Diputados dejarán más de 300 iniciativas sin dictaminar… y probablemente culpen a sus asesores
Blakely Morales
Un reporte del Congreso del Estado consultado a través del portal de Transparencia, revela que la actual legislatura dejará sin dictaminar más de 300 iniciativas, marcando un nivel de eficiencia legislativa del 70 por ciento.
Un índice de dictaminación general con corte al 30 de junio del 2024, muestra que la ineficiencia legislativa incrementó durante la LXIII legislatura, en comparación con la LXII que concluyó en el 2021.
El Congreso se encuentra en periodo extraordinario de sesiones de aquí hasta que la próxima legislatura rinda protesta el 14 de septiembre; luce difícil corregir el camino por lo que la LXIV Legislatura y los tres diputados reelectos, heredarán el cúmulo de iniciativas sin procesar.
Repartición de culpas
Cada nueva legislatura del Congreso Local supera a la anterior en ineficacia y para muestra los hechos. Por ejemplo, en menos de tres años la LXIII Legislatura acumula casi una decena de acciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte (SCJN) por decisiones y legislaciones hechas al vapor o flagrantes violaciones de los Derechos Humanos.
Pero ante los yerros los integrantes de la legislatura saliente, se distinguieron de otros en el pasado, porque se lanzaron contra la propia estructura responsabilizando a los asesores legislativos de las pifias en más de una ocasión.
La controversia más reciente es la decisión tomada por el Pleno, para la municipalización de Villa de Pozos, en cuyo dictamen, los diputados y diputadas omitieron precisar el proceso de entrega recepción, que ha colocado al municipio número 59 en una situación de naciente incertidumbre.
Fue la diputada Flores Almazán quien a inicios de esta semana refirió que “habrá que jalar las orejas” a los asesores que estuvieron a cargo del decreto, achacando a ellos la omisión de atribuir los servicios.
Nunca los asesores habían sido tan atacados.
En meses previos, fue el diputado Lorca Valle quien presentó una iniciativa para convertir a los asesores legislativos en trabajadores de confianza. Es decir: eliminar los puestos públicos en la Coordinación de Asesoría y en el Instituto de Investigaciones Legislativas.
Lo que no explicó es que los asesores “de planta” en el Congreso Local, los que se quedan cada tres años y ostentan ese puesto como servidores públicos, son una minoría comparados con la lista del personal contratado por honorarios, que se suman como supuestos auxiliares de los legisladores y legisladoras y que engrosa en cada nueva legislatura.
Hacia enero del 2021, con los anteriores diputados, el número de personas contratadas por honorarios, se encontraba en 143. A enero de este 2024, ahora suman 183, cuarenta más.
¿De dónde salen los asesores?
¿De dónde salieron esos otros cuarenta asesores? ¿Cuáles fueron o son sus funciones? Nadie sabe, porque además el Congreso omite precisarlo en sus reportes de Transparencia, en donde solo publica una lista de nombres, entre los que solo es posible detectar apellidos conocidos. Por mencionar algunos y sin hacer inferencias, como Aradillas, Servín, Bautista, etcétera.
Los 183 fueron contratados por sus servicios como auxiliares generales y sus sueldos suman más de 3 millones de pesos mensuales.
Sobre el número y el papel de los asesores y auxiliares entre los diputados y diputadas y sus funciones, Lupillo González de Ciudadanos Observando, opina:
“Sí hay cuatro o cinco asesores buenos que sí deberían de darles su plaza porque son los que les sacan la chamba, el problema son los nuevos que llegan acompañando cada tres años a los diputados y que es el pago de favores políticos que no tienen experiencia”.
A su paso los integrantes de la LXIII legislatura dejan una huella de inoperancia e ineficiencia. Cada nueva legislatura del Congreso Local que ingresa nos tiene con la expectativa de que supere a la anterior, y casi siempre superan, la insatisfacción. Pero seguramente culparán a los asesores.
