Sopitas.- En el Congreso sigue pendiente el reconocimiento al cuidado de personas vulnerables por parte del Estado como un derecho —lo que implicaría también una gran ayuda para todas las personas cuidadoras que son familia. Se han presentado iniciativas, sí pero siguen manteniéndose en el congelador o han sido aprobadas a medias.
Como esto que les vamos a contar: el 12 de marzo la Cámara de Diputados aprobó unos cambios a la Ley General de Desarrollo Social para reconocer el cuidado como un derecho, así como el trabajo de las personas cuidadoras, que resultan ser en la mayoría de los casos mujeres de la familia.
Sólo que si bien esa iniciativa arrasó con los votos a favor —335 y uno en contra—, la diputada y exmorenista Susana Prieto, quien propuso las 40 horas laborales, evidenció que sí, muy bonito y todo pero estos cambios no vienen con presupuesto.
O sea, no viene con el dinero para que el derecho al cuidado por parte del Estado sea una realidad. Ouch.
Diputados prueban apoyo a personas cuidadoras pero… sin dinero
Antes de irnos con el gran “Peeeeero” que puso la diputada Susana Prieto, les contamos qué onda con los cambios a la Ley General de Desarrollo Social para reconocer como un derecho el cuidado de las personas vulnerables por parte del mismísimo Estado.
Se trata de una reforma —cambio— a los artículos 5, 6, 49, 51 y 60 y suma un capítulo II BIS al Título Tercero ‘De la Política Nacional de Cuidados’ de la Ley General de Desarrollo Social.
Todo para definir el trabajo de cuidados como las “actividades que aseguran el sustento de la vida”, que implica el cuidado de los cuerpos, educación y formación de las personas en situación de vulnerabilidad.
Así como el sostenimiento de las relaciones sociales, el apoyo psicológico, el acompañamiento emocional a las familias y el mantenimiento de los espacios y bienes de casa.
Es decir, toda la estructura para garantizar el cuidado de personas vulnerables y sus cuidadores.
Las secretarías tendrán que trabajar entre ellas para que las personas en situación vulnerable puedan ser cuidadas en casa o en un espacio adecuado.
Y que las personas cuidadoras cuenten con todo lo necesario para desempeñar este trabajo —en caso de ser familiares, este trabajo aún no reconocido ni remunerado como tal— mediante capacitaciones, permisos o seguro social.
Peeeeeeero
La gran bronca es que esta iniciativa no contempla recursos especiales para que el Estado se mueva y garantice todo lo que prometen.
Porque esta reforma no tiene un impacto presupuestal adicional, sino que entrará en vigor con los recursos que las instituciones ya cuentan, a menos que pase algo extraordinario.
Y eso fue justo lo que criticó la diputada Susana Prieto, que la iniciativa aprobada para ayudar a las personas vulnerables y cuidadoras no cuenta con un presupuesto propio.
Además de que en el Senado anda congelada la reforma constitucional que reconoce este derecho —junto con la nueva Ley General del Sistema de Cuidados.
Entonces, para Susana Prieto estos cambios no tienen una base jurídica, en tanto en el Senado no se pongan las pilas con lo que falta para cambiar la Ley General de Desarrollo Social o aprobar alguna de las dos iniciativas presentadas para modificar la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados.
Esta última es bien importante porque busca que las mujeres cuidadoras se incorporen al trabajo remunerado.
Sin embargo, ahí andan guardadas en el Senado. Por ejemplo, una de las iniciativas— aprobada en 2020 en la Cámara de Diputados y entregada a los senadores y las senadoras— reconoce el derecho al cuidado digno, pero del Senado no ha salido.
Y mientras en la Cámara de Diputados están “avanzando” con el tema del derecho al cuidado y apoyo a las personas cuidadoras —con los grandes “peros”—, en el Senado se guardan.
