El sector energético en México espera señales claras que borren la incertidumbre del último sexenio.
Expansión.- La fórmula que utilizó la presidenta electa Claudia Sheinbaum para acercarse al sector privado es casi la misma que la usada por Andrés Manuel López Obrador hace seis años: la conformación de un equipo de diálogo, encabezado por un conocido personaje del sector empresarial, para esparcir un mensaje de confianza entre los inversionistas, con discursos que también se parecieron entre sí.
Se habló de oportunidades de negocio, del respeto a los contratos, de certeza jurídica y de responsabilidad fiscal.
Pero ahora el escenario es más complicado. La confianza de los inversionistas, especialmente, los del mercado energético, no está en su mejor momento. El sexenio obradorista dejó más de un precedente que da pie a esta sensación de incertidumbre: el cese de los negocios planteados por la reforma de 2013, un ataque constante a los contratos y la sombra, cada vez más prominente en el mercado, de las estatales CFE y Pemex. Y la reforma judicial, que ya es prácticamente un hecho, no abona a un clima de confianza.
Casi ninguna de las compañías de este nicho encontró un espacio durante el primer sexenio morenista. Muchas, ahora, también dudan de que lo vayan a encontrar en el segundo.
“Entendemos que no puede haber un cambio radical, yo creo que vamos a seguir todavía, al menos, dos años con la inercia de la política que se planteó en el país porque vendrá un proceso de revocación de mandato. Después de los dos años ya veo a una presidenta más en un proyecto personal, eso es lo que esperamos”, dice un portavoz de una organización que agrupa a algunos comercializadores de petrolíferos. “Estamos esperando que el gobierno entienda que no somos competencia del Estado, sino complemento”. Este sector ha sido afectado por la priorización dada a la marca Pemex en los últimos años.
Pocas compañías lograron hacer negocios en los últimos seis años: Grupo Carso, la estadounidense New Fortress Energy, la canadiense TC Energía, el grupo francés Engie y otras pocas que se suman a la lista lo han hecho prácticamente en el último año. El resto, coinciden empresarios entrevistados, prefirieron atravesar el sexenio en el anonimato, con un perfil bajo y reduciendo también la apuesta de sus inversiones, dejándolas estáticas, llevándolas hacia otros destinos o, incluso, cambiando su giro de negocio.
“México de pronto dejó de ser opción. Nadie quería ser el próximo Iberdrola”, dice el directivo de una compañía que participó en las subastas eléctricas y que durante el sexenio se ha quedado con un par de proyectos en fase de planeación y con la inversión detenida. La fuente hace referencia al caso de la empresa española que se convirtió en el símbolo de las diferencias entre la administración presidencial y el capital privado.
Para muestra de lo tensa que se tornó la relación bastan los datos. La inversión extranjera directa en el sector eléctrico, uno de los indicadores clave del desempeño económico y publicado por la Secretaría de Economía, se desplomó en los últimos años. La cifra más alta se logró en 2018, como parte de la inercia de transacciones por las subastas eléctricas de años anteriores, cuando alcanzó los 4,125 millones de dólares. Para 2023, el último dato anual disponible, la narrativa fue totalmente distinta y la cifra que se reportó fue negativa, con una desinversión de 93 millones de dólares, según los datos oficiales. El energético fue el único sector que registró un saldo en números rojos.
Altagracia Gómez, presidenta de Grupo Empresarial PEO, uno de los conglomerados más importantes del país, fue la encargada del lado de Sheinbaum de hablar con los representantes del sector. Meses después, ya ha sido nombrada como coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de Sheinbaum. El diálogo fue fluido y se prestó a la escucha, dicen quienes se reunieron con ella y el resto de representantes de la próxima presidenta. Jorge Islas, el académico que lideró los esfuerzos para el sector energético, pero que todavía no figura en el gabinete de Sheinbaum, lo hizo también desde una posición de apertura y conciliación, relatan las fuentes, entre las que se encuentran empresarios y representantes de organizaciones gremiales.
“La parte del diálogo ha sido importante, creo que a muchos nos dejó la sensación de que habría una apertura o cambio de rumbo. El nombramiento de Altagracia Gómez ha sido un gran acierto, pero el problema recae en los mensajes cruzados. Hasta antes de la elección teníamos una idea distinta de lo que nos planteamos ahora”, dice el CEO de una compañía que durante el sexenio decidió enfocarse en soluciones relacionadas con el abastecimiento de agua, en lugar del mercado de generación eléctrica, el que más crecía hasta 2018.
“La apertura [hacia empresas privadas] se va a definir hasta que ellos entren en funciones, hacia finales de este año”, dice Merlin Cochran, director de la Asociación Mexicana de Hidrocarburos (Amexhi). “Lo que sí sabemos es que hacia finales de la administración [de Claudia Sheinbaum] se van a estar cosechando los principales resultados de la reforma energética”. Cochran se refiere a proyectos como el campo Trión y el Zama, las dos grandes promesas del sector privado para mantener la producción nacional. El sector petrolero, uno de los que más ha sido puesto a prueba en el sexenio, no ha logrado mantener la producción de crudo por encima de los 100,000 barriles diarios, uno de los grandes argumentos del obradorismo para mantener cerrado este mercado.
Algunas de las fuentes han decidido hablar bajo anonimato porque durante el sexenio muchas se convirtieron en sujetos de constantes señalamientos. Desde esto último ha nacido la sombra de la desconfianza, que aumenta a medida de que el famoso ‘plan C’, impulsado por López Obrador para continuar con su visión política y económica y que Sheinbaum ha abrazado como parte de sus planes a futuro, está cada vez más presente en la agenda presidencial que se pondrá en práctica en octubre.
Para el sector energético, esto último incluiría la aprobación de una reforma que quitaría a la CFE y a Pemex la figura de empresa productiva del Estado para convertirlas en compañías públicas, restándoles la responsabilidad de reportar rentabilidad.
Una de las razones detrás de esto, dicen los especialistas, es asegurar el papel de generación eléctrica de la CFE y la participación del 54% planteada por López Obrador. Los cambios al Poder Judicial también preocupan al sector, que ven en estas modificaciones una menor posibilidad de tener certeza jurídica, su más grande preocupación y demanda en el sexenio.
Cambios en el juego
La primera carta se echó al tablero. Sheinbaum ya nombró a la persona que dirigirá la CFE, Emilia Esther Calleja Alor. Un perfil técnico, administrativo y sin un papel en el juego político. La primera parte da a los analistas la señal de un cambio en el rumbo de cómo se ha llevado la estatal y les hace pensar que en el próximo sexenio las decisiones se tomarán desde una postura técnica y no política, como se ha hecho en la administración de López Obrador.
Después de mucho tiempo, se eligió un perfil de carrera para dirigir la compañía. Esto podría significar, desde su interpretación, la priorización de la administración de la CFE de negocios como la transmisión y distribución, porque la próxima directora estaría al tanto de que el negocio de generación no es el más rentable de la compañía. Pero lo que piensan los analistas ahora solo son suposiciones.
En su discurso de presentación, Calleja Alor mencionó el popular porcentaje impuesto por López Obrador como meta para la CFE, ese 54% que se ha perseguido desde hace seis años, pero que no tiene ningún sustento técnico y ha dado un visto bueno a lo que se ha hecho hasta ahora. “Continuaremos con el legado de la administración que concluye”, dijo en la segunda semana de agosto.
Así, por ahora, las señales han sido mixtas y el mercado de nueva cuenta ha quedado confundido. “Nos hemos alegrado mucho de que venga alguien técnica, que lleva 20 años en la CFE, que viene desde abajo, que sabe cómo funciona y cómo opera, y que tiene buenas relaciones con la Secretaría de Energía; y cualquier cosa es mejor que la cabeza que hay hoy en día, que es una cabeza cuyas decisiones y definiciones están totalmente ideologizadas y promovidas por variables que no son las de una empresa estatal”, dice Susana Cazorla, una analista del sector y que fue parte del equipo energético de Xóchitl Gálvez. “La salida del director general actual es una excelente noticia por sí misma y la llegada de una mujer por primera vez en la historia, técnica y con años de carrera, es la segunda buena noticia”.
¿Momento renovable?
Lo contenido en el plan obradorista, desdibujado por unos momentos durante la campaña presidencial, está también confundiendo más al mercado. El discurso de la próxima presidenta se había centrado en el impulso a las energías renovables y en la probable entrada, de nueva cuenta, del sector privado al juego, incluso como parte del negocio de transmisión y generación, que hasta ahora estaba reservado para el Estado. El perfil académico de Sheinbaum parecía dar certeza al mercado.
Esto último era todavía más importante para los sectores eólico y solar. El primero experimentó prácticamente un crecimiento nulo entre 2020 y 2023, según datos recopilados por la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE). Durante el sexenio, al menos cinco parques eólicos, que ya se habían construido, no entraron en operación comercial por la ausencia de autorizaciones regulatorias. El sector solar corrió una mejor suerte, o al menos eso muestran los datos de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex). La generación de este tipo creció a pasos agigantados. En 2018 cerró con 2,566 megavatios instalados y en 2023 esta cifra cerró en los casi 11,000 megavatios. El aumento se explica por el desarrollo de los proyectos subastados durante el anterior sexenio y por el crecimiento de la generación distribuida, los pequeños proyectos de generación solar, principalmente, de autoconsumo.
“Tenemos esperanza en el sentido de que las cosas puedan mejorar. La gente que está en la transición [de gobierno] y que está siendo nombrada son mensajes alentadores porque es gente preparada en temas de sustentabilidad y financieros, que le podrán dar probablemente, por lo menos, un balance mejor a la relación público-privada que estaba cerrada casi completamente”, dice Gerardo Pérez Guerra, presidente de la AMDEE. La Asolmex no respondió a una petición de entrevista.
Entre la mayoría de los empresarios figura la idea de que en este sexenio habrá un puente real que conecte la presidencia con el sector privado. En un escenario ideal, todos están en busca de una nueva relación con los gestores de la política energética y presidencia. También para la mayoría no hay otra opción. De no encontrar un punto de inflexión, se habría fallado de nueva cuenta en la fórmula.
