Proceso Por .- Uno de los escándalos que explotó con mucho éxito política y electoralmente Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial fue el enriquecimiento oprobioso que tuvieron ciertos personajes por influencias con los gobiernos del PRI y el PAN.
Hoy el gobierno de la 4T ha creado una nueva dinastía de hombres y mujeres que se han enriquecido bajo la égida de un gobierno que prometió acabar con la corrupción y el tráfico de influencias, pero que ha hecho de éstas una virtud desde el poder con adjudicaciones directas que son otorgadas bajo un tamiz de opacidad oprobiosa.
La impudicia del abuso del poder bajo la bandera de la transformación tiene ejemplos vergonzantes como el de la candidata de Morena en Veracruz, Rocío Nahle, de quien se ha denunciado ante la Fiscalía General de la República una riqueza inexplicable estimada en 100 millones de pesos, tanto en propiedades ubicadas en Veracruz, Tabasco y Nuevo León, como en cuentas bancarias en Islas Vírgenes y Bahamas.
León Manuel Bartlett Álvarez es otro de los enriquecidos en este gobierno. El año pasado, el hijo de Manuel Bartlett cumplió cinco años ininterrumpidos como proveedor del gobierno federal con una ganancia de más de 424 millones de pesos por contratos a su empresa Cyber Robotics Solutions.
Otro caso es el de Javier Baca Meza, dueño de Proveedora de Servicios Empresariales y Soluciones Óptimas, SA de CV (Proseso). A pesar de que desde tiempos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ya recibía contratos, nada se compara con los obtenidos en el gobierno de la Cuarta Transformación, donde pasó a vender 5 mil 300 millones de pesos, todo en servicios de atención médica integral para los empleados de Nafin, Bancomext, Bienestar y el Ejército.
Un ejemplo más es el de la empresa Organismo Promotor Logístico, administrada por Carlos Buentello Carbonell y su apoderado es Eduardo Rafael Castro Ávila, medio hermano de Alejandro Castro Jiménez, que ha recibido contratos por 100 millones de pesos en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco, el nuevo malecón de Villahermosa, Tabasco, y el Archivo General Agrario de la Ciudad de México.
En el sector salud también hay nuevos ricos. Psicofarma, una de las empresas líder en el suministro de fármacos psiquiátricos al sector salud, así como las firmas Laboratorios Alpharma y Neolpharma, todas propiedad de Efrén Ocampo, obtuvieron contratos por más de cuatro mil millones de pesos durante la presente administración.
En 2022, las licitaciones públicas de este tipo de casos sumaron un total de 311, en 2023 el número de contratos se duplicó, siendo el sector salud, IMSS e ISSSTE las principales instituciones que han otorgado dichos contratos, señala Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en una investigación presentada en principios de este año.
Una empresa más beneficiada en este gobierno es Romedic, SA de CV, de reciente creación que se encuentra en la lista de distribuidores de medicamentos y que entre 2020 y 2022 tuvo más de 490 millones de pesos de recursos federales provenientes del extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), gracias a la intermediación de los gobiernos morenistas de Quintana Roo y Tabasco. Tal empresa es propiedad de Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andrés López Beltrán.
La Sedena dio un contrato por 966 millones de pesos a una compañía vinculada con el actual director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Óscar Artemio Argüello Ruiz. Mientras que al Grupo Andrade le dio un contrato por más de 8 mil millones de pesos para surtir vehículos a la Guardia Nacional y Banjercito y otorgó un contrato por 6.3 millones de pesos a TekProvider, una mediana empresa de tecnología ubicada en Guadalajara, Jalisco.
La Secretaría de la Defensa Nacional firmó, con carácter de extraurgente, un contrato por mil 350 millones de pesos con una empresa de José María Tapia Franco, quien fue director del Fonden, para la venta de mil 330 ventiladores para atender a pacientes graves por covid. La empresa, denominada Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres, había sido constituida el 19 de diciembre de 2018, con Tapia Franco como accionista mayoritario, un empresario acusado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador de haber hecho negocios multimillonarios en la administración peñista.
Hasta el año pasado la Sedena participaba en el desarrollo de 74 proyectos de obra pública propios y 367 de otras instituciones a través de convenios de colaboración para construir desde el Tren Maya, sucursales del Banco del Bienestar, hospitales, con lo cual le han sido transferidos, al menos, 191 mil millones de pesos de 2019 a 2022, muchos de ellos sin una rendición de cuentas y en total opacidad.
Una más de las contrataciones escandalosas es la que hizo la Sedena, que entre 2021 y 2022 asignó directamente más de 120 órdenes y contratos de servicios aeronáuticos a Eolo Plus, una empresa ligada a Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño de Grupo Higa, a quien López Obrador acusó de entregarle a Peña Nieto la Casa Blanca de Las Lomas de Chapultepec como un “moche” o soborno a cambio de contratos gubernamentales. Las asignaciones directas a Eolo se multiplicaron hasta sumar más de 120 órdenes de servicios y contratos por un monto equivalente a más de 11 millones de pesos.
Es larga la lista de empresas beneficiadas en este gobierno por adjudicación directa. Durante 2023 80% de los contratos en la actual administración federal se entregaron sin mediar algún concurso o proceso de selección. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señaló en una investigación que instituciones como el Diconsa, ISSSTE e IMSS encabezan la lista de haber pagado por adjudicación directa contratos por 13 mil, 33 mil y 97 mil millones de pesos sin licitación, respectivamente.
Otros que ya eran multimillonarios como Carlos Slim, en este gobierno incrementó sus arcas, pues le entregaron grandes contratos a sus empresas por un monto total que rebasa los 52 mil millones de pesos.
La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador desde su Plan Nacional de Desarrollo, al inicio de su mandato, fue la prohibición de las adjudicaciones directas. Nada de esto se cumplió a lo largo de su administración. Al analizar el comportamiento de los últimos años la tendencia del gobierno de Enrique Peña Nieto no se modificó con la Cuarta Transformación, sino todo lo contrario. Sólo el año pasado 8 de cada 10 contratos fueron otorgados por adjudicación directa, es decir, sin licitación alguna.
Por cierto…
Mientras que algunos empresarios y personajes ligados al gobierno se enriquecieron y el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que ha disminuido la pobreza, otros datos proporcionados por el Coneval muestran una realidad distinta. Al cabo de cuatro años, el gobierno de López Obrador ha resultado más benéfico para los sectores no pobres del país que para los más marginados. De acuerdo con la más reciente medición multidimensional de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2018, último año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, había 8.7 millones de personas en pobreza extrema, cifra que se elevó a 9.1 millones en 2022. El aumento fue de 400 mil pobres extremos, es decir, de personas que tienen un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos (valor de la canasta alimentaria) y que presentan al menos tres carencias sociales (educación, servicios de salud, seguridad social, espacios y servicios en la vivienda y alimentación). Al arranque de la Cuarta Transformación en 2018 había 29.3 millones de personas no pobres y no vulnerables a carencias, para 2022 la cifra se elevó a 34.9 millones de mexicanos. Es decir, el número de no pobres (correspondientes a los deciles con mayores recursos de la población) creció en 5.6 millones de personas. Una de las mayores regresiones que sufrió la población durante los primeros cuatro años del gobierno de López Obrador es el relacionado con la salud.
