Hoy la ministra presidenta de la SCJN rinde su último informe de labores ante una Corte fragmentada y encabeza el proceso de entrega del Poder Judicial a la administración entrante, que surgirá de los comicios del 1 de junio de 2025.
Proceso.- La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, llega a su último informe de labores con una institución profundamente dividida, derivado de la aprobación e implementación de la reforma judicial.
Con el voto del ministro Alberto Pérez Dayán durante la sesión del pasado 5 de noviembre que impidió a la Corte invalidar la reforma judicial, el bloque mayoritario quedó completamente derrotado junto con los miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que salieron a las calles a protestar contra dicha modificación constitucional.
Este martes 10 de diciembre se realizará el último informe de labores de la Suprema Corte, que fue concebida desde la reforma de 1994, pues para el año 2025 sus integrantes habrán sido elegidos por voto popular y su titular será un ministro o ministra con mucho menos poder que el de la actual presidenta de del Máximo Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal.
Actualmente en la SCJN hay sólo 10 ministros, pues el pasado 30 de noviembre concluyó el periodo de Luis María Aguilar Morales, quien formaba parte del bloque mayoritario.
Esta nueva conformación ha provocado que los votos de las tres ministras allegadas a la cuarta transformación, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, impidan al Pleno declarar inconstitucionales las normas o reformas impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o el actual gobierno de Claudia Sheinbaum.
Aunque en años anteriores los integrantes del Pleno procuraban mantener una imagen de unidad, este año los distanciamientos entre ellos fueron evidentes.
En diversas sesiones Lenia Batres ha sido tendencia en redes sociales por protagonizar desacuerdos con sus compañeros, ya sea por la falta de entendimiento de los procesos judiciales o porque de una u otra forma busca enfatizar la agenda política con la que llegó a la Corte para favorecer los intereses de la cuarta transformación.
Así ocurrió en aquella sesión del 5 de noviembre, en la que pese a que la Corte no pudo invalidar la reforma judicial por no alcanzar los votos requeridos, Batres Guadarrama se inconformó con que los ministros no realicen un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de dicha modificación.
Incluso protagonizó un encontronazo con el ministro Luis María Aguilar Morales, a quien acusó de contradecirse porque en otra ocasión había votado en contra de la procedencia de las impugnaciones contra las reformas constitucionales.
El ministro Aguilar Morales dedicó varias de sus intervenciones a aclararle a Batres Guadarrama que su postura establecía que las impugnaciones contra las reformas constitucionales sí proceden, dependiendo de su trascendencia, y refirió que en el caso concreto se trataba de una modificación que estaba “destruyendo al Poder Judicial”.
Promoción
Otra muestra de la división entre los ministros es que desde la aprobación de la reforma judicial las ministras Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz participaron en diversos foros y espacios de comunicación para hablar a favor de la elección de jueces magistrados y ministros por voto popular.
Al mismo tiempo, el resto de los ministros, incluido Pérez Dayán, realizó diversas declaraciones en foros académicos y medios de comunicación en contra de la reforma judicial. Sin embargo, su voto impidió que la Corte revisara la reforma. Pérez Dayán ha sostenido que el máximo tribunal carece de esa atribución.
En el encuentro entre los ministros de la Corte y la prensa, ocurrido la semana pasada, los grandes ausentes del evento fueron Batres, Esquivel, Ortiz y Pérez Dayán.
Esto no había acontecido en momentos anteriores, como en la administración de Arturo Zaldívar, en la que había claras diferencias de criterios entre Aguilar Morales, Pérez Dayán, Javier Laynez, Norma Piña y el entonces presidente de la Corte.
Tampoco ocurrió previo a la elección de Piña Hernández como presidenta del Máximo Tribunal, en la que los contendientes a dicho puesto estaban claramente definidos y se encontraban en plena campaña interna.
Así, la ministra Norma Piña se presentará ante los plenos de la Corte, del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), donde también hay una división entre los consejeros allegados a la cuarta transformación —Celia Maya, Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés y Sergio Javier Molina Martínez— y los allegados a ella; y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), institución que tiene su propia división y conflictos al ser mayoritariamente integrada por magistrados que han favorecido al gobierno federal con sus resoluciones.
Con estas divisiones, la ministra presidenta también encabeza el proceso de entrega del Poder Judicial a la administración entrante, que surgirá de los comicios del próximo 1 de junio de 2025.
