La Jornada.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) creó la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI) de la Guardia Nacional (GN), la cual estará a cargo de acciones de “alto impacto”, como el rescate de rehenes y personas en situación de riesgo o privadas de su libertad, resolver situaciones de alto riesgo o el traslado de reos de alta peligrosidad.
Además, le corresponderá “proporcionar seguridad en eventos especiales (reuniones de alto nivel, diplomáticos, culturales y/o deportivos de carácter internacional) y a altos funcionarios”, así como “apoyo a las autoridades ministeriales para la cumplimentación de órdenes de detención y técnicas de investigación (cateos)”.
También participará en “operaciones de alto impacto en contra de la delincuencia organizada”, y llevará a cabo operaciones sorpresivas y de corta duración en zonas urbanas de alta incidencia delictiva.
De acuerdo con el decreto en el que se establece su conformación, mismo que fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, dicha instancia será capaz de realizar “operaciones de prevención y combate de delitos; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social en el territorio nacional; ejecutar operaciones de alto impacto, en funciones de seguridad pública, desarrollando las actividades táctico-operativas”.
Entre las funciones de la FERI se encuentran las tareas de búsqueda, localización, desactivación y/o neutralización de artefactos explosivos, así como controlar las amenazas con materiales químicos, biológicos o radiológicos.
Además, la SSPC publicó los programas nacionales de Seguridad Pública; para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, así como el de Protección Civil, los tres correspondientes al periodo 2022-2024.
En el primero se indican objetivos como promover la construcción de la paz en el territorio nacional, fortalecer la operación de las instituciones de seguridad, disminuir los delitos vinculados con la delincuencia organizada y mejorar la operación y condiciones de los detenidos en los centros penitenciarios.
Tras alertar que “actualmente la delincuencia organizada tiene capacidad financiera para la operación de negocios que no se limitan a lo ilícito, también se formalizan en entidades económicas que les permiten acumular poder y dominio que trascienden fronteras”, se agrega que este tipo de situaciones suscita que los empresarios, al verse amenazados por grupos delincuenciales, opten por el cierre definitivo de negocios.
