Detienen a siete por fraude en pensiones
Involucrados en el manejo irregular de recursos disponibles, en la Dirección de Pensiones del Estado, fueron detenidos en el transcurso de la mañana de este lunes 29 de enero, son siete personas.
La Fiscalía General del Estado, FGE, confirmó la detención, y convocó a una rueda de prensa a las 12:30 horas, para brindar detalles, donde dio los nombres de los detenidos Ricardo N ex tesorero de pensiones, de 2009 a 2023, Ana Lilia N beneficiada con el incremento de su patrimonio, Juana Patricia N que colaboró en pensiones y actual servidora pública, Ana Paola N administradora de una persona moral, Neftalí N esposo de esta mujer, Arturo N quien es gerente de un banco, Manuel N.
Ese desfalco cometido en la Dirección General de Pensiones, es lo que el titular del Ejecutivo Estatal, Ricardo Gallardo, acuñó como el Fraude del Siglo.
En esas operaciones ilícitas, habrían desviado en triangulaciones, poco más de 2 mil 800 millones de pesos, lo que apuntaló el desfalco de fondos.
Desde hace varias semanas, personal de la FGE realizaba un operativo de ubicación de los presuntos responsables a quienes se les atribuye los delitos de peculado y ejercicio abusivo de las funciones públicas “el monto que hoy se atribuye es de 200 millones de pesos que a la postre durante a la investigación, podrá a ascender a 700 millones de pesos que fueron desviados de las arcas de la dirección de pensiones. La forma de operar es desde el nivel de la tesorería de la propia dirección de pensiones, ahí solamente se tenía autorizada la apertura de cuatro a cuatro cuentas bancarias durante el transcurso de los años que abarca los 2020, 2021, 2022 y parte de 2023, de esas cuentas maestras se fueron aperturando más de 60 cuentas en una institución bancaria donde se fue dispersando dinero a una y a otra cuenta trianguleándolas para que a final de cuentas llegara a manos de funcionarios y particulares”.
Se detectó que los detenidos aumentaron su patrimonio de forma irregular, en algunas instituciones se hizo uso de documentos apócrifos “trasladaron el dinero a cuentas particulares y de una persona moral que solo esa persona recibió 153 millones de pesos, se está llevando a cabo un cateo en sus domicilios, se está generando la información con la Comisión Nacional Bancaria”.
Las retenciones de los derechohabientes fueron las que se malversaron según explicó el fiscal, José Luis Ruiz Contreras.
La expectativa de cárcel para estos sujetos es de 2 a 12 años por el ejercicio indebido de funciones y de 5 a 15 años por peculado.
“Lo que se les reclama hoy son 200 millones de pesos con expectativa de que ese monto se incremente hasta 700 millones de pesos. De los siete, tres son funcionarios”.
