CNN.- Los investigadores del Servicio Secreto de EE.UU. incautaron US$ 286 millones en fondos de ayuda para la pandemia de coronavirus obtenidos ilegalmente, según anunció la agencia este viernes.
Una investigación llevada a cabo por la oficina de campo del servicio en Orlando, Florida determinó que los conspiradores presentaron solicitudes de préstamos de ayuda para la pandemia a pequeñas empresas de forma fraudulenta “utilizando información personal y de empleo falsificada o robada”, según la agencia. El Servicio Secreto de Estados Unidos dijo que los delincuentes utilizaron un sistema de pago de terceros y más de 15.000 cuentas para ocultar y mover los fondos ilegales.
El Servicio Secreto de Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para perseguir a los delincuentes que obtuvieron ilegalmente fondos de ayuda para la pandemia, dos años después de que comenzara la pandemia de coronavirus.
“Desde 2020, el Servicio Secreto ha incautado más de US$ 1.400 millones en fondos obtenidos de forma fraudulenta y ha colaborado en la devolución de aproximadamente US$ 2.300 millones a los programas estatales de seguro de desempleo”, declaró este viernes la agencia, señalando que había iniciado casi 4.000 investigaciones.
David Smith, director adjunto de la Oficina de Investigaciones del Servicio Secreto de EE.UU., dijo que al ayudar a la devolución de casi US$ 2.300 millones en fondos robados en los últimos 30 meses, la agencia ha demostrado “un claro y firme compromiso con la vitalidad de las empresas estadounidenses en todo el país”.
“El Servicio Secreto se dedica a salvaguardar la integridad de los sistemas financieros de la nación contra el fraude y a hacer que los responsables rindan cuentas de su actividad delictiva”, dijo Smith en un comunicado.
A principios de este mes, el presidente Joe Biden promulgó dos proyectos de ley bipartidistas para hacer frente a los actos delictivos fraudulentos cometidos en el marco de los programas de ayuda a la pandemia. Ambas leyes amplían el plazo de que disponen los fiscales para procesar a las personas que hayan cometido fraude a través del Programa de Protección de Cheques o del programa de Préstamos para Desastres por Daños Económicos por Covid-19, ampliando a 10 años el plazo de prescripción de la acción penal y civil contra un prestatario.
En diciembre, el Servicio Secreto de EE.UU. designó a un alto funcionario, Roy Dotson, para que trabajara con las fuerzas del orden de todo el país en este asunto. En abril, los fiscales federales acusaron a 21 personas por intentar presuntamente defraudar US$ 149 millones a los programas de atención sanitaria del gobierno mediante diversas estafas relacionadas con la pandemia, como la venta de tarjetas falsas de vacunación contra el covid-19 y la presentación de solicitudes de pruebas médicas innecesarias.
En marzo de 2021, un año después de la aprobación de la ley de ayuda económica de US$ 2 billones, la Ley CARES, los investigadores federales identificaron más de US$ 500 millones en fraude y acusaron a 474 personas de delitos relacionados con el robo de dinero de los programas de ayuda por covid-19.