Corte Suprema de EE.UU. rechaza impugnación de la píldora abortiva mifepristona, permitiendo que siga en el mercado

CNN.- La Corte Suprema de EE.UU. rechazó este jueves una demanda que impugnaba el enfoque de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA por sus siglas en inglés) para regular la píldora abortiva mifepristona con un fallo que seguirá permitiendo que las pastillas se envíen por correo a los pacientes sin una visita en persona al médico.

La sentencia supone un importante revés para el movimiento antiabortista en el que ha sido el primer caso importante del Tribunal Supremo sobre derechos reproductivos desde que la mayoría conservadora anuló Roe vs. Wade en 2022.

El juez Brett Kavanaugh escribió la opinión para un tribunal unánime.

El tribunal dictaminó que los médicos y los grupos antiabortistas que habían impugnado el acceso al medicamento no estaban legitimados para demandar. Aunque técnico, el razonamiento del tribunal es importante porque podría alentar otras impugnaciones de la mifepristona en el futuro.

“Reconocemos que muchos ciudadanos, incluidos los médicos demandantes aquí, tienen preocupaciones sinceras y objeciones a que otros usen mifepristona y tengan abortos”, escribió Kavanaugh. “Pero los ciudadanos y los médicos no tienen legitimación para demandar simplemente porque a otros se les permita realizar ciertas actividades, al menos sin que los demandantes demuestren cómo se verían perjudicados por la supuesta falta de regulación de otros por parte del Gobierno”.

La industria farmacéutica se había opuesto vehementemente a la impugnación del fármaco, advirtiendo que una sentencia que cuestionara la normativa sobre la mifepristona podría abrir la puerta a impugnaciones legales contra todo tipo de medicamentos.

Según la Constitución, escribió Kavanaugh, “el deseo de un demandante de hacer que un medicamento esté menos disponible para otros no establece la legitimación para demandar.”

“Los ciudadanos y los médicos que se oponen a lo que la ley permite que otros hagan siempre pueden llevar sus preocupaciones a los poderes Ejecutivo y Legislativo y buscar mayores restricciones regulatorias o legislativas sobre ciertas actividades”, escribió.

Gran parte de la opinión de Kavanaugh abarcó los diversos umbrales legales que un demandante debe alcanzar para que sea apropiado que los tribunales intervengan en una disputa. En cuanto a los médicos y grupos médicos contrarios al aborto que demandaron al Gobierno federal por el actual régimen regulador del medicamento, Kavanaugh escribió que los demandantes no sufrieron ni los daños monetarios ni los físicos que podrían haber establecido la legitimación. Señaló que la ley federal ya protege a los proveedores de atención médica individuales que tienen objeciones a realizar abortos por razones morales.

“En resumen, dadas las amplias y exhaustivas protecciones de conciencia garantizadas por la ley federal, los demandantes no han demostrado – y no pueden demostrar – que las acciones de la FDA les causarán ningún daño de conciencia”, escribió Kavanaugh.

El juez Clarence Thomas escribió un voto concurrente para plantear otros problemas que tenía con las reclamaciones de legitimación de los grupos antiaborto.

El Departamento de Justicia, que defendía la normativa vigente sobre la píldora abortiva, no hizo comentarios inmediatos sobre la sentencia. Danco, un fabricante de mifepristona que había intervenido para defender también el acceso al fármaco, dijo estar “satisfecho con la decisión del Tribunal Supremo en este caso increíblemente importante.”

La sentencia, según Abigail Long, portavoz de Danco, “mantiene la estabilidad del proceso de aprobación de medicamentos de la FDA, que se basa en la experiencia de la agencia y en el que confían los pacientes, los profesionales sanitarios y la industria farmacéutica estadounidense.”

“La decisión también salvaguarda el acceso a un medicamento que tiene décadas de uso seguro y eficaz”, dijo Long en el comunicado.

Alliance Defending Freedom, un grupo jurídico conservador que presentó la demanda en nombre de los médicos antiabortistas, se mostró “decepcionada por el hecho de que el Tribunal Supremo no haya entrado en el fondo de la eliminación sin ley por parte de la FDA de las normas de seguridad de sentido común para el medicamento abortivo”, al tiempo que aludió al hecho de que la lucha legal por las normas podría continuar con otros demandantes.

Ingrid Skop, ginecóloga y obstetra contraria al aborto y miembro de uno de los grupos médicos que demandan a la FDA, dijo que era “profundamente decepcionante que la FDA no tuviera que rendir cuentas hoy por sus decisiones imprudentes”.

Se originó en Texas con un juez nombrado por Trump

Al principio del caso, los médicos antiabortistas y las organizaciones médicas que desafiaron las normas de la FDA trataron de retirar la mifepristona del mercado por completo, argumentando que no era segura, una afirmación que ha sido refutada por las principales organizaciones médicas.

Ese esfuerzo se produjo en un contexto de leyes estatales conservadoras que limitaban severamente el aborto en gran parte del país. Como esas prohibiciones contribuyeron a impulsar la demanda de abortos farmacológicos, la mifepristona se convirtió en un objetivo lógico del movimiento antiabortista. Según algunas estimaciones, los abortos con medicamentos representan casi dos tercios de todos los abortos en Estados Unidos.

Un juez federal de Texas nombrado por el expresidente Donald Trump, Matthew Kacsmaryk, se puso del lado de los grupos antiabortistas, pero su fallo nunca entró en vigor.

El Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE. UU. revocó parte de ese fallo, sosteniendo que la aprobación subyacente del medicamento, de dos décadas de antigüedad, se mantendría. Pero el tribunal de apelaciones se puso del lado de los médicos que impugnaron decisiones posteriores de la agencia que ampliaban el acceso al medicamento, incluida la posibilidad de dispensarlo por correo.

Ninguna de esas sentencias entró en vigor porque el Tribunal Supremo intervino el año pasado y ordenó que se mantuviera el statu quo en torno a la mifepristona hasta que los jueces revisaran el caso. El Tribunal Supremo escuchó los argumentos en marzo.

Mientras tanto, un grupo de estados liderados por el Partido Republicano intervino en el caso ante el juez de primera instancia, lo que indica que la lucha legal sobre el acceso a la píldora abortiva podría continuar incluso después de que el Tribunal Supremo haya rechazado la demanda presentada por los médicos contrarios al aborto.

Steve Vladeck, analista de CNN sobre el Tribunal Supremo y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, dijo que el fallo del jueves “no elimina la posibilidad de futuros desafíos a la mifepristona”, al señalar los esfuerzos de esos estados republicanos.

“Pero el razonamiento del caso debería hacer que esas impugnaciones tuvieran menos probabilidades de prosperar, porque esos demandantes (y otros) tendrán dificultades para demostrar que fueron perjudicados por las acciones de la FDA”, dijo Vladeck.

La FDA aprobó la mifepristona en 2000 como parte de un régimen de dos fármacos para interrumpir un embarazo. En el transcurso de dos décadas, la agencia flexibilizó las restricciones que impuso inicialmente al uso del fármaco. En 2016, permitió que las mujeres tomaran el fármaco más tarde en el embarazo, a partir de las 10 semanas de edad gestacional. También permitió que lo recetaran profesionales no médicos, como las enfermeras. Durante la pandemia de Covid-19, la FDA anunció que dejaría de aplicar el requisito de dispensación en persona.

El año pasado, tras la presentación de la demanda de los médicos, la FDA formalizó esa decisión, permitiendo la dispensación del medicamento por correo.

Tanto la FDA como varios grupos médicos, entre ellos la Asociación Médica de EE.UU., afirmaron ante el Tribunal Supremo que la mifepristona es segura.

Pero los médicos, muchos de ellos asociados desde hace tiempo al movimiento antiabortista, alegaron que corrían el riesgo de verse obligados a tratar a pacientes con complicaciones derivadas del fármaco, como hemorragias más abundantes de lo esperado. Afirmaron que el triaje de esas mujeres tuvo un impacto sustancial en sus prácticas. Y algunos afirmaron que se les había pedido que realizaran procedimientos abortivos posteriores a la medicación que, según ellos, violaban sus creencias.

En la vista ante el Tribunal Supremo a principios de este año, varios jueces -incluidos miembros del bloque conservador- expresaron sus dudas de que los médicos hubieran superado un umbral procesal conocido como legitimación, que exige que los demandantes demuestren que se han visto perjudicados por las acciones del gobierno.

Ninguno de los médicos que presentaron declaraciones ante un tribunal inferior prescribe realmente mifepristona y ninguno señaló un caso en el que se les hubiera pedido personalmente que practicaran un aborto a una paciente que hubiera tenido complicaciones tras tomar el fármaco.

El principal grupo médico en la demanda, la Alianza para la Medicina Hipocrática, se constituyó en Amarillo, Texas, meses antes de presentar la demanda, lo que le permitió elegir un tribunal en el que estaba garantizado que se asignaría a Kacsmaryk, que fue nombrado para el banquillo por el expresidente Donald Trump.

El Gobierno de Biden, junto con un fabricante de mifepristona que intervino para defender a la FDA, argumentó que, dado que los médicos antiabortistas no estaban recetando el medicamento, no era apropiado que desafiaran las regulaciones.

La decisión ocurrió en medio de unas elecciones presidenciales que ya se han visto muy influidas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de aborto. La sentencia de 2022 en el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization puso fin al derecho constitucional al aborto que Roe estableció en 1973. La decisión impulsó a los estados conservadores a promulgar límites estrictos sobre el procedimiento, lo que provocó litigios adicionales y ayudó a movilizar a los demócratas. El presidente Joe Biden ha criticado repetidamente la decisión durante la campaña electoral de este año.

El recurso sobre la mifepristona era uno de los dos casos de aborto que el Tribunal Supremo estaba analizando este mes. El otro tiene que ver con una estricta prohibición del procedimiento en Idaho. El Gobierno de Biden demandó al estado por esa prohibición, argumentando que una ley federal obliga a los hospitales que reciben fondos de Medicare a proporcionar atención estabilizadora en las salas de urgencias, incluidos los abortos, cuando está en juego la salud de la mujer embarazada.