. Él único cargo público en el que se había desempeñado hasta entonces fue justo el que menciona Hernández: entre septiembre de 2012 y agosto de 2015, trabajó en el Congreso de Guerrero como diputado local.
Sus simpatizantes y también personas que no lo vieron como opción política en junio pasado ahora se reúnen para dejarle veladoras a su foto. “¡Hasta siempre, presidente!”, dice una de las pancartas en su honor. “¡Es un acto de terrorismo!”, dice otra. Entre los mensajes también destacan las exigencias de renuncia a Evelyn Salgado , la gobernadora del estado donde la violencia, la pobreza y los desastres naturales no dan tregua.
Chilpancingo y la disputa criminal
“Los Ardillos” y “Los Tlacos” tienen orígenes distantes en tiempo, cercanos en geografía. Mientras que de los primeros hay reportes a principios de siglo, los segundos aparecieron en el mapa hace menos de 10 años, en 2017.
“Los Ardillos” hacen referencia directa al que se dice es su fundador, el expolicía rural Celso Ortega Rosas, apodado ‘La Ardilla’. Surgieron como un grupo armado que poco a poco fue tejiendo alianzas con otros grupos regionales para controlar el trasiego de las drogas. En la banqueta de enfrente, “Los Tlacos”, presuntamente liderados por un hombre conocido como Onésimo “El Necho” Marquina, se desprendieron de lo que fue una policía comunitaria o que así se hacía llamar.
A ambas organizaciones se les han adjudicado masacres y episodios violentos ocurridos en la región de la Montaña y los municipios centrales de Guerrero. “Ardillos” y “Tlacos” tienen un sistema de “gobernanza criminal” en el estado y cuentan con una base social de apoyo que ha intervenido cuando se les ha intentado desmantelar, señala el analista político David Saucedo.
“Entrar a Chilpancingo para capturar a los líderes de estos dos grupos implica un derramamiento de sangre importante. No sería sencillo. Seguramente habría pérdida de vidas de personas civiles. Además muchos grupos políticos de allá en Guerrero se han nutrido y se han servido del respaldo de estos grupos criminales. Es decir, los grupos del narcotráfico en Guerrero han construido anillos de protección política”, explica el experto.
De acuerdo con el último informe de seguridad federal presentado por la administración de Andrés Manuel López Obrador, Chilpancingo es una de las 50 ciudades más violentas de México: ocupa el lugar 27. Las células delictivas ya no solo se ocupan de la producción y distribución de drogas. En los últimos años, el cobro de piso y las extorsiones a transportistas han acaparado la atención de las autoridades, sin avances favorables al respecto. En los mercados de esa capital se ha documentado hasta el narco-impuesto que obligan a pagar a los locatarios, de no hacerlo, las llamas de un incendio provocado puede acabar con su patrimonio o las balas con su vida.
Los grupos criminales que protagonizan la violencia en Chilpancingo utilizan prácticas de terror, como la decapitación, para amedrentar a los políticos de la región para que formen parte de su sinergia delictiva. A través del miedo, han logrado que se les entreguen direcciones de la policía, de tránsito, de fiscalización; en ocasiones hasta el manejo del presupuesto de obra pública, además del control de los mercados, enumera Saucedo.
Lo que le hicieron a Alejandro Arcos es una práctica común entre “Los Ardillos” y “Los Tlacos”. Tan solo entre junio de 2023 y octubre de este 2024, la prensa local ha documentado 12 casos de decapitación en Chilpancingo. El del alcalde sería el número 13 en ese lapso. Pero si se amplía la búsqueda hacia los municipios vecinos —donde también operan ambos grupos— la cifra se amplía con casos en Tixtla, en Chilapa, en Iguala y Acapulco.
“El problema de Guerrero es que es un microcosmos criminal. La geografía del lugar, los terrenos semiáridos, montañosos, con muchas cuevas, con lugares para esconderse, permiten que prácticamente cada municipio tenga su propia organización criminal, y por supuesto que grabaciones como la de la exalcaldesa reuniéndose con lideres criminales no abona al Estado de derecho de la zona”, dice Víctor Hernández, profesor del Tecnológico de Monterrey y experto en temas de seguridad.
En 2023, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, entonces titular de la alcaldía de Chilpancingo, fue filmada en un restaurante de la comunidad de San Martín, en el municipio de Quechultenango, durante una reunión con Celso Ortega Jiménez, el líder criminal. Morena la expulsó de sus filas después de que medios de comunicación divulgaran la cinta. Ella nunca dijo exactamente cuál fue el objetivo del encuentro narco-político.
De acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, antes de ser asesinado, Catalán decidió prescindir de su escolta para adentrarse en una camioneta a la comunidad de Petaquillas, a menos de 15 kilómetros de la cabecera municipal. Iba a una reunión. Nadie volvió a verlo con vida. La zona a la que decidió ir sin su anillo de seguridad es controlada por Ortega Jiménez, aquel que comió por lo menos una vez con la excaldesa Norma Otilia.
“Este individuo (Alejandro Arcos), por la razón que sea, no funcionaba a sus intereses, y hay que ver la imagen más amplia: no solo lo asesinan a él, asesinan a dos de sus funcionarios. Eso pasa en los municipios de México y ahí está el principal eslabón de debilidad: en el gobierno municipal, y justo son las policías municipales las que son más afectadas por la militarización y la federalización de la estrategia de seguridad”, añade Víctor Hernández.
“¡Hasta siempre, presidente!”
Un elemento de la Guardia Nacional patea el balón con el que niños juegan en la plaza principal de Chilpancingo. Quién sabe cómo logra darle dirección para devolverlo, pues lleva casi la mitad del rostro cubierto con una tela negra. Los pequeños futbolistas le agradecen el pase y él regresa con sus compañeros. Un instante después el partido se reanuda. Mientras tanto, otros menores intentan aprender a patinar delante de la Catedral Asunción de la Virgen María, cuyas campanas repican al caer la tarde para que el pueblo vaya a misa, la cual lleva varios días con la dedicatoria al que fue el alcalde durante unas horas.
A unos 50 metros, en la periferia del Ayuntamiento, Claudia y Alberto llegan al final de la jornada de recolección de llaves para la estatua. Volverán mañana y tal vez el próximo fin de semana. Antes de apagar la bocina, uno de los últimos discursos de Catalán vuelve a resonar en el primer cuadro de la ciudad capital. “Levantemos nuestras voces y construyamos el futuro que todos nos merecemos. Estamos a punto de hacer historia”, se escucha en la voz del alcalde finado.
El garrafón usado para recolectar el metal que luego será fundido llega casi al límite. Atrás de ellos, una mujer comienza a prender las veladoras que ciudadanos dejaron durante la mañana y la tarde.
“Él nos enseñó, nos orientó. Decía que la paz para él era lo primordial. Quería ser presidente para dar el ejemplo de que Chilpancingo sí podía salir de la crisis que hemos tenido”, dice Claudia. ”Es mucho el cariño, se están recolectando llaves, chapas, candados, porque la gente lo pidió, es una iniciativa de la ciudadanía”, añade Alberto.
El rostro de Alejandro Arcos aún puede verse en las calcomanías pegadas en las fachadas de los domicilios. “¡Hasta siempre, presidente Alejandro!”, dice una pancarta que emula las bardas que se despidieron de López Obrador. En la jornada electoral de junio, 48,658 personas votaron por él.
Su oficina ya es ocupada por Gustavo Alarcón Herrera, su suplente, quien recorre la capital bajo un dispositivo de seguridad federal y a bordo de vehículos blindados. “Con miedo”, dice él, pero por Chilpancingo y “por Alejandro”.
Al menos durante mediados de este octubre, la capital guerrerense tiene vida nocturna, venta en sus mercados, baile en sus plazas, gente en su cine, transporte público en sus vialidades y faros prendidos en las calles que recorren una y otra vez los elementos de la Guardia Nacional. Todo mientras en la central de autobuses madres pegan las fichas de búsqueda de sus hijos. Todo mientras organizaciones civiles y políticos advierten que el despliegue militar no es la respuesta para frenar la violencia.
“Podrían construir 200 cuarteles militares, la solución no es esa. No es el despliegue militar, precisamente porque los militares no han podido con el paquete, no saben hacer labores de seguridad pública. No es un problema de Guerrero, es un problema de México, seguimos dándole el voto a partidos de todos los colores que fracasan en la estrategia de seguridad”, dice Víctor Hernández.
Chilpancingo, “el lugar de las avispas”, que un día fue utilizado por José María Morelos y Pavón como sitio estratégico en la lucha independentista, hoy vive entre las botas de los elementos castrenses que los cuidan y la amenaza de “Ardillos” y “Tlacos”, quienes ya desmostaron no respetar ni siquiera al político de más
