Deuda con población Lgtb+
México tiene una deuda con las personas LGBTTTIQ+, quienes hansido violentadas u orilladas a los márgenes de violencia y precarización, por lo que es urgente hacer respetar los derechos humanos de esa comunidad y castigar con 40 y hasta con 60 años de prisión a quien prive de la vida a otra persona en razón de su orientación sexualy/o suidentidaddegénero, manifestó el diputado federal Rubén Moreira Valdez.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso e) de la fracción 1, del artículo 82, se cambia la denominación del capítulo V título decimonoveno y se adiciona el artículo 325 BIS del Código Penal Federal, y explicó que lainsercióndeltipopenalqueseproponeenunmismocapítulojuntoconelfeminicidio, obedeceaqueambospertenecenalosdenominadoscrímenesdeodio,queaúnnoson una categoría jurídica en México.
Señaló que el país aún se encuentra estigmatizando a la población LGBTTTIQ+ y, por tanto, rechazandosusderechos. Resaltó el avance que Coahuila ha tenido en la materia con la aprobación de la Ley de Identidad de Género, al que se han sumado otras entidades como Ciudad de México, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora yTlaxcala.
En la mayoría del territorio nacional aún no se reconoce la identidad de género de las personas LGBTTTIQ+ y se impone el sexo asignado al nacer, como si se escondiera o revelara una verdad incuestionable de quién se es, puntualizó.
Se procuró, dijo,no introducir en la descripción dela conductaningúnelementosubjetivoy/onormativoquedificultelaaplicacióndeltipopara el fiscal, como acreditar solo intolerancia o, aún más complicado, la categoría médicade fobia.
En el texto se señala que todos los derechos humanos son universales, inalienables, complementarios, indivisibles e interdependientes, y que la orientación sexual e identidad de género son esenciales para la dignidad y la humanidad y no deben ser motivo de discriminación o abuso.
La violencia hacia las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTIQ+), es el reflejo de un contexto social de transfobia y misoginia, que exige adoptar acciones para visibilizar, prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de la violencia por prejuicio, establece.
La iniciativa del diputado Moreira Valdez considera que existen razones de orientación sexual y/o identidad de género cuando haya una o varias circunstancias como que:
El activo muestra o ha mostrado con anterioridad, consistentemente, prejuicios, intolerancia o fobias hacia laspersonasconorientaciónsexualy/o identidad de género distinta a lasuya; existan antecedentes o datos de cualquier tipo de amenazas y/o violencia del sujeto activo en contra de la víctima, debido a su orientación sexual y/o su identidad degénero; y que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida.
También se advierte queal servidor público que retarde o entorpezca la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y multa de quinientos a mil quinientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerseel delito, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisiónpúblicos.
Rubén Moreira subrayó que el tema de las cifras en México ha sido una de las principales dificultades para visibilizar la problemática de estos crímenes de odio, pues al no existir datos oficiales han sido las mismas organizaciones LGBTTTIQ+, quienes se han encargado de crear sus propias bases de datos a partir de los asesinatos reportados en los medios.
“Los fiscales en México continúan calificando estos asesinatos como crímenes pasionales oapenascomohomicidios.Solamenteen14estadosdelpaísseañadecomo agravante el crimen de odio por motivo de la identidad u orientación sexual de las víctimas”, dijo.
Consideró que estos crímenes de odio, transfobia y misoginia exhiben un tipo de violencia ejercida por instituciones como el Estado, la escuela, la familia, los medios de comunicación, entre otras, en contra de personas que han asumido una identidad genérica distinta, de las que les han asignado bilógicamente desde sunacimiento.
El diputado expuso que es habitual que las personas con orientaciones sexuales e identidades de género, experimenten prácticas discriminatorias de forma sistemática y cotidiana: en la atención médica, en el mundo del trabajo y en el espacio común. Se les trata como personas enfermas, que no merecen respeto, que no son iguales al resto de sus congéneres y en muchos casos, esta violencia se transforma en transfobia homicida.
