La sentencia obliga también a la SEP a capacitar a docentes y administrativos, así como el reconocimiento de la falla del Estado y el establecimiento de políticas públicas para la creación de espacios escolares seguros.
Animal Político.- Obligada por una sentencia judicial desde 2021 tras el abuso sexual de varios menores de edad en un kínder de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dedicará por primera vez, a partir del siguiente ciclo escolar, una jornada en todos los planteles de educación básica para hablar sobre abuso sexual.
Además de la responsabilidad penal determinada contra un entonces funcionario de la SEP, y la reparación de los daños materiales e inmateriales, la resolución de la causa penal 258/2021 concluyó que quien desempeñaba la función de apoyo técnico pedagógico en el centro educativo Marcelino de Champagnat fue responsable de los delitos de pederastia agravada y en grado de tentativa, así como de violación equiparada agravada, en los casos de 21 víctimas entre cuatro y seis años de edad agredidas en diferentes espacios de la escuela.
Además, se ordenó a la SEP que, en un plazo razonable, instruyera un día dentro de su calendario escolar para que “todo el personal académico y administrativo tome conciencia de la gravedad del abuso sexual y maltrato infantil en las aulas escolares, así como para que las personas infantes estén informadas de los procedimientos y canales adecuados en los que pueden denunciar ese tipo de actos, para que sepan qué hacer y cómo ayudar, en su caso, a sus compañeros de aulas”.
En la publicación del acuerdo 18/06/25 en el Diario Oficial de la Federación de este lunes, donde se dan a conocer los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2025-2026 aplicables en todo el país para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y de formación para la educación básica, el 8 de septiembre se llevará a cabo la jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil.
En entrevista, Mariana Gil, directora de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) –que hizo público el caso en su informe Es un secreto–, recuerda que estas medidas de no repetición, además de las de reparación, como compensación y terapias, dirigidas a la SEP y a la Autoridad Educativa Federal fueron determinadas por el juez Padierna en adición a los 494 años que se le impusieron a la persona procesada penalmente.
“Ahí pone que se institucionalice un día en el calendario escolar para la concientización sobre el abuso y el maltrato infantil”, enfatiza. En esta ocasión, la jornada caerá en esa fecha; sin embargo, las familias decidieron no institucionalizarla en un día fijo por la movilidad de los fines de semana y las vacaciones, sino plantearla como jornada al principio del ciclo escolar. Aunque hubo propuestas diversas sobre el posible día, las familias eligieron que fuera al inicio, porque fue cuando sus hijas e hijos comenzaron a experimentar los abusos, que ocurrieron entre el 20 de agosto y el 8 de octubre de 2018.
Según el cálculo de las autoridades y de la ODI, serán aproximadamente 232 mil escuelas de todo el país, y más de 24 millones de infancias las que formarán parte de estas jornadas. Para Gil, se trata de un precedente muy relevante para generar prevención.
“Creo que el hecho de que en la escuela haya una jornada como esta va a implicar que los niños y niñas tengan educación sexual integral, que hasta la fecha ha sido un poco a voluntad de los docentes o de las escuelas; unas que sí, otras que no, pero creo que va a poner un precedente en el sentido de que los niños, desde pequeños, tengan información y educación sexual”, puntualiza.
Además, desde su perspectiva, la medida no solo contribuirá a prevenir el abuso sexual en las escuelas, sino en las familias y otros contextos. México, recordó, es un país que siempre está en los primeros lugares en delitos hacia la infancia, como abuso sexual, explotación infantil, turismo sexual y trata, por lo que el hecho de que el tema se hable en la escuela va a generar mucha más información y prevención.
“También que los agresores sepan que las niñas y los niños están más informados”, agrega. Para ello, es importante que estas jornadas tengan una perspectiva integral, no solo dirigida a las niñeces, sino también a las madres y padres de familia, así como a las personas docentes y administrativas. La información que debe contemplarse tendrá que abarcar aspectos preventivos, de conocimiento de los conceptos, pero también –en conjunto con las fiscalías– explicar qué hacer cuando pasa.
“Los niños y niñas están ‘amarrados’ a los adultos. Entonces, si un niño o niña está siendo violentado en su casa, por ejemplo, ¿cómo puede él decirlo, a quién, a dónde va? Creo que hay una parte muy importante que hay que poner el foco de prevención y cómo se está haciendo, pero también que los niños y niñas tengan herramientas de actuación, ¿qué hago si algo que me está pasando me está incomodando? Y además que entiendan que hay todo un sistema que los protege”, señala Gil.
Respecto al resto de medidas que se han determinado a partir de los casos acompañados y documentados por ODI, la especialista precisa que desde el inicio de este año hubo un cambio importante en la perspectiva de la SEP y de la Autoridad Educativa Federal, pues la sentencia existía desde 2021, y fue hasta enero de 2025 que se inició la comunicación, así como una relación asertiva y activa con la dependencia.
Por ello, ahora que se ha publicado oficialmente la incorporación de la jornada de concientización sobre abuso sexual, la comunicación también está en marcha para que la autoridad cumpla con otras medidas de reparación, materiales de prevención, conversaciones para definir una fecha de disculpa pública, así como algunos lineamientos para capacitación de docentes.
“La Autoridad Educativa Federal, quiero decirlo, es la que está tratando de cumplir con todo, y estamos teniendo una buena respuesta por parte de ellos. De la Fiscalía, no; hay muchas medidas que son para la Fiscalía, incluidas la de seguir investigando, porque estos niños y niñas mencionan a más de 13 adultos, además de los dos que están sentenciados, y esas investigaciones no han rendido ningún fruto”, lamenta.
Advierte, al mismo tiempo, que una cosa es oficializar la jornada en el calendario, y otra saber cómo se llevará a cabo en 232 mil escuelas: “Es un avance, suena muy increíble pensar en esto, pero ahora cómo la SEP va a responder a qué va a pasar en esa jornada, porque además es diferente la educación sexual en un jardín de niños a niños de primaria baja, de primaria alta; es un inicio, pero hay que seguir peleando, observando y documentando lo que hacen las autoridades”.
Otras medidas establecidas por la sentencia contemplan el reconocimiento público de la actividad irregular del Estado tras los hechos cometidos por uno de sus servidores públicos, al igual que la implementación de cursos de capacitación, de forma permanente, dirigidos a todo el personal de la institución sobre prevención, detección y abordaje de situaciones de violencia sexual contra infancias en el ámbito educativo.
A estos se añaden el establecimiento de políticas públicas relativas a la creación de espacios escolares seguros para todos los jardines de niños; un programa de regularización académica, becas y entornos escolares seguros para las víctimas, así como la publicación de materiales didácticos y audiovisuales relacionados con las experiencias vividas en la búsqueda de justicia, así como incluir en el sitio web de la SEP materiales didácticos de prevención del abuso sexual.
Las diversas versiones del informe Es un secreto, que para 2024 han evidenciado 27 casos en 12 entidades, documentan que niñas y niños muy pequeños han sufrido violencia inimaginable en preescolares y primarias públicas y privadas. “Se trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar”, señala el documento para ciertos casos, como el del kínder en la GAM.
Estas formas graves de violencia –subraya la ODI– develan, a su vez, tres problemas: las escuelas en nuestro país carecen de supervisión efectiva; múltiples fiscalías locales y la federal han tenido conocimiento de estos casos durante años y han sido incapaces de investigarlos adecuadamente, incluso cuando se trata de denuncias expresas de posibles delitos de explotación sexual infantil, mientras que padres y madres carecen de información adecuada sobre cómo hablar con hijos e hijas para detectar posible violencia sexual.
