Confirmó la ASE corrupción en la Legislatura anterior del Congreso
Información de Pulso
La Auditoría Superior del Estado (ASE) confirmó irregularidades en el manejo de las partidas de gestoría institucional de la pasada Legislatura. En una revisión derivada de una denuncia de Ciudadanos Observando, el órgano detectó anomalías en el gasto de 11.3 millones de pesos, de un total 22.6 millones asignados a esa partida.
Entre las anomalías previamente denunciadas, la ASE detectó el uso de empresas “fantasma” para simular operaciones mercantiles, más de 100 presuntos beneficiarios que afirmaron no haber recibido los apoyos y en al menos un caso, la denuncia de un proveedor de robo de información fiscal para falsificar una adquisición.
El reporte final de la auditoría AEFPO-D01-PL/2019 concluye con un dictamen negativo del ejercicio de 22.6 millones de pesos contabilizados en transacciones del Congreso con proveedores de los ejercicios 2015, 2016 y 2017, que fueron denunciados por la organización Ciudadanos Observando.
“No se tiene evidencia de que los proveedores denunciados hayan proporcionado los bienes y servicios adquiridos”, concluye el reporte, con lo que convalida las denuncias realizadas dese hace años por parte de Ciudadanos Observando y varios medios de comunicación, entre ellos los de Editora Mival.
El reporte consigna que en la investigación derivada de la denuncia, se realizaron visitas domiciliarias a 31 proveedores utilizados por diputados de la LXI Legislatura para la presunta compra de bienes y servicios que supuestamente se destinarían a solicitantes de apoyos diversos.
Tras realizar visitas a las direcciones fiscales proporcionadas por 31 proveedores, en 24 casos, no se encontró a la empresa. O había inmuebles vacíos o sus ocupantes negaron a los auditores desconocer que allí operaran o hubieran operado dichas compañías.
En 2 casos, las compañías requeridas no aportaron información y sólo una aceptó hacerlo.
Además, la ASE encontró que buena parte de esas empresas fueron identificadas por el SAT como negocios que emitían comprobantes fiscales sin contar con activos, infraestructura, personal o capacidad de entregar bienes y servicios. Por ello, la ASE consideró esas operaciones como actos y contratos simulados.
Por otro lado, la auditoría buscó a 159 presuntos beneficiarios de los mencionados apoyos, de los cuales, 105 indicaron que no habían solicitado ni recibido los apoyos y negaron haber firmado algún documento relacionado con el trámite. Otras 43 personas no pudieron ser contactadas por los fiscalizadores, en algunos casos, porque fallecieron incluso antes de la fecha de la supuesta solicitud de recursos que hicieron y sólo once aceptaron haber requerido y recibido los apoyos legislativos.
