La Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción, Coparmex y las asociaciones civiles Familias Unidas Por Los Derechos Humanos De Los Trabajadores de Alto Riesgo AC y Mexiro, manifestaron y exigieron un cese absoluto a los actos de violencia de género cometidos en contra de las tres integrantes mujeres del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí, generados por parte de Juan Ramón Infante Guerrero, integrante del propio CPC, que dio motivo a la Recomendación 06/2023 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado.
En un comunicado, las y los integrantes de la Comisión de Género de la Red de Comités de Participación Ciudadana exhortaron a las autoridades del Sistema Estatal Anticorrupción, a través de la Secretaría Ejecutiva, para que brinden la máxima protección a las mujeres integrantes del CPC de San Luis Potosí.
Las integrantes del CPC que están siendo víctimas de violencia de género, denunciaron ante las instancias legales, a efecto de que garanticen la salvaguarda de sus derechos civiles y políticos; lo anterior con el fin de que, en condiciones de dignidad y seguridad, puedan llevar a cabo las funciones del encargo para el que han sido designadas.
En el pronunciamiento, dijeron confiar en que el Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí, cumplan con lo establecido en el capítulo 5 de la Recomendación y realice las acciones de máxima protección a las integrantes mujeres del CPC.
La Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción solicitó que se denuncien los hechos ante la Fiscalía General del Estado, para realizar las investigaciones y garantizar el acceso a la justicia, la reparación del daño y la no repetición.
Por su parte, Claudia Patricia Palma Serralde, presidenta de Familias Unidas Por Los Derechos Humanos De Los Trabajadores de Alto Riesgo AC, también se pronunció al respecto de este tema y señaló que el objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción es el de promover la transparencia, la rendición de cuentas y la erradicación de prácticas corruptas en todos los niveles de gobierno.
“Sin embargo, esta tarea se dificulta cuando existe violencia de género en los Sistemas Estatales Anticorrupción y el propio Sistema Nacional Anticorrupción, pues esto imposibilita el trabajo y atenta contra los derechos humanos de las mujeres que conformamos los Comités de Participación Ciudadana.
Lamentó que mujeres integrantes del CPC de San Luis Potosí hayan sido víctimas de violencia de género, lo que obstaculiza su desempeño en la labor de denunciar y prevenir la corrupción.
“Desafortunadamente este tipo de violencia ha sido utilizada como herramienta de control para silenciar a las personas que buscan exponer actos de corrupción. Cuando se perpetúa la violencia de género en nuestras instituciones y en la sociedad en general, se socavan los principios fundamentales de igualdad y justicia que deberían guiar al Sistema Nacional Anticorrupción”, afirmó.
