El Poder Judicial actuó como contrapeso frente a los intentos de revertir la reforma energética de 2013. Perder su autonomía facilitaría nuevas reformas y la desaparición de organismos autónomos.
Expansión.- La Suprema Corte y el resto de los representantes del poder judicial se convirtieron en el sexenio obradorista en el gran contrapeso de las intenciones de cambio en el marco regulatorio del sector energético.
Ahora, con una reforma judicial aprobada por el Senado en lo particular, el mercado y los analistas ya avizoran grandes modificaciones en el sector, sobre todo a poco de que se lleve la discusión y eventual votación de la reforma en materia de industrias estratégicas que, entre otros puntos, planea quitar a la CFE el estatus de empresa productiva del Estado y, con ello, se dé pie a un cambio en la dinámica completa de la relación entre la compañía y el sector privado.
La Corte y los tribunales especializados frenaron, entre otras cosas, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, los cambios a la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía y detuvo otras regulaciones de menor escala, como aquella que planteaba aumentar la tarifa de porteo –de transporte– que las empresas privadas pagan a la estatal CFE.
Pero con la nueva reforma judicial en puerta, analistas y abogados del sector advierten que el panorama podría cambiar drásticamente.
La pérdida de un contrapeso
Entre las propuestas más preocupantes para el sector privado destaca la posible eliminación del estatus de “empresa productiva del Estado” de la CFE, lo que podría alterar de manera significativa su relación con el mercado privado y cambiar las reglas del juego.
Además de esta posible reconfiguración del mercado eléctrico, la reforma judicial también podría eliminar a jueces y tribunales especializados que fueron clave en frenar diversas iniciativas del Ejecutivo.
Jueces como Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro –titulares de los juzgados en materia de competencia– bloquearon modificaciones a la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía y otras medidas regulatorias que afectaban la competencia privada. Estas decisiones fueron constantemente criticadas desde las conferencias matutinas del presidente, quien no dudó en señalar a los jueces como obstáculos para la implementación de sus políticas.
Oscar Ocampo, analista del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), subraya que la independencia del Poder Judicial fue esencial para impedir cambios que habrían limitado la competencia en el sector energético. “Si nos vamos al historial de los últimos cinco años, con un poder judicial independiente del Estado y de los privados, (el mercado eléctrico y petrolero) no podría haber operado como lo hizo, pese a todos los obstáculos”, dice.
A pesar de los esfuerzos del gobierno, la reforma energética de 2013, que abrió el sector a la inversión privada, se ha mantenido en gran medida gracias a la intervención de los tribunales.
El fallo de la Suprema Corte en enero de 2024, que declaró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, fue el golpe más contundente a los planes del Ejecutivo para el sector energético. No obstante, la aprobación de la reforma judicial podría cambiar este escenario.
Los analistas advierten que, si se aprueba, se eliminarían o limitarían las figuras judiciales que en los últimos años han actuado como un contrapeso, permitiendo al Ejecutivo implementar modificaciones que anteriormente fueron bloqueadas.
La pérdida de autonomía del Poder Judicial podría facilitar la eliminación de organismos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y propiciar una mayor centralización del control del sector energético bajo la Secretaría de Energía (SENER).
Esta perspectiva genera preocupación entre inversionistas y analistas, quienes temen que la falta de certidumbre jurídica y el posible desmantelamiento de los contrapesos institucionales creen un entorno menos propicio para la inversión privada. Esto ocurre en un contexto en el que el mercado energético ya enfrenta desafíos significativos, como los efectos persistentes de la pandemia, la inflación y las fluctuaciones del tipo de cambio.
“En lo específico del sector se está muy atento a dos aspectos intrínsecamente relacionados: la posible extinción de organismos reguladores CRE, CNH y otros y lo que sería su funcionamiento centralizado bajo la Secretaría de Energía; y el impacto de los costos regulatorios como factor que incide en precios de petrolíferos en momentos de diversas ‘volatilidades’ entre estas una mayor inflación y movimientos en la relación peso/dólar”, dice un representante del sector gasolinero.
Impacto en la inversión
Para Julia González Romero, del despacho Pérez Llorca, González Calvillo, el Poder Judicial ha sido fundamental en este sexenio, particularmente para garantizar el cumplimiento del marco jurídico. “Con la aprobación de la reforma, se perderá una generación de jueces y gran parte de su experiencia”.
Según la abogada, la reforma judicial es la más analizada de las propuestas presidenciales y tendrá el mayor impacto en la reputación de México a nivel internacional, afectando la atracción de inversión privada. Esto es especialmente preocupante para el próximo sexenio bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, cuyo reto será recuperar la confianza de los inversionistas, en un contexto de creciente demanda de generación eléctrica más allá de los combustibles fósiles.
Ana Lilia Moreno, de México Evalúa, subraya que el sector energético es uno de los más afectados por esta posible reforma. “También el sector de telecomunicaciones se vería gravemente impactado. Con la pérdida de tribunales especializados, muchos litigios de ambos sectores quedarían vulnerables o retrasados”, señala.
Según Moreno, la confianza en el sistema jurídico, que alguna vez facilitó la llegada de inversiones a un mercado abierto y recién accesible al sector privado, está erosionándose. Esto afecta el flujo de inversión y la rentabilidad de proyectos en marcha.
La inversión extranjera directa en el sector eléctrico, que ha sido uno de los más golpeados por los cambios regulatorios, refleja esta desconfianza. En 2018, la inversión alcanzó su pico con 4,125 millones de dólares, impulsada por las subastas eléctricas de años anteriores. Sin embargo, para 2023, la situación dio un giro drástico, con una desinversión de 93 millones de dólares, según cifras oficiales.
El sector energético fue el único que registró un saldo negativo, marcando un contraste preocupante en un indicador clave del desempeño económico.
