El sistema de partidos tiene sus días contados en comunidades de la Huasteca Centro
Blakely Morales
“No tenemos nada en contra de los partidos, pero no nos representan”, afirma Rafael Reyes, habitante de La Garza, en el municipio de Tancanhutiz; donde como en otra veintena de localidades de San Antonio y Tanlajás, tres de los municipios donde la población indígena supera al 50 por ciento del total; la palabra autogobierno, comienza a sonar cada vez con mayor fuerza.
“Queremos auto gobernarnos porque creemos que la autonomía fortalece la política pública”, afirma Rafael Reyes.
Rafael forma parte del Observatorio Indígena Mesoamericano, y de la asociación de comunidades indígenas tének y náhuatl de Tancanhuitz, que junto a las autoridades comunales de 25 localidades más, presentó ante el CEEPAC, una solicitud para que la autoridad electoral organizara, y diera por válida, una elección basada en sus propios métodos colectivos de decisión y gobernanza, mejor conocidos como de usos y costumbres.
El Ceepac recibió la solicitud ya arrancado el proceso electoral 2021; sin embargo, a petición de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el organismo local está obligado, a garantizar la libre determinación de las comunidades con miras a las próximas elecciones del 2024.
“Lo que se tiene que hacer es que se acompañen los procesos de consulta y de propuesta de reforma”, asegura la consejera integrante del CEEPAC, la abogada Graciela Díaz, que preside la recién creada Comisión Temporal de Inclusión, y para quien la autodeterminación de las comunidades es un paso inevitable para la representatividad indígena, aunque antes tendrá que pasar por un proceso de consulta, apenas culmine la actual contienda electoral, para una eventual reforma a la Ley Electoral del Estado.
“Ya no estamos hablando nada más de un sistema de partidos, sino de todo el sistema electoral, de la lógica desde la cual se construye y se piensa un proceso electoral, y lo colocas en un plano horizontal que va hacer tan válido un proceso electoral vía partido político, como un proceso electoral por sistema de usos y costumbres, estás hablando que ya no necesitas ningún filtro; estamos viviendo los últimos días del sistema de partidos”, afirma la consejera Graciela Díaz.
Hay buena expectativa, pero también señales de racismo y paternalismo hacia los pueblos y comunidades, de parte de las autoridades electorales.
Por ejemplo: aún cuando se calcula que la entidad está por arriba de la media nacional en su porcentaje de población auto adscrita indígena, la Sala Regional Monterrey, revocó los lineamientos emitidos por el CEEPAC el año pasado, con los buscó vincular a los partidos a la obligatoriedad de postular a personas indígenas -por lo menos- en los distritos 13, 14, y 15, donde su población supera el 60 por ciento; y, bajo criterios de proporcionalidad, en la totalidad de las fórmulas para integrar los cabildos, de los 17 ayuntamientos donde superan el 50 por ciento de la población.
El Tribunal Electoral, le dio la razón a los partidos que alegaron una falta de consulta; pero también defendió el derecho de las personas indígenas a elegir sus propios métodos de representatividad.
Con la ley vigente del 2014, los partidos sólo están obligados a presentar una fórmula indígena de propietario y suplente en alguna de las listas para integrar los cabildos de los 17 municipios de mayoría indígena, que son: Alaquines, Aquismón, Tancanhuitz, Coxcatlán, Huehuetlán, San Antonio, San Martin, San Vicente, Santa Catarina, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón, Tamuín, Tanlajás, Axtla, Xiltla y Matlapa.
En el reciente proceso electoral del 2018, de 334 personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas postuladas, solo 38 lograron integrarse a 10 de los 15 cabildos de ayuntamientos, ninguno de ellos en Tancanhuitz, a pesar de que es el municipio con mayor porcentaje de población indígena, por arriba del 90 por ciento.
