Denuncian a gobiernos por casos de violencia sexual
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La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este miércoles a los gobiernos de Afganistán, Bangladesh, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka por su “mal manejo” de los casos de violencia sexual, y les ha instado a “hacer caso omiso a la retórica populista sobre la pena de muerte”.
“Las mujeres y las niñas de todo el sur de Asia están hartas del fracaso de sus gobiernos para hacer frente a la violencia sexual”, ha lamentado el director para el sur de Asia de Human Rights Watch, Meenakshi Ganguly
Han visto “durante mucho tiempo cómo sus gobiernos toleran -o incluso facilitan- la impunidad de la violencia sexual, y están tomando las calles y exigiendo un cambio ahora”, ha denunciado Ganguly.
En este sentido, han pedido que para abordar la violencia sexual se fomenten más servicios de salud, legales y una mayor sensibilización a la Policía, mientras que en algunos países se necesita una reforma de la legislación, “pero aún más importantes son las lagunas en la aplicación de la ley, que niegan a los supervivientes la justicia”, ha señalado HRW en un comunicado.
Cuando buscan justicia, a menudo se enfrentan a obstáculos insuperables en los tribunales, explica la organización, lo que deriva en bajas tasas de condenas por violencia sexual en toda la región.
Por ejemplo, en Bangladesh se estima que menos del 1 por ciento de los casos de violación investigados por la Policía conducen a una condena. Esto conlleva que los supervivientes a menudo son retraumatizados por el proceso legal.
“Los jueces siguen considerando a la víctima como un criminal, y hacen muchas preguntas que van en contra de las dignidades humanas”, ha criticado el comisionado de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, Shabnam Salehi.
“Lo más importante es que los gobiernos deben hacer más para prevenir la violencia sexual, incluso trabajando para poner fin a la desigualdad de género en toda la sociedad”, ha pedido la directora de una organización feminista de Bangladesh, Umama Zillur.
Además, el grupo de organizaciones con las que ha hablado HRW ha denunciado que muchos niños del sur asiático reciben poca o ninguna educación en la escuela sobre la sexualidad, el consentimiento y las relaciones saludables. En este sentido, han recordado que una de las medidas más efectivas para poner fin a la violencia sexual es la prevención.
También han recordado que “la pena de muerte no es un elemento disuasorio para ningún delito”, ya que lo único que permite es que “el Estado se libere de hacer el trabajo que necesita para garantizar que las mujeres y las niñas vivan libres en ese país”, según la abogada india Vrinda Grover.
Así, la pena de muerte no es una solución, e incluso puede disuadir aún a más a algunas supervivientes de denunciar. Los expertos consultados por HRW han mostrado su preocupación por la debilidad de lo sistemas de justicia que ejercen ese poder y el impacto de los sistemas judiciales débiles en los derechos procesales, incluido el derecho a un juicio justo, llegando a dictaminar una sentencia de pena de muerte contra una persona inocente.
Pero, en lugar de trabajar para lograr un cambio significativo, HRW denuncia que algunos gobiernos de la región han respondido a los llamamientos populistas para ejecutar a los violadores, incluso el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, pidió que fueran ejecutados en público.
Este año, Bangladesh ha impuesto la pena de muerte por violación, mientras que India permite la pena capital para los violadores reincidentes o para la violación de niños menores de 12 años.
