El Supremo de Estados Unidos concede a Trump amplia inmunidad por sus actos como presidente
La sentencia aprobada por la mayoría conservadora complica la acusación y supone un claro triunfo para el expresidente, que ya ha logrado además dilatar el proceso
La sentencia llega a poco más de cuatro meses de las elecciones en que Trump aspira a volver a la Casa Blanca y días después de un debate televisivo que ha sembrado dudas sobre el estado de forma del actual presidente, Joe Biden, su previsible rival en las urnas del 5 de noviembre.
El Supremo anula los fallos de los tribunales inferiores que negaron inmunidad a Trump en relación con los intentos de alterar el resultado electoral de 2020 y les pide que decidan de acuerdo con los criterios que sienta en su fallo. La campaña de Trump envió comunicaciones a los seguidores en las que concluía que lo que ha logrado en realidad es la “inmunidad total”.
La sentencia se ha aprobado con el voto a favor de los seis magistrados conservadores, incluidos los tres que nombró el propio Trump. Han votado en contra las tres juezas progresistas. En total, entre la introducción, el fallo y los votos particulares, la sentencia ocupa 119 páginas. “El presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace el presidente es oficial. El presidente no está por encima de la ley. Pero el Congreso no puede criminalizar la conducta del presidente en el desempeño de las responsabilidades del Poder Ejecutivo según la Constitución”, dice el fallo.
“El sistema de separación de poderes diseñado por los Padres Fundadores siempre ha exigido un Ejecutivo enérgico e independiente. Por lo tanto, el presidente no puede ser procesado por ejercer sus principales poderes constitucionales, y tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad judicial por todos sus actos oficiales”, continúa la sentencia, escrita por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. “Esa inmunidad se aplica por igual a todos los ocupantes del Despacho Oval, independientemente de su política o partido”, añade.
El caso se remite ahora a la jueza federal que lo instruye. Ella deberá decidir qué fueron actos oficiales y qué no, pero el Supremo ya se pronuncia expresamente sobre algunos. Para empezar, blinda las comunicaciones entre Trump y su fiscal general, que servían de prueba de los intentos de dar un pucherazo electoral. Eso debilita la acusación. También considera que sus comunicaciones con el vicepresidente Mike Pence, incluso aquellas en las que le presionaba para que no se certificase la victoria de Biden en las urnas, deben tomarse como actos oficiales y presumirse inmunes, salvo prueba en contrario.
Para el resto de actuaciones de Trump que respaldan la acusación, la juez tendrá que ir estudiándolas, dando audiencia a las partes y dilatando más el proceso. “El Tribunal de Distrito debe analizar cuidadosamente las restantes alegaciones de la acusación para determinar si también implican conductas por las que un presidente debe gozar de inmunidad procesal. Y las partes y el Tribunal de Distrito deben asegurarse de que haya suficientes alegaciones que respalden los cargos de la acusación sin dicha conducta”, añade la sentencia. Al tiempo, deja claro que siempre que el presidente actúe de una manera que “no exceda de forma manifiesta o palpable [su] autoridad”, está llevando a cabo una acción oficial, lo que dificulta su persecución.
El caso que ha llegado al Supremo es el de Washington, en que el fiscal acusó al expresidente de cuatro presuntos delitos por tratar de alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió frente a Joe Biden, y aferrarse al poder haciendo trampas e impidiendo la certificación de esa victoria.
El primer triunfo de Trump ha sido dilatar el proceso, retrasando el comienzo de un juicio previsto inicialmente para el pasado 4 de marzo. Ahora, es prácticamente imposible que pueda sentarse en el banquillo de los acusados antes de las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Si gana las elecciones, podrá además ordenar que se abandone la acusación en los delitos federales o incluso concederse un perdón a sí mismo.
Una “burla”, según las juezas progresistas
Las juezas progresistas ponen el grito en el cielo por la decisión de la mayoría conservadora. “La decisión de hoy de conceder inmunidad penal a los expresidentes remodela la institución de la Presidencia. Se burla del principio, fundamental para nuestra Constitución y sistema de Gobierno, de que nadie está por encima de la ley”, dicen en su voto particular.
“Ya se describa como presunta o absoluta, según la norma de la mayoría, el uso por parte de un presidente de cualquier poder oficial para cualquier fin, incluso el más corrupto, es inmune a la persecución. Esto es tan malo como suena, y carece de fundamento”, argumentan. Además, “la mayoría declara que las pruebas relativas a los actos por los que el presidente es inmune no pueden desempeñar ningún papel en ningún proceso penal contra él. Esta afirmación, que impedirá al Gobierno utilizar los actos oficiales de un presidente para probar el conocimiento o la intención en el enjuiciamiento de delitos privados, carece de sentido”, añaden. “En cada uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley”, concluyen. “Con miedo por la democracia, disiento”, firma la jueza Sonia Sotomayor, a la que se suman las otras dos progresistas.
En paralelo, otra sentencia del propio Tribunal Supremo ha rebajado el alcance del delito de obstrucción de un procedimiento oficial. Los cuatro delitos por los que el fiscal acusó a Trump en Washington son: conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles.
El segundo y el tercer delito se corresponden con la figura penal que el Supremo desautorizó y su decisión complica que prosperasen esas dos acusaciones contra Trump. La doctrina de la mayoría conservadora del Supremo ha reducido ese tipo penal a casos relacionados con la destrucción de pruebas, documentos, registros, objetos u otras cosas utilizadas en un procedimiento oficial. Considera que no resulta aplicable a quienes asaltaron el Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021.
Mientras se tramitaba este caso en el Supremo, Trump se ha convertido en el primer expresidente de Estados Unidos declarado culpable en un juicio penal. Está a la espera de la condena que se dictará el 11 de julio, después de que un jurado popular le encontrase culpable de 34 delitos de falsificación de cheques, facturas y registros contables. Pretendía con ello ocultar los pagos a la actriz de cine porno Stormy Daniels y así evitar que el escándalo de su relación con ella estallase en plena campaña de las presidenciales de 2016. En aquel caso era obvio que Trump no estaba ejerciendo una actividad propia de su cargo, con lo que la sentencia no debería afectar a dicha condena.
No está tan claro cuáles son las consecuencias para los otros procesos que tiene abiertos el expresidente: el de Florida por retención de secretos relacionados con la defensa y obstrucción a la justicia, por los documentos confidenciales que se llevó a su mansión de Mar-a-Lago, en el que Trump también reclamó inmunidad; y el de Georgia por sus intentos de revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 frente a Joe Biden, similar en algunos aspectos al de Washington.
Se trata de un caso histórico que puede dibujar los contornos del poder presidencial para el futuro. Ningún presidente ni expresidente ha sido imputado antes de Trump, así que el Supremo nunca se había pronunciado sobre la cuestión. “Este caso tiene enormes implicaciones para la presidencia, para el futuro de la presidencia, para el futuro del país”, dijo en la vista oral el juez Brett Kavanaugh.
El año judicial del Supremo ha estado marcado por los casos relacionados con el expresidente. Además de la sentencia de este lunes sobre la inmunidad y la del pasado viernes sobre el delito de obstrucción de un procedimiento oficial —en la que Trump no era parte de forma directa—, ha habido otros casos que le han tocado tangencialmente y una decisión sobre si podía ser excluido de las papeletas por haber incitado el asalto al Capitolio. Los magistrados concluyeron por unanimidad que sí podía presentarse a las primarias —y por extensión, a las presidenciales— porque para ser inhabilitado por insurrección haría falta una ley del Congreso.
Los fallos anteriores
Tanto la juez federal que instruye el caso como el Tribunal de Apelaciones ante el que recurrió inicialmente Trump, rechazaron de plano su inmunidad. La jueza Tanya Chutkan dictó una dura resolución en la que dijo que ser presidente “no confiere un salvoconducto de por vida para salir de la cárcel”. Los abogados de Trump recurrieron ante el Tribunal de Apelaciones de Washington, lo que paralizó la tramitación del caso, porque lo que estaba en juego era la esencia misma de si el expresidente podía ser o no acusado y juzgado.
El Tribunal de Apelaciones también rechazó la inmunidad con el voto unánime de las tres juezas. “A efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal. Pero cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberle protegido mientras ejercía como presidente ya no le protege contra esta acusación”, decía la sentencia, de 57 páginas, en su introducción. “Sería una paradoja sorprendente que el presidente, que tiene el deber constitucional último de velar por el fiel cumplimiento de las leyes, fuera el único cargo capaz de desafiarlas impunemente”, desarrollan las juezas en los fundamentos de la decisión. “No podemos aceptar que el cargo de la presidencia sitúe a sus antiguos ocupantes por encima de la ley para siempre”, añadía en otra de sus frases.
Las juezas volvieron la mirada al caso Watergate para rechazar la pretensión de Trump de inmunidad casi absoluta. “La evidencia histórica reciente sugiere que los expresidentes, incluido el presidente Trump, no se han creído totalmente inmunes a la responsabilidad penal por actos oficiales durante su presidencia. El presidente Gerald Ford concedió un indulto completo al expresidente Richard Nixon, que ambos expresidentes evidentemente creyeron que era necesario para evitar la acusación de Nixon tras su dimisión”, dijo su sentencia.
