Milenio
Más de 14 millones de datos que hay en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y toda su infraestructura están en riesgo con la iniciativa que busca desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), advierten autoridades a cargo de la herramienta.
La plataforma aloja en 435 servidores virtuales y 38 físicos más de 10 millones de solicitudes de información, con sus respuestas, que los ciudadanos han hecho a lo largo de las últimas dos décadas, a más de 7 mil instituciones públicas del país, así como 14 millones de datos que, por ley, cada una de esas instituciones debe difundir cada tres meses.
La información acumulada suma 15 terabytes, la cual, a través de la plataforma, está a disposición de cualquier ciudadano que desee consultarla.
Para Julieta del Río, comisionada del INAI responsable de la operación de la plataforma, en caso de que se apruebe la reforma y se trasladen las facultades a la Secretaría de la Función Pública y sea esa dependencia la que quede a cargo, se deberá garantizar el presupuesto para su mantenimiento y, sobre todo, los candados de ciberseguridad para los que se destinan anualmente 4.5 millones de pesos.
De acuerdo con Jaime Román, director de Tecnologías de la Información del INAI, de 2021 a la fecha, han sufrido más de 476.5 millones de intentos de ciberataques que han sido repelidos.
Román explicó que la infraestructura física que da forma a la plataforma, construida a lo largo de los últimos siete años, puede alcanzar un valor de hasta 27 millones de pesos, la cual permite una operación que garantiza un tiempo de respuesta de medio segundo, aun con 900 usuarios conectados al mismo tiempo.
“Entonces está bastante rápido, eso en un día común; hemos llegado a tener hasta 120 usuarios por minuto traficando simultáneamente en la plataforma y corre bastante bien”, dijo.
La comisionada Del Río consideró que la herramienta sí se encuentra en riesgo debido a que la reforma es “muy vaga”.
La propuesta presidencial plantea eliminar toda mención que exista del INAI en la Constitución, pero no especifica cuál será el destino de la plataforma, la cual tiene datos del Poder Ejecutivo y de todas las instituciones de todos los niveles de gobierno.
“El tema preocupante es que no habla en ningún lado de la Plataforma Nacional de Transparencia y nosotros esperamos que en cuanto empiece (a discutirse) una de los principales preguntas e inquietudes será, ¿quién va a resguardar la plataforma?”.
La comisionada afirmó que la PNT es “un bien nacional que no se puede tocar, hackear o destruir porque (quien lo haga) es sujeto a responsabilidades. No solo es quién la va a resguardar, porque se puede decir ‘Ah, la Función Pública’, sí, pero las leyes reglamentarias deberán seguir diciendo que se debe seguir cargando la información de oficio en la PNT, porque ¿de qué sirve administrarla, si ya no cargas la información como se hace actualmente, de manera trimestral? ¿De qué va a servir la plataforma?”.
Explicó que la plataforma tiene un contrato plurianual de 14 millones para su protección: “A la plataforma cada año se le invierte —si dividimos estos 14 millones—, 4.5 millones para la seguridad.
Nosotros tenemos seguridad perimetral y seguridad en la nube. Nos preocupa porque hemos visto que en esta administración les han vulnerado mucho las bases de datos porque la austeridad los ha llevado a no invertir”.
“La plataforma necesita seguir con la seguridad y los componentes que tiene para que no sea hackeada. Nunca ha sido hackeada. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo? No es solo llevarse los derechos. También cuestan los derechos”, afirmó Del Río.
Pero más allá del costo de su mantenimiento, dijo la comisionada, “lo más preciado es el valor que tiene para la sociedad, que es incalculable: es una herramienta para la investigación, que abre casos de corrupción, por ejemplo; Segalmex, se conoció gracias a estas herramientas”.
Román coincidió con la comisionada y afirma que hay mucha incertidumbre sobre el destino de la plataforma: “¿Qué pasará con la plataforma? ¿Cómo la entregaríamos? ¿Quién la recibiría y en dónde? ¿Se conservará este centro de datos, la infraestructura?”, expuso durante un recorrido con MILENIO por los servidores que almacenan la información de la PNT.
“Dudamos mucho que exista la infraestructura y los mecanismos para que siga operando como lo hace al día de hoy”, alertó. Detalló que la dirección a su cargo cuenta con una plantilla de 40 personas, de las cuales 20 se dedican al buen funcionamiento de la PNT, incluido personal de la Subdirección de Seguridad que tiene como tarea evitar los ciberataques y hacer pruebas de intrusión para prever ataques.
El comisionado Salvador Romero, presidente de la Comisión de Tecnologías del Sistema Nacional de Transparencia, advirtió que “no hay forma de que esta Plataforma pueda seguir funcionando tal y como la conocemos con la reforma propuesta”.
Expuso que dentro de la plataforma hay información de todas las autoridades del país y la reforma no contempla mantener una herramienta que funcione para esa cantidad de instituciones.
“Están todos los sujetos obligados del país, que son más de 7 mil, y si esta plataforma se trasladara nada más al Poder Ejecutivo, quedarían excluidos más del 90 por ciento de los sujetos obligados del país de la PNT”.
“Es como si tuviéramos un gigantesco barco para 7 mil pasajeros y nada más dejáramos pasar a unos cuantos, 500, 600, 700, que son los que representan al Ejecutivo”, expuso.
