Entre inconsistencias, avanzan amparos contra la DANP para la Sierra de San Miguelito
Blakely Morales
Luego de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la declaratoria de Área Natural Protegida de Flora y Fauna para la Sierra de San Miguelito, se han tramitado al menos 22 juicios de amparo ante juzgados federales en San Luis Potosí en contra de la decisión del Gobierno de la República a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de preservar más de 111 mil hectáreas de suelo perteneciente a los municipios Mexquitic de Carmona, Villa de Arriaga, Villa de Reyes y la capital.
De esos 22 amparos indirectos al menos en cinco ya ha habido pronunciamiento por parte de los juzgados de distrito, en el sentido de admitir para ellos la suspensión provisionales, de plano y definitivas, pues hasta el momento, el gobierno de la República no ha logrado acreditar que la declaratoria de Área Natural Protegida no contempla el despojo de los títulos de propiedad para los cientos de comuneros que se dicen afectados, en los 32 núcleos agrarios.
Desde el 31 de diciembre, el juzgado cuarto de distrito, concedió suspensión de plano para el amparo indirecto bajo el número de expediente 1364/2021, interpuesto por quienes se ostentan como presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito, y quienes reclaman la desincorporación de mil 805 hectáreas del polígono del Área Natural Protegida, aunque en realidad el juicio controvierte la declaratoria completa.
El día 11 de enero en la lista de acuerdos, fue publicada la síntesis informativa en la que se dio cuenta de un oficio enviado por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEMARNAT, en el que comunicó al juzgado cuarto, que no cuenta con la atribución para privar total o parcialmente las tierras que indica la parte quejosa, es decir, niega que se esté despojando de la propiedad a los comuneros.
Otro amparo indirecto que ya recibió desde diciembre suspensión de plano y de oficio, fue el 1336/2021, impulsado por presidente, secretario y tesorero del comisariado de bienes comunales pero de la comunidad San José de Buenavista.
Los núcleos agrarios representados en los procedimientos judiciales hasta ahora son San José de Buenavista, la comunidad de San Juan de Guadalupe y Anexos, Tierra Blanca y San Miguelito, pero ha habido confusiones e imprecisiones sobre la representatividad de quienes se ostentan como afectados por la decisión del Gobierno de la República, por lo que los juzgados han solicitado la intervención incluso de algunos registros agrarios y catastrales.
En el caso del juicio de amparo presentado el reciente día cinco de este mes, con número de expediente 8/2022, el día seis de enero, el juzgado octavo de distrito solicitó a los demandantes una aclaración muy básica, sobre el nombre de la comunidad ejidal a la que se aducía la representación, pues los tramitantes del juicio confundieron la comunidad San José de Guadalupe con la de San Juan de Guadalupe.
Por otra parte está el amparo indirecto admitido desde el 6 de enero en el Juzgado Octavo de Distrito, con número de expediente 7/2022, que señala como inconstitucional la Declaratoria de Área Natural publicada el 13 de diciembre del año pasado, el cual recibió una suspensión definitiva recientemente hace diez días, el 17 de enero.
En este caso, desde que el juzgado Octavo de Distrito recibió la demanda el 6 de enero, se concedió una suspensión provisional a favor de José Alejandro Rivera Ávila quien se ostenta como ejidatario de San Juan de Guadalupe; importante aclarar que ninguna de estas decisiones del juez, significa que la declaratoria de área natural se haya tirado abajo.
Una suspensión provisional es otorgada cuando a criterio del juzgado es evidente la violación constitucional, se resuelve con la sola presentación de la demanda de amparo, pues la afectación inminente de daños y perjuicios de difícil reparación permite esa apreciación.
Pero la suspensión definitiva que recibió esta demanda de amparo el 17 de enero, ordena ya al Gobierno de la república a través de la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales, a mantener el estado actual de las cosas, es decir, que hasta que no se resuelvan estos conflictos en los juzgados, aún no se puede implementar el plan de manejo y las reglamentaciones que darían funcionalidad al Área Natural.
Expertos han señalado que el pleito legal por la Sierra de San Miguelito podría durar años.
