Con 100 MDP se restituirá la Protección Civil que abandonó la herencia maldita

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Como nunca antes, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí está preparado para enfrentar un desastre natural o emergencia que vulnere el bienestar de las y los potosinos, puesto que en el presupuesto de este año se destinarán 100 millones de pesos para atender cualquier contingencia, manifestó el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Al encabezar una reunión con la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, efectuada en Palacio de Gobierno, anunció la puesta en operación de la Escuela Nacional de Protección Civil, que la herencia maldita debió crear desde el año 2009.

Agregó que, desde que inició su administración se ha dado equipamiento a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC): se destinaron dos aeronaves para el combate de incendios forestales y se habilitaron más refugios temporales, pasando de 66 a 223 en todo el territorio potosino.

Gallardo Cardona expresó que en próximos días, se convocará a las y los 58 presidentes municipales con el fin de que reciban los Atlas de Riesgos, y que a partir de ello reinicien planes estratégicos de actuación y fortalecimiento de la cultura preventiva en la ciudadanía.

Afirmó que desde el nuevo Gobierno potosino se cuenta con una infraestructura acorde a las eventualidades de incidencia, además de reiterar el apoyo por parte de la Federación: “estamos en buenas manos y nos sentimos protegidos, y la más contenta será la población, ya que nuestro único fin es y será salvaguardar la integridad de las y los potosinos”.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Protección Civil expresó que el objetivo es tener una coordinación asertiva en beneficio de la gente, por lo cual todos los directores municipales de Protección Civil debe contar con capacitación, al ser quienes toman decisiones en los riesgos que enfrentan sus comunidades.

Finalmente, el responsable de Protección Civil en San Luis reiteró que en cinco meses se han dado cambios sustanciales en la dependencia, como es la revisión exhaustiva de protocolos de seguridad en empresas y establecimientos de todo el Estado, y la suma de esfuerzos con los municipios para dar mayores resultados a las y los potosinos.

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