El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, adeuda a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 129 millones 345 mil 676 pesos con 75 centavos, calculados al 31 de agosto pasado, confirmaron los funcionarios federales de la Secretaría de Educación Pública en un comunicado conjunto de ambas oficinas internas de la SEP, fechado el 13 de septiembre de 2022 y recibido en el despacho del gobernador, Ricardo Gallardo Cardona.
De acuerdo a la información publicada por Pulso, Francisco Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior, y Óscar Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, solicitaron desde agosto al gobernador que cumpla con el pago de subsidios que corresponden a la UASLP este año. El adeudo sumaba entonces 130 millones de pesos.
En el oficio, los funcionarios refieren al gobernador el compromiso de impulsar la educación superior en la entidad federativa, a través de la concurrencia en el financiamiento a las instituciones públicas, y se centran en particular en la UASLP.
El compromiso fue establecido por el gobierno del estado con la formalización de la firma en el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, del 13 de enero de 2016.
De no cumplirse la entrega de recursos, el Gobierno del Estado tendrá que reintegrarlos a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2023.
Los funcionarios federales solicitaron la intervención del gobernador para que, conforme lo señalan las cláusulas segunda y décima del Anexo de Ejecución 2022, “se dé cumplimiento a la ministración de los recursos del ministración de los recursos del subsidio ordinario del año en curso para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por parte del Gobierno del Estado”.
Los anexos de ejecución de los convenios de ministración a universidades con los gobiernos estatales, establecen la obligación de “reintegrar a la Tesorería de la Federación, a más tardar el 15 de enero de 2023, los recursos que otorgue la SEP, así como los productos que generen, que al 31 de diciembre no se hayan comprometido o devengado, o que no hayan sido ejercidos o destinados al cumplimiento”.
En su comunicado agregan que “no es óbice manifestar que es de suma importancia garantizar a dicha institución educativa, los recursos en los términos y plazos convenidos que permitan a la misma estar en posibilidad de solventar los compromisos propios de la responsabilidad social de las universidades públicas”.
