En tribuna del Pleno del Congreso del Estado, el diputado José Luis Fernández Martínez, pidió a la Directiva y a las comisiones dictaminadoras que se convoque a un gran Parlamento Abierto para discutir a través de foros y consultas la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, para aumentar los mínimos y máximos de las penalidades del delito de violación, así como adicionar la medida de seguridad el uso de tratamiento médico mediante el uso de fármacos, y terapia psicológica y/o psiquiátrica, conocido como castración química.
A la iniciativa presentada por las y los legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), se adhirieron en sesión ordinaria, las y los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, Edmundo Azael Torrescano Medina y Alejandro Leal Tovías; el diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Juan Francisco Aguilar Hernández; y de MORENA, la diputada Lidia Nallely Vargas Hernández.
El diputado José Luis Fernández Martínez, coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, señaló en tribuna, “solicito a las comisiones de dictamen y a la Directiva del Congreso del Estado para que se abran ciclos de foros y consultas para invitar a académicos, a la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, a la Fiscalía General del Estado, al Poder Judicial y representantes de los colectivos defensores de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos para discutir esta iniciativa”.
“Debemos convocar un gran Parlamento Abierto para escuchar a todas y todos, para construir juntos una norma que deje ser idea de dos fracciones parlamentarias y que se convierta en una norma para el estado de San Luis Potosí, que sea la sociedad quien decida como enfrentar el delito de violación”.
Puntualizó que, la idea legislativa que se presenta tiene que ver con uno de los hechos que más lastima a la sociedad, porque, sin duda el delito de la violación genera daños y agravios permanentes en las victimas y un gran enojo en la comunidad.
Se propone un aumento importante en las sanciones en contra de quien cometa el delito de violación. Actualmente la ley establece una pena de 3 a 8 años de prisión a quien cometa este delito, la propuesta es que aumente de 10 a 20 años de prisión.
“También propone la oportunidad de explorar otros medios que pudieran generar medidas de garantía a favor de las víctimas y de la sociedad, se trata de un modelo inédito y novedoso que tiene como objetivo garantizar que estas conductas no se repitan en el estado”.
“Si logramos una norma que incluya el uso de sustancias hormonales para inhibir este delito lograremos estar a la vanguardia y a la altura de países de primer mundo. Esta no es idea descabellada, ya opera en otros países, existe un modelo en España y en Francia y, en Estados Unidos de Norteamérica lo utilizan como una medida de control en las penitenciarías”, puntualizó.
La iniciativa fue turnada para su análisis y discusión a las comisiones de Justicia; Derechos Humanos; Salud y Asistencia Social; Igualdad de Género.
